El juez procesa a Ignacio González por amaños en las obras de un campo de golf

El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha propuesto llevar a juicio al expresidente madrileño Ignacio González, a su hermano Pablo Manuel y a otros tres imputados por las irregularidades detectadas en la adjudicación de las obras de un campo de golf en instalaciones del Canal de Isabel II.

El magistrado de la Audiencia Nacional acuerda en un auto procesar a estos cinco investigados (uno de ellos también cuñado de González) por un delito de cohecho y deja fuera del procedimiento a otros ocho a instancias de la Fiscalía.

El juez sostiene que “la actuación conjunta de estos cinco investigados permitió la subcontratación impuesta, innecesaria e irregular” de una empresa del hermano de González y de un cuñado del expresidente “en dos concursos públicos” del Canal “pese a carecer de toda capacidad para ejecutar los trabajos”.

De este modo, precisa, los cinco obtuvieron entre 2006 y 2012 un beneficio cercano al medio millón de euros, “financiado con los fondos públicos destinados a ambos concursos”.

Esta es la tercera pieza por la que el juez ha procesado a González en el llamado caso Lezo, por el que fue detenido en abril de 2017 y estuvo en prisión preventiva más de seis meses.

Las otras dos se refieren a la compra de la empresa brasileña Emissao por el Canal en 2013, por la que la Fiscalía le pide ocho años de cárcel; y a la presunta adjudicación irregular a OHL de la obra del tren de Navalcarnero (Madrid) en 2007, hechos de los que se exculpó al expresidente de la constructora Juan Miguel Villar Mir, aunque no así a su yerno y exconsejero de OHL, Javier López Madrid.

En esta otra pieza, la número 2, sobre la construcción de una cancha de prácticas de golf en el barrio madrileño de Chamberí, se han investigado las presuntas ilicitudes en la adjudicación de las obras en la cubierta del tercer depósito del Canal, que fue adjudicado en marzo de 2003 a Dragados (antes ACS).

Según el juez, un año después de la adjudicación, González y el que fuera director gerente del canal Ildefonso de Miguel, “con el fin de beneficiar a familiares” del expresidente madrileño facilitaron “la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación”.

De este modo, “convinieron” con Dragados la adjudicación de ese modificado con la condición de que subcontratara a la empresa Tecnoconcret (en adelante TCT), cuyos socios eran los investigados José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González y Juan José Caballero Escudier, “estos dos últimos, hermano y cuñado” del expresidente madrileño.

Ambos, “ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares” con González. La adjudicación a Dragados se produjo el 19 de julio de 2006, “merced a la intervención” de González y De Miguel, explica el auto.

Antes de la concesión del contrato, y “en cumplimiento de lo acordado e impuesto por los investigados”, el 15 de junio de 2006, Dragados subcontrató a TCT para determinados trabajos “a pesar de conocer” que carecía “de toda capacidad para ejecutarlos”. El importe total de los trabajos ascendió a 3 millones de euros.

Además, ante “la incapacidad de TCT para ejecutar los trabajos”, subcontrató a su vez a las sociedades ONLYGOLF y FIELDTURF ESPAÑA, “acordando con ellas percibir una comisión del 8 % por su intermediación”, consiguiendo así un beneficio de 381.000 euros.

De ese beneficio, asegura el juez, estos tres investigados se repartieron una cantidad cercana a los 267.000 euros mediante 49 entregas en efectivo. El 27 de julio de 2006, el Canal convocó otro concurso para la gestión de las instalaciones deportivas y entre las diez empresas licitadoras, acordó por unanimidad su adjudicación a la UTE formada por TCT, SOTO ONCE e IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS, “esta última, sociedad del grupo DRAGADOS”.

“De todos los asistentes a ese Consejo solo los investigados Jaime Ignacio González González e Ildefonso de Miguel Rodríguez conocían el vínculo familiar del primero de ellos con los socios de TCT”, expone el juez, al señalar que lo ocultaron “para evitar cualquier veto obligado por razón de tal vínculo”.

Tras la adjudicación, esa UTE constituyó la sociedad GREEN CANAL GOLF y en junio de 2007 subcontrató con TCT el mantenimiento del césped durante cinco años por un precio mensual de 9.875 euros. Ese mismo día, los responsables de TCT subcontrataron el trabajo con ONLYGOLF, reduciendo el canon mensual a 7.941 y consiguiendo así “un beneficio aproximado de 124.000 euros”.