El tribunal suspende el juicio de la 'caja B' del PP hasta el martes por el positivo en covid de uno de los acusados

El tribunal del juicio de la caja B del PP, causa conocida como los papeles de Bárcenas por la contabilidad paralela del partido, lo ha suspendido hasta el próximo martes para garantizar el derecho a la defensa del exgerente popular Cristóbal Páez, quien padece covid-19, y es uno de los cinco acusados junto al extesorero Luis Bárcenas.

“Hay que respetar su derecho a la defensa y a comparecer”, ha zanjado el tribunal, compuesto por los magistrados Fernando Andreu, Antonio Romeral y María Fernanda García, en la segunda jornada del juicio. Estaba previsto que ambos, Bárcenas y Páez, declararan este miércoles, pero el exgerente está guardando cuarentena.

Páez se enfrenta a un año y medio de cárcel por los mismos delitos que Bárcenas salvo el de apropiación. La Fiscalía Anticorrupción pide para el extesorero 5 años por apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública, una condena que, de concretarse, se sumaría a los 29 que ya está cumpliendo por la primera época de la trama Gürtel.

El ministerio público ya había apoyado previamente el aplazamiento para ver cómo evoluciona Páez. Además, ha asegurado que cree “prematuro” plantear un careo entre Bárcenas y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, como solicitó este lunes la defensa del extesorero popular.

El abogado del PP, Jesús Santos, cargó durante la primera jornada del juicio contra las acusaciones populares, porque las considera politizadas. Por eso, pidió al tribunal que evite “que una sala de justicia se convierta en un circo mediático o un campo de batalla política”, en referencia al espectáculo que supondría un mano a mano entre el extesorero y el expresidente Rajoy.

Los abogados de las acusaciones populares han devuelto a Santos el golpe este martes y han recordado al letrado del PP que es el propio partido el que denuncia una falta de legitimación tras ser expulsado del caso Gürtel. “Estamos defendiendo un interés general que no estaba amparado por la Fiscalía”, ha espetado Gonzalo Boye, del Observatorio Desc, una de las acusaciones populares en la causa.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y una de las acusaciones populares, las partes que han intervenido en la segunda sesión, han coincidido en considerar precipitado el careo entre Bárcenas y Rajoy, quien declarará como testigo.

Por el momento, han optado por no posicionarse ni a favor ni en contra y han pedido esperar a ver cómo se desarrollan las declaraciones de Bárcenas y del propio Rajoy para ver si se producen contradicciones en sus testimonios que pudieran justificar dicho careo.

El abogado de Luis Bárcenas, Gustavo Galán, ha rebajado las expectativas sobre el contenido de la próxima declaración de su defendido. El letrado ha hecho referencia a la nota que hizo pública este lunes la Fiscalía en la que aseguraba que el escrito de confesión de Bárcenas de la semana pasada aportaba “escasas novedades”. Es más, el ministerio público sostiene que no añade “ninguna sustancial”.

Galán ha admitido que no contenía revelaciones importantes y que “no lo pretendía”. “La información que consideramos relevante ya se aportó en su declaración de julio del año 2013”, ha asegurado. Además, ha recalcado que Bárcenas solo pretendía mostrar su disposición a “colaborar con la justicia”.

En este juicio se juzga el pago de una parte de las obras de la sede nacional del PP con dinero negro procedente de la caja b que manejó Bárcenas, y también si el partido cometió delito fiscal al no tributar por las donaciones presuntamente ilegales que recibió y si el entonces tesorero se quedó con parte del dinero que aportaban los empresarios al partido.

En el banquillo de los acusados también se sentarán los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, para quienes el ministerio público solicita tres años y 10 meses por falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

Otra de las acusadas es la empleada de esta empresa Laura Montero, para quien se interesa el sobreseimiento de la causa. En cuanto al PP, se le atribuye la responsabilidad civil subsidiaria de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.

El tribunal había previsto un calendario para las dos primeras semanas de juicio para practicar las cuestiones previas, los interrogatorios de los acusados y la declaración de los primeros testigos.

Parte de la expectación de este juicio llegará con las testificales, pues entre los comparecientes previstos está, además de Rajoy, el también expresidente José María Aznar, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal; así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato; los exministros Federico Trillo, Jaume Matas y José María Michavila y el expresidente del Senado Pío García Escudero, entre otros. Para estas declaraciones aún no se ha fijado fecha.

El juicio, un ‘grano’ en Génova, 13

El escándalo Bárcenas le ha estallado de nuevo a la actual dirección del PP, que lleva días intentando marcar distancias del extesorero y diciendo que se trata de un asunto del pasado, especialmente ante la cercanía de las elecciones catalanas de este domingo. El problema es que este martes un nuevo nubarrón se presentado en la sede del PP, pues existen sospechas de que los populares se han podido reunir, e incluso negociar, con el entorno del exteseorero.

Según han publicado El Mundo y El Confidencial, el abogado del PP, Jesús Santos, se vió una docena de veces, entre 2017 y 2019, con un íntimo amigo de Bárcenas que habría hecho de enlace con él. Detrás de esos encuentros estaría la mano del actual consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique López, mano derecha de Pablo Casado en todos los asuntos judiciales.

El enlace de Bárcenas, según el diario El Mundo, es un empresario que se puso en contacto con Enrique López y con Jesús Santos, el letrado del PP, para intentar ayudar al extesorero en el caso Gürtel, que ha terminado con él y su esposa Rosalía Iglesias en prisión.