Primer paso para limitar los aforamientos: se eliminarán para casos de corrupción y no afectará al rey
El Gobierno pide una propuesta al Consejo de Estado; afectará a diputados, senadores y miembros del Gobierno.
El Consejo de Ministros ha dado hoy el pistoletazo de salida para la reforma constitucional que podría reducir los aforamientos pidiendo al Consejo de Estado una propuesta previa sobre esta cuestión para acotarlo jurídicamente.
Así lo ha explicado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que ha manifestado que se ha iniciado el "procedimiento" para llevar a cabo esa limitación de los aforamientos. La propuesta del Gobierno se reduce a los diputados, senadores y miembros del Ejecutivo, y no afectará a la inviolabilidad del rey.
Se quiere limitar el aforamiento de los parlamentarios y componentes del Ejecutivo al "estricto ejercicio" de sus funciones como cargos públicso, excluyendo "obviamente los delitos de corrupción".
La Moncloa tiene previsto aprobar el proyecto de reforma constitucional cuando tenga ese informe del Consejo de Estado. Entonces, "si hay voluntad de acuerdo" entre los grupos políticos, se calcula que se podría aprobar en un plazo de sesenta días en las Cortes Generales.
El aforamiento es el privilegio que tienen ciertas personas, por su cargo o profesión, de ser juzgados por un tribunal superior y no por el que le correspondería como ciudadano.
La finalidad, ha señalado Celaá, es reducir el aforamiento al estricto ejercicio de sus funciones como cargo público. En concreto, se pide al Consejo de Estado la propuesta de reforma de los artículos de la Constitución 71.3 y 102.1.
En total, en España hay sobre 250.000 aforados, según los datos aportados el año pasado en el Congreso por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, cinco de la Familia Real y el resto -17.603- pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades autónomas (políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos...).
Pero la reforma del Gobierno solo prevé afectar a diputados, senadores y miembros del Gobierno -los únicos recogidos en la Constitución-.
No se toca la inviolabilidad del rey
Además, ha vuelto a recordar que esta reforma no afecta a la inviolabilidad del rey. Según Celaá, esta cuestión "no entra en absoluto" en este "paquete". Tampoco entrarían en esa reforma los aforamientos de la reina Letizia, los monarcas eméritos Juan Carlos y Sofía y la princesa de Asturias ya que están incluidos en una modificación de la ley del Poder Judicial y no en la Carta Magna.
"Es importante que el rey mantenga su inviolabilidad y, además, su modificación en la Constitución requiere un procedimiento agravado. Por lo tanto, no entra en absoluto en este paquete de ninguna de las maneras"", ha indicado la portavoz, que ha recordado que su propuesta se limita a un procedimiento ordinario, sin necesidad de disolver las Cortes, aunque sí podría convocarse un referéndum si lo solicitase un diez por ciento de los diputados de la Cámara Baja.
La ministra ha defendido que hoy el Gobierno no ponga la letra sobre la reforma porque quieren que el Consejo de Estado le dé el tono jurídico y su trabajo sirva de base "para acomodar de mejor manera el acuerdo".
La portavoz se ha mostrado confiada en que el resto de grupos apoyen esta reforma y salga adelante. El Ejecutivo, ha defendido Celaá, hace política "genuina" y no de "maquillaje".