El Gobierno de Colombia suspende el alto el fuego con el Ejército de Liberación Nacional

El Gobierno de Colombia ha decidido “suspender” el alto el fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), después de que la guerrilla advirtiese el martes de que no había ningún consenso para poner en pausa las actividades armadas de ambas partes.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha convocado este miércoles a primera hora una reunión de urgencia para examinar lo ocurrido y, al término de este encuentro, el ