El Gobierno pretende subir los impuestos verdes en la Ley de Cambio Climático

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el Ejecutivo. España se comprometió en el Acuerdo de París a reducir las emisiones de gases invernadero un 40% para el año 2030, en relación con 1990. Sin embargo, existe un enfrentamiento interno en el Gobierno que dificulta su tramitación. La sensación es de parálisis. Incluso una treintena de grandes empresas españolas ha pedido su tramitación.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que dirige Isabel García Tejerina, realizó una consulta pública, que recibió centenares de propuestas entre junio y octubre del año pasado. "Se han recibido 350 aportaciones que abarcan todos los sectores y ámbitos de la sociedad, y estamos preparando un primer borrador de anteproyecto de ley sobre la base de todas las aportaciones", dijo la ministra en enero.

Posteriormente, se ha recopilado una serie de aportaciones de diversos departamentos gubernamentales en un documento llamado Análisis de posibles elementos para la ley de cambio climático y transición energética, de una extensión de 82 páginas, al que ha tenido acceso El HuffPost.

Este documento sirve como base para el borrador que se elabora en los despachos de Agricultura, frente a la estación de Atocha. La intención del departamento que dirige Tejerina es que este primer borrador se presente al grupo de trabajo interministerial en breve para que el anteproyecto de ley llegue al Consejo de Ministros antes del verano. El Gobierno se comprometió a impulsar la ley antes de que finalizara la legislatura, pero el tiempo se agota.

Sin embargo, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, no tiene prisa, ya que pretende esperar a que se apruebe antes la normativa europea. "Una vez que esté aprobada, se llevará a cabo la transposición a nuestro ordenamiento jurídico", aseguró en una respuesta al diputado socialista Ricardo García.

Su departamento creó un grupo de expertos para abordar los posibles escenarios de la transición energética, cuyas conclusiones se entregaron a principios de abril y que no han gustado a la oposición. Este grupo de sabios defendió medidas como el incremento a 50 años de la vida de las centrales nucleares, el final de la generación de energía mediante la quema de carbón en 2030 y la subida del 28% del precio del gasóleo.

Quien contamina, paga

Uno de los puntos que más controversia genera entre los diferentes departamentos gubernamentales es la reforma de los impuestos. El apartado denominado Fiscalidad ocupa siete páginas en el documento, siendo uno de los más extensos.

"El proyecto de ley plantea utilizar la fiscalidad, y en concreto la fiscalidad ambiental, como una herramienta que contribuya a la consecución de una economía baja en carbono", señala el documento. Es decir, introducir impuestos bajo el principio de "quién contamina, paga" para acelerar el abandono de las energías contaminantes.

El departamento que dirige Tejerina quiere incrementar los impuestos ambientales. "El peso de los impuestos de este tipo es ahora muy bajo". El documento señala que en España se recaudaron 20.308 millones de euros a través de impuestos ambientales en 2015, un 1,87% del PIB, por debajo de los países de nuestro entorno. "España tiene todavía mucho margen para la introducción de tributos o beneficios ambientales, ya que estamos a la cola en este aspecto de la UE", afirma el documento.

También defienden como necesaria que la ley defina con claridad qué es un impuesto verde. Esto servirá para evitar la proliferación de impuestos denominados así que no lo son en realidad. Además, piden llevar a cabo una armonización tributaria a nivel autonómico y local.

Tres posibles escenarios

Debido a la complejidad que supone llevar a cabo una reforma fiscal dentro de una ley de cambio climático, debido a las "reticencias que existen desde Hacienda", el documento plantea tres posibilidades:

El primer escenario contemplado se llama "gran nivel de detalle" que significa que la ley sea la encargada directa de modificar impuestos. Defiende medidas como la equiparación del impuesto de la gasolina y del gasóleo, la vinculación del impuesto de hidrocarburos a las emisiones de dióxido de carbono y la creación de un impuesto de vehículos de tracción mecánica.

Los propios autores del documento descartan este escenario. "Esta opción es inviable, ya que paralizaría la ley por completo", señalan.

Un segundo escenario, llamado "mandatos claros con calendarios", es considerado el óptimo. La ley de cambio climático establecería la creación de un grupo de trabajo que, en el plazo de un año, anuncie reformas fiscales. "Se trataría de un grupo de trabajo interministerial, pero no una comisión de expertos", recordando que ya hubo un grupo de sabios que presentó el Informe Lagaresen 2014, al que Hacienda no hizo mucho caso en materia ambiental. También apostaría por la armonización de impuestos a nivel autonómico.

"Esta opción es la más completa. Tiene la ventaja de que se da una señal clara sobre el paso adelante que se quiere dar en esta dirección", apunta el documento, aunque matiza "es necesario tantear la sensibilidad de Hacienda".

Finalmente, un tercer escenario que sería una mera declaración de intenciones, pero vacía de contenido. Sin calendario, ni detalles. "No se compromete a nada, es una opción poco aconsejable", señala el documento.

Opte el Gobierno por el escenario que opte, todo parece indicar que todavía queda tiempo para que llegue el anteproyecto al Consejo de Ministros.