¿Es ilegal el acto de inicio de campaña del 1-O? ¿Lo puede paralizar el Gobierno?

España vive tensos días por el 1-O en el que se entremezclan política y justicia. Un juego del gato y del ratón, en el que el Gobierno y los independentistas se miden las fuerzas, aplican sus estrategias y aparecen cuantiosas dudas legales, que ni muchos de los protagonistas saben resolver.

Este jueves está marcado por la celebración del inicio de campaña para el referéndum convocado por los independentistas. Está previsto que a las 20.00 horas en el Tarraco Arena el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, protagonicen un acto unitario del independentismo en favor de la celebración de la consulta.

Este acto llega después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido cautelarmente la ley del referéndum y el decreto de convocatoria del 1-O por la admisión a trámite de sendos recursos presentados por La Moncloa.

Los independentistas han dicho que siguen adelante y que mantienen este acto de arranque de campaña. Un pulso político y jurídico. La Delegación del Gobierno ha comunicado al Tarraco Arena que es "ilegal" acoger el acto y que puede ser constitutivo de delito. Este edificio es propiedad de la Diputación de Tarragona, pero su actividad es gestionada por la empresa privada Agencia de Publicitat Internacional Catalana.

Todo esto se une a la polémica generada en Madrid por la decisión del juzgado de lo Contencioso número 3 de suspender la cesión del espacio del Matadero -dependiente del ayuntamiento que dirige Manuela Carmena- para acoger un acto pro referéndum. El auto señalaba que dejar el local a la asociación Madrileños por el Derecho a Decidir implica "favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional".

LAS DUDAS LEGALES

¿Puede el Gobierno paralizar el acto de Tarragona de este jueves? ¿Es ilegal? ¿Se puede aplicar el criterio del juez madrileño? ¿Es aplicable a un espacio privado?

Según explica a El HuffPostEmilio Fernández, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, el Gobierno sí podría paralizarlo en virtud del artículo 5 de la ley orgánica del derecho de reunión que establece que "la autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones" cuando "se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes penales". Este apartado indica que estas "resoluciones se comunicarán previamente a los concurrentes en la forma legalmente prevista". Pero, especifica, que se puede haber comunicado también sin intención de luego paralizarlo y con el objetivo de trasladar que eso puede ser delito.

Este caso podría luego llevarse a los tribunales y, comenta Fernández, "repercutir a través de un procedimiento por desobediencia posterior".

En este punto, se debe recordar que no ha habido una denuncia contra el acto del Tarraco Arena, como pasó en el caso de Madrid, por lo que ningún juez se ha pronunciado respecto a este evento. En este partido, también hay que tener en cuenta la cuestión de la "oportunidad política", comenta Fernández, porque va a haber muchos actos a lo largo de estos días. De hecho, a las 22.00 horas hay otro en Badalona, organizado por Òmnium y la ANC. Por lo tanto, habrá que seguir de cerca cómo va quiere actuar el Ejecutivo respecto a los mismos.

Lo que para Fernández parece claro es que estos actos son "ilegales" porque van destinados a fomentar la participación y el referéndum, lo que "contraviene clarísimamente el auto del Constitucional". "¿Qué hacer con ellos? El que ahora mismo no se suspendan es una cuestión valorativa. Si se van a reunir x personas, a lo mejor la suspensión origina altercados, enfrentamientos del público... Otra cosa es que esos actos luego quedan ahí y a los promotores, funcionarios y autoridades les acabe envolviendo en algún tipo de causa judicial".

Una opción sería que el Gobierno no vaya suspendiendo acto por acto ante la posibilidad de altercados y luego los denunciara. "No es lógico que a las cinco de la tarde se suspendiera", comenta el presidente de la Unión Progresista de Fiscales.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, comenta que existe un choque jurídico entre el argumento de los independentistas de hacer uso del derecho fundamental de reunión y el del Gobierno, que puede entender que se trata de un acto en virtud de una ley ya suspendida por el Constitucional.

Sobre la comunicación de la Delegación al Tarraco Arena de que puede estar cometiendo un delito, González Vega precisa que se trata de una "calificación que hace la autoridad gubernativa, pero tendría que ser el juez quien determine si es constitutivo de delito y podría prevalecer el derecho de reunión".