En defensa del Gobierno ilegítimo

El 18 de marzo se produjo durante la mañana una cacerolada para reivindicar que se destinasen a la sanidad pública (tan saqueada durante los años de gobierno de un tal M. Rajoy) los fondos en paraísos fiscales de nuestra emérita Majestad, el rey don Juan Carlos I. Solamente ocho días antes, se hicieron públicos unos mensajes en los que Javier López Madrid vinculaba al rey padre con las negociaciones del AVE a La Meca, por las que recibiría la cantidad de 100 millones de dólares en 2008. Esa misma noche, a las 21:00 horas, durante el discurso del rey Felipe VI, segundo beneficiario de dichos millones, según The Telegraph, volvió a repetirse la cacerolada, convocada en redes sociales. Más de dos eternos meses después, las caceroladas siguen produciéndose puntualmente a las 21:00 horas, pero con un trasfondo totalmente distinto. Cada noche, una hora después de los aplausos en honor al personal sanitario (que también ha mostrado su oposición a unos aplausos de los que no se come), se escuchan caceroladas para pedir la dimisión de Pedro Sánchez y el fin del Gobierno comunista bolivariano y dictatorial que nos gobierna desde la democrática sesión de investidura del 7 de enero.

¿Qué ha ocurrido para que gran parte de la población se olvide de aquellos millones que se exigían hace unas semanas y se pida, en su lugar, la cabeza de todo aquel que tenga relación con el Gobierno actual? Probablemente, la respuesta rápida sea la existencia de una pandemia global causada por la covid-19, pero en otros países donde la enfermedad ha atacado con la misma, o mayor, fuerza, no se exige la caída del gobierno gestor. En Portugal, sin ir más lejos, donde gobierna una coalición de izquierdas, la oposición no se ha mostrado en ningún momento tan agresiva como la española. También nos convendría recordar que en el país vecino no se resolvió la dictadura con los Pactos de la Moncloa, sino que la liquidaron con una rebelión, ni con una Transición que permitió a los ministros franquistas seguir ocupando puestos del poder sin sufrir ningún tipo de represalia. 

En nuestro país, hasta la llegada de Podemos o Cs, el panorama político era puramente bipartidista, y durante décadas de fueron alternando PPSOE en el poder. Sin embargo, la derecha, antes encabezada únicamente por el PP y a la que se le han unido actualmente Cs y Vox, siempre ha demostrado que no soporta que no sea la derecha quien gobierne. Como ya se hiciera durante el gobierno de Zapatero con el atentado yihadista (que no etarra, como siguen defendiendo algunos), al que responsabilizaron de los muertos derivados de un ataque terrorista causado por una guerra en la que el PP introdujo al país, o como hiciera también el exdirector del ABC, Luis María Ansón, contra Felipe González, la derecha ha usado siempre cualquier crisis, nacional o global, para verter sus críticas sobre la “izquierda” del PSOE o, en este caso, del gobierno de coalición. Si Rajoy acusó a Zapatero de “traicionar a los muertos” en 2005, quince años después Vox manipula una imagen para que “los muertos de Sánchez” aparezcan en la Gran Vía madrileña. 

Según el Ministerio de Sanidad, en nuestro país se han confirmado unos 239.932 casos por coronavirus, de los que han fallecido 27.127 personas, sin tener en cuenta aquellas personas que hayan padecido la enfermedad o fallecido a su causa y no entren en los recuentos por el limitado alcance de los tests. Detrás de cada cifra se encuentran personas que no han podido despedirse de sus familiares o enfermos que han padecido la enfermedad en la soledad del hospital; por no contar a todo el personal sanitario, que ha tenido que enfrentarse a una completamente nueva situación, y a los posibles casos de enfermedades mentales que se puedan derivar de las situaciones vividas.

