El Supremo abre juicio a Alberto Rodríguez (Podemos) por atentado contra la autoridad
Se basa en los hechos que sucedieron en una manifestación de 2014 en La Laguna.
El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral ha abierto juicio contra el secretario de Organización de Podemos Alberto Rodríguez por delitos de atentado a agentes de la autoridad y lesiones leves, en los que habría incurrido presuntamente en una manifestación de 2014 en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).
Unos hechos por los que la Fiscalía pide para el diputado de Unidas Podemos seis meses de prisión y una pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además del pago de una multa de 180 euros, sumada a otros 250 euros de indemnización al agente.
Alberto Rodríguez, que ya anunció que no formaría parte de la nueva dirección de la formación morada, tiene ahora diez días para presentar su escrito de defensa, y el magistrado instructor del caso, Antonio del Moral, ha fijado para él una fianza de 350 euros para asegurar la responsabilidad civil solicitada por la Fiscalía.
Manifestación de 2014 contra Wert
Los hechos por los que se sentará en el banquillo ocurrieron el 25 de enero de 2014, en el marco de una protesta contra el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, bajo el lema “Rechazo a la LOMCE”, celebrada en el centro del municipio tinerfeño.
Según el escrito de la Fiscalía, alrededor de las 11:00 horas, unas 500 personas se reunieron tras el vallado próximo a la catedral, protegido por efectivos policiales, y gritaron: “perros, hijos de puta”, “quitaos de en medio, dejad a Wert en nuestras manos”.
En un momento dado, el grupo, que había aumentado en unas doscientas personas, arremetió lanzando vallas a los policías y diversos objetos, como piedras, botellas de agua y tomates.
En el curso de dicho enfrentamiento entre manifestantes y agentes, de acuerdo al relato de la Fiscalía, Alberto Rodríguez propinó una patada a un policía, que sufrió una contusión en la rodilla izquierda y requirió asistencia médica y cinco días para su recuperación, durante los cuales no estuvo impedido para desarrollar sus actividades habituales.
Rodríguez defendió ante el juez que “evidentemente no ocurrió nada de lo que dicen que ocurrió”, y consideró que estos hechos son un “episodio más de un intento de criminalizar la protesta social y de amedrentar a la gente que lucha en la calle por sus derechos”.
Pese a ello, el magistrado considera en su auto, contra el que no cabe recurso, que existen indicios contra Rodríguez y que los hechos, “en una valoración provisional”, podrían ser constitutivos de los citados delitos.
Un juzgado de La Laguna llegó a abrir juicio oral a Rodríguez por estos hechos hace unos años, si bien dicho auto quedó sin efecto cuando fue elegido diputado y pasó a ser aforado ante el Tribunal Supremo.
