El Gobierno urge al TC a que avise a la Generalitat de que puede "terminar en el Código Penal"

El Gobierno presentará ante el Tribunal Constitucional otros dos incidentes de ejecución de sentencia para anular los acuerdos del Parlament que reivindican la “legitimidad de la desobediencia civil e institucional” y que avise a la Generalitat que puede incurrir en un delito y “terminar en el Código Penal” si no actúa.

Así lo ha informado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que ha subrayado que las resoluciones que aprobó el Parlament el pasado 26 de septiembre y publicadas el 4 de octubre “en absoluto se corresponden con nuestra legalidad constitucional”.

Ese día, la cámara catalana dio luz verde una resolución en la que la que reclamaba la “legitimidad de la desobediencia civil e institucional” para defender “derechos civiles, políticos y sociales” y otra una respuesta institucional a la sentencia del “procés” que pase por el “ejercicio del derecho a la autodeterminación” y por reclamar una “amnistía” si hay condenas.

Unas decisiones sobre los que, ha recordado, el TC ya ha dictado sentencias “que dicen claramente” que son constitutivas de delito porque tienen que ver con “planteamientos que debaten sobre el derecho a la autodeterminación, que no existe obviamente en nuestro modelo constitucional e impulsan a la desobediencia institucional”.

La nueva petición del Gobierno, ha proseguido, “afecta de manera importante” al Ejecutivo catalán, puesto que reclama que “se aperciba y se recuerde” que “puede terminar obviamente en el propio Código Penal” por esos delitos en los que se pueden incurrir. Unas “situaciones que nadie quiere, que no queremos y que tenemos por todos los medios a anticiparnos a ellas”, ha recalcado.

Estos dos nuevos incidentes de ejecución se suman a los anunciados la semana pasada contra otras tantas resoluciones del Parlament, pero no hacen referencia a la resolución en la que ese mismo 26 de septiembre pidió la “retirada” de los efectivos de la Guardia Civil que se encuentran en Cataluña.

Calvo ha explicado que este acuerdo no es recurrible porque la salida de la Guardia Civil de Cataluña es una “posición tan inaceptable, inasumible” y no es más que “un deseo político aberrante”.

“La salida de la Guardia Civil no está a su alcance, puede estar en su deseo político, pero no está ni de lejos al alcance del Parlamento de Cataluña, de la Mesa ni del Govern de la Generalitat”, ha zanjado para añadir que ninguno de ellos puede “pedir ni hacer nada contra un cuerpo de las fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional”.