A comienzos de marzo, el establecimiento de un estado de alarma, del confinamiento y el hecho de que un gran número de personas pudiesen contraer la enfermedad, o fallecer su causa, era una posibilidad, a pesar de las noticias que llegaban de China y de Italia, que se consideraba remota. No obstante, el 14 de marzo, se decretó el estado de alarma, que se prorrogará, por sexta vez, hasta el 21 de junio. Cuadro días antes, se habían notificado 1.622 casos y 35 fallecidos en nuestro país. Entonces, se alzaron voces contra un confinamiento que haría tambalear a la economía española, pero también se escucharon otras que cuestionaban la tardanza en decretarlo. En Italia, a más de 1.400 kilómetros, se habían comunicado el contagio de 10.149 y el fallecimiento de 631 personas el mismo día. Hubiera sido una gestión totalmente eficaz que las medidas decretadas en nuestro país a mediados de marzo se hubiesen establecido antes; probablemente, se hubieran reducido en gran medida la cifra de contagios y muertes, pero no se suele analizar qué hubiera pasado si dichas medidas se hubiesen decretado cuando en nuestro país la cifra de fallecidos no llegaba a la centena.

El 24 de enero de 2010, Paco Rego criticó la gestión del gobierno de Zapatero (el gasto de 333 millones de euros en vacunas y antivirales, específicamente) frente a la gripe A, de cuya propagación alertó la OMS, pero que, afortunadamente, no llegó a tener las repercusiones de la pandemia actual. En la crónica, el autor citaba las declaraciones de Pedro Caba, exvicepresidente de la OMS, en las que afirmaba que la amenaza de la gripe A había sido creada para infundir todo el temor posible y vender luego la solución. En la gestión de una situación completamente nueva, ningún gobierno está a la altura. Es fácil y sencillo criticar que las medidas del confinamiento llegaron tarde (lo hicieron), pero es necesario pensar cómo hubiera reaccionado la población del país, conocida por su intachable sumisión y capacidad de control, si no se hubiesen creído necesarias.

De todos modos, si la tardía gestión del Gobierno no era suficiente, era necesario encontrar culpables para justificar la propagación de la enfermedad en el país. Y de nuevo, desde sus posiciones de poder, la derecha apuntó a las feministas y a la manifestación del 8-M. Las palabras de Irene Montero en el vídeo filtrado el 1 de junio no son excusables (aquí se podría debatir sobre la posible mayor utilidad de Podemos en la oposición), pero no indican que la manifestación se celebrase a pesar de la posibilidad de un masivo contagio, sino al conocimiento de la ministra de que la baja afluencia de este año se debía a la enfermedad. No obstante, para la oposición es inadmisible que una manifestación feminista pudiese celebrarse sin suponer un verdadero peligro social. Pese a ello, Salvador Illa situó el “contagio importante” en la Comunidad de Madrid en la última semana de febrero y expertos como Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, afirmó que “no se puede saber qué porcentaje de transmisión hubo, pero sí que fue extremadamente bajo comparado con todas las demás actividades que se venían realizando, especialmente el transporte público”. Tal vez haya que plantearse por qué ese encono a la manifestación, a la que asistieron 120.000 personas según la Delegación del Gobierno, en lugar de hacerlo a los Carnavales de Cádiz, celebrados una semana antes, o a otras aglomeraciones celebradas en la ciudad, como la asamblea de Vox celebrada en Vistalegre el mismo día, al que acudieron unas 9.000 personas y en la que pudo verse a Ortega Smith tosiendo dos días antes de dar positivo, un partido en el Wanda Metropolitano ante 60.000 espectadores o el promedio diario de 2,2 millones de personas en el metro de Madrid.

Aunque Fernando Simón (que no pertenece a ningún partido político y que fue nombrado por Rajoy durante la crisis del ébola en 2014) aclarase el posible efecto marginal de la manifestación y la propagación del virus, la titular del juzgado de instrucción número 51 de plaza de Castilla, Carmen Rodríguez-Medel, ha mandado declarar como imputado el 10 de junio a José Manuel Franco por permitir la celebración de concentraciones masivas durante los días clave. Para la investigación, encargó un informe a la Guardia Civil plagado de bulos, errores y mentiras para desacreditar la manifestación en cuestión y la gestión del delegado del Gobierno en Madrid. Es curioso que se investigue con tanto ahínco una manifestación pero se ignoren otras asambleas o partidos de fútbol.

