La sociedad del riesgo y el guirigay en la nueva normalidad

No es casual que después de que la política recurriese a la ciencia y los expertos para legitimar sus medidas en el inicio de la pandemia, ahora en la actual fase de cierto descontrol de los brotes, sean entre otros los expertos los que le lean la cartilla a la política.

Hay quien dice que le está bien empleado, por no haber sabido deslindar la imprescindible asesoría en materia de epidemiología y salud pública de la también obligada responsabilidad de decidir, entre distintos valores y opciones, las medidas a tomar, es decir: la política. También por las torpes explicaciones sobre la utilización de los recursos de apoyo técnico en el ministerio y las comunidades autónomas (CCAA), perfectamente compatibles con los equipos de asesoría y de expertos en los distintos aspectos y momentos de la pandemia.

Sobre todo, cuando las medidas tanto personales como de salud pública, al contrario que en la etapa de desconfinamiento en que fueron eficaces, se muestran hoy impotentes ante el crecimiento de la pandemia. Entonces pudo haber diferencias discretas y solo de grado entre los expertos de fuera y los del entorno de los gobiernos; hoy sin embargo, con los brotes, se han tornado públicas y de fondo.

Así, recientemente se ha producido la presentación, por parte de un colectivo de profesionales preocupados con gran presencia mediática, de una propuesta de medidas más agresivas frente a los brotes y la segunda ola basados en los análisis de aguas residuales, la zonificación, los datos, las app de rastreo y un protocolo para el el inicio del curso escolar, entre otras. Una batería de medidas de refuerzo entre el higienismo y la tecnología.

Días antes otro grupo de expertos, cuyos análisis también son conocidos en los medios de comunicación, hacían una valoración crítica de la gestión española de la pandemia y pedían una auditoría neutral. Como si esto fuera posible en una materia como la gestión política en salud pública.

También cada día más medios de comunicación han hecho valoraciones críticas con la gestión de las distintas administraciones, a raíz de los últimos datos que muestran un descontrol parcial y asimétrico de la actual fase de la pandemia en España.

Si antes el punto de encuentro de todos ellos era que habíamos llegado tarde a la respuesta a la pandemia, pero con el atenuante de que se trataba de un virus hasta entonces desconocido, ahora, con el tiempo transcurrido, al parecer ya no sería perdonable no estar preparados, ni para la supuestamente fallida estrategia de detección ni en el seguimiento y aislamiento de contactos, como tampoco para la, al parecer, escasa previsión en la vuelta al colegio y en

general en la recuperación de la actividad en septiembre.

El problema se le atribuye por una parte a unos políticos cortoplacistas, que o bien no han sido capaces de una salida ordenada del confinamiento o de una planificación sanitaria, tanto de personal como de dotarse de los recursos necesarios, para garantizar los compromisos de desescalada y la nueva normalidad.

Tal parece como si no hubiera existido una presión política, y también pública y publicada, para acelerar el fin del confinamiento en aras de la recuperación económica, y en particular para salvar la temporada turística. Y como si en la desescalada no hubiera habido desde quien entre las CCAA salió, poco menos que a la desbandada, calificándola de proceso autoritario y arbitrario, hasta quien, por el contrario, lo hizo progresivamente y con prudencia.

Tampoco se quiere recordar que ya en el mes de julio la Conferencia Sectorial de Educación y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, habían elaborado y pactado con las comunidades autónomas los respectivos planes de respuesta temprana en la fase de control de la pandemia y las medidas y la estrategia de prevención para el inicio del curso escolar y universitario, junto con la dotación de un importante volumen presupuestario destinado a las CCAA para ponerlas en marcha.

Se ignora también que los brotes y los casos de transmisión comunitaria no son uniformes, sino que van por CCAA, por provincias e incluso por barrios, y que por tanto no admiten una calificación, y menos un suspenso general. Como también que el estado de alarma haya dejado paso al ejercicio de las competencias sanitarias y educativas plenas de gestión por parte de las

CCAA y a las correspondientes responsabilidades. Sin embargo, la coincidencia de todos, salvo raras excepciones, es la descalificación generalizada de la gestión de las CCAA y del Gobierno central, en una suerte de equidistancia. Y para otros se ha convertido en la oportunidad esperada para la impugnación del modelo de Estado autonómico, de la capacidad de liderazgo de la coordinación, y aún más del ideal del cogobierno en una situación extraordinaria, como es una pandemia.

