El Gobierno presentará un nuevo paquete de medidas para controlar el precio de la luz
Teresa Ribera insiste en que los hogares españoles terminarán pagando este año por la luz lo mismo que en 2018.
El Gobierno se mueve para controlar el precio de la luz. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha adelantado que ya trabajan en un nuevo paquete de medidas para garantizar la mayor estabilidad en sus costes y mitigar el impacto de su subida en la economía.
Las medidas las presentará el Ejecutivo en los primeros meses de 2022, aunque Ribera ha insistido en que a pesar de que el precio se ha disparado, los hogares (tanto los adscritos a la tarifa regulada como a la libre) terminarán pagando este año por la luz lo mismo que en 2018, un compromiso anunciado por Pedro Sánchez hace meses. Este mismo martes se ha sabido que mañana la luz marcará su nuevo récord histórico con un precio medio de 291,73 euros/MWh. Aquí la ministra ha apuntado que es un mal común, porque en Francia llegará a los 346 euros.
Respecto al paquete de compras centralizadas de gas que la Comisión Europea presentará este miércoles, Ribera ha explicado que los estados miembros participarán de forma voluntaria y mancomunada en el ‘pool’ de compra a distintos proveedores, lo que aumentará el poder de negociación.
“Que se hagan propuestas de negociación conjunta es un factor importante en esta década. Creemos que es una medida importante e interesante. El objetivo es consolidar almacenamientos de gas en todo el continente, sobre todo para los consumidores que dependen del aprovisionamiento de gas desde Rusia”, ha señalado.
Los proyectos para hacer de España un referente en renovables
La ministra también se ha referido al decreto aprobado en julio de 2020 en materia energética y que establecía como objetivo que las energías renovables representaren un 42% del consumo de energía final en España para el año 2030. No obstante, Ribera ha cifrado en 150 GW los proyectos presentados hasta ahora, una cifra que cree que está “muy por encima de lo necesario y lo viable”. Por eso, señala que ahora hay que asegurarse de que todos estas iniciativas “tengan un proyecto real detrás”.
“El proceso para poder conceder permisos y declaraciones de impacto ambiental corresponde una parte a las comunidades autónomas y otras al Estado, y ha supuesto que los servicios de las administraciones estén desbordados. Esperamos encontrar una respuesta que dé garantías a desarrolladores de proyectos y también a las regiones que ven proyectos que ocupan su territorio pero son difícilmente viables”, ha concluido Ribera.