La redacción del informe en cuestión ha sido el detonante para la destitución de De los Cobos por Interior el domingo 24 de mayo. A pesar de que De los Cobos se encuentre a la cabeza de la facción del Opus que controla la Secretaría de Estado de Seguridad desde que Fernández Díaz fuera ministro con Rajoy, su destitución no ha podido producirse en un peor momento, enmarcada además en una transparencia que hace peligrar el puesto de Marlaska. Su destitución podría haber encontrado un momento menos polémico y las declaraciones de Marlaska, que causó también un gran revuelo por la devolución en caliente de 116 personas en 2018,  podrían haber sido más precisas, pero no se debe olvidar, bajo ningún concepto, que el coronel De los Cobos falseó información para responsabilizar al Ejecutivo de la expansión de la covid-19 en nuestro país.

Como cualquier otro gobierno, el actual no siempre ha estado a la altura. Iglesias, vicepresidente, tendría que haber sabido que la Comisión de Reconstrucción del Congreso no es el lugar indicado para insinuar que a Vox le gustaría que hubiese un golpe de estado. La izquierda, con la que siempre se ha sido más crítica, debería saber a estas alturas del juego que si Álvarez de Toledo afirma que el padre de Iglesias fue un terrorista, sus palabras no tendrán la misma repercusión que si él insinúa los deseos de Vox de un golpe de estado.

Las actuaciones de la derecha y de la extrema derecha en las últimas semanas no indican, sin embargo, que las declaraciones de Iglesias estén muy alejadas de la realidad. El sábado 23 de mayo, miles de coches tomaron el centro de Madrid y de otras ciudades españolas para pedir la dimisión de Sánchez y con el mismo pretexto se manifestaron durante las últimas semanas personas en el barrio de Salamanca. En ambos casos, los manifestantes indicaban que el confinamiento, cuyo decreto habían criticado como tardío en marzo, era una prueba del Estado dictatorial al que el presidente nos ha condenado; en ambos casos, ninguna formación consideró que el confinamiento era una medida indispensable para evitar el contagio de las personas que alentaban a manifestarse.

La actuación del Gobierno no han sido siempre impecable, y creer lo contrario sería caer en el fanatismo extremos, pero aunque se cuestione un pacto con Bildu para derogar la reforma laboral para salvar el estado de alarma, ha sido este Gobierno el que ha permitido que 2,2 millones de personas se beneficien del ingreso mínimo vital. Aunque se haya calificado esta medida como un medio de pagar a vagos y maleantes, países como Francia, Alemania, Luxemburgo o Italia cuentan con medidas equiparables y, a pesar de la creencia colectiva, la economista Esther Duflo, ganadora del Nobel, afirma que si se ayuda económicamente a una familia, se les ayuda a conseguir una seguridad que les hace más productivos, en lugar de convertirlos en parásitos.

Ha sido el Gobierno actual el que también ha permitido que muchas personas trabajadoras se beneficien de un ERTE, por muy criticable que sea esta medida, en vez de verse abocadas a un despido, prohibido durante el estado de alarma, aunque en fechas no muy futuras las empresas contribuyan al aumento del paro en el país. En la Cámara Baja se votó para aprobar el decreto que los prohibía por causas relacionadas con la covid-19; sin embargo, únicamente dos partidos mayoritarios votaron en contra de esta medida. Adivinen cuáles. Efectivamente, los que se apropiaron de las caceroladas que exigían la donación de los 100 millones de dólares cobrados por Juan Carlos I y las convirtieron en una llamada a la libertad para librar a la población española de la dictadura sociocomunista bolivariana de Pedro Sánchez I.