Una crítica legitima sin duda, pero con unas conclusiones injustas y arriesgadas para la credibilidad y la legitimidad de las instituciones democráticas. Porque se trata sobre todo de los errores de una dinámica política polarizada y antagonista, más que de problemas propios intrínsecos al modelo de Estado autonómico.

Sin embargo, lejos de reflexionar sobre esta pérdida evidente del necesario consenso público ante la pandemia, en ámbitos tan estratégicos como la ciencia y la comunicación, las distintas administraciones vuelven de nuevo, si es que alguna vez lo dejaron, al conflicto de competencias y las acusaciones mutuas y se suman todos juntos al reproche a los ciudadanos, y en particular a los jóvenes, por las actitudes de minorías irresponsables. Y por si no fuera

suficiente, algunos tribunales de justicia han terciado en el pandemónium, invalidando alguna de las restricciones impuestas a los ciudadanos, por una más que probable extralimitación de competencias en materia de derechos fundamentales. Y con ello se reabre el debate sobre la presunta obsolescencia y la necesaria actualización de la actual legislación de pandemias.

Es algo que no nos podemos permitir. Ni la complacencia y la ausencia de crítica por una malentendida unidad ante la crisis, ni tampoco el todos contra todos ante la incertidumbre de la crisis sanitaria, profundizando con ello en una sensación de frustración que nos paralice. Es necesario y urgente recuperar un consenso de mínimos sobre la pandemia que ataje el peligro del guirigay.

Hay que insistir por tanto a los gobiernos autonómicos en los compromisos de salud pública y atención primaria para el rastreo y el aislamiento de contactos, así como en la responsabilidad personal con la higiene, el distanciamiento y la mascarilla, pero no solo en las reuniones familiares y en las llamadas ‘no fiestas’.

Pero por muy bien que se haga, el virus sigue entre nosotros y los rebrotes y una segunda ola son poco menos que inevitables y forman parte de la situación de incertidumbre que caracteriza la mal llamada nueva normalidad. Por eso es necesario ser conscientes de la posibilidad de cierres y confinamientos parciales o locales, así como destacar también los evidentes logros del compromiso y la solidaridad de la inmensa mayoría.

El alarmismo y el reparto de culpas ante el próximo inicio de curso debe dar paso a la puesta en común de las medidas y los protocolos para el inicio de curso en los posibles escenarios, garantizando al máximo la presencialidad y con ello la igualdad de oportunidades de la enseñanza pública, conscientes también de la posibilidad tanto de los avances como de los pasos atrás.

Tampoco podemos seguir eludiendo los determinantes sociales, de desigualdad, los de movilidad y los laborales. Ya sabemos que la pandemia no es neutral, va por barrios degradados, sectores económicos precarios, transporte público abarrotado... y residencias con mayores vulnerables.

Por eso hay que tomar medidas claras ya sobre salud laboral y ambiental espaciando horarios en las empresas, estableciendo la separación y las burbujas también en los puestos de trabajo, mejorando la ventilación, reduciendo el hacinamiento en los transportes públicos y habilitando

lugares de cuarentena en los barrios, así como medidas de compensación.

Para U.Beck, entonces eran la ciencia y la economía los que ponían en aprietos a la democracia y la política, con sus crisis sistémicas, accidentes y catástrofes como la recesión económica, los accidentes nucleares, el consumo desaforado y la carrera comercial y de armamentos.

En el caso de las pandemias actuales como la del covid-19, es la economía y la naturaleza y sus contradicciones expresadas en la cada vez más rápida trasmisión de zoonosis al ser humano, las que ponen en aprietos a la ciencia, la democracia y la política.

Beck propone un nuevo modelo de subpolítica más global y creativa que no se quede en las antiguas hostilidades locales. Una política con nuevos contenidos, nuevas formas y nuevas alianzas y estructuras dentro y fuera del sistema político.

En esta fase de convivencia con el riesgo, deberíamos, al menos, intentarlo.