El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Polonia por su sesgado sistema judicial
Un nuevo golpe jurídico a las reformas del Partido Ley y Justicia.
Polonia sigue recibiendo golpes jurídicos desde que la justicia europea le impusiera una multa de un millón de euros diaria por no suspender el ordenamiento jurídico actual.
El último golpe le ha llegado desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que le ha condenado por el trato infligido a dos jueces por un órgano del Tribunal Supremo que supervisa la actividad de los jueces, ya que considera que actuó sin imparcialidad ni independencia, en un nuevo golpe jurídico a la batería de reformas emprendida por el gobernante Partido Ley y Justicia (PiS).
Polonia está en el punto de mira de instituciones europeas por una reforma que introdujo una marcada variable política en las decisiones judiciales internas. En este caso, la sentencia examina la labor de la Cámara de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Supremo, compuesta por jueces designados por el presidente a propuesta del Consejo Nacional de la Judicatura, designado a su vez por el Parlamento.
El TEDH ha concluido por unanimidad que se violaron los derechos de dos jueces polacos, Monika Dolinska-Ficek y Artur Ozimek, que solicitaron sin éxito nuevos destinos en 2017 y 2018, respectivamente. Los órganos que regulan la actividad de los jueces rehusaron recomendarlos para los puestos que pedían y los recursos presentados fueron también en balde, el caso se archivó en 2019.
La corte europea ha sostenido que sus casos no fueron analizados por “un tribunal establecido por la ley”, sino por una cámara que carece de independencia, razón por la cual condena al Estado polaco a indemnizar a cada uno de los demandantes con 15.000 euros en concepto de daños.
Asimismo, el TEDH, vinculado al Consejo de Europa, insta a las autoridades polacas a adoptar medidas para evitar que casos similares se repiten en el futuro, lo que pasa por dar marcha atrás en unas reformas judiciales que también han llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya impuso en octubre una multa diaria de un millón de euros por el controvertido régimen disciplinario contra los jueces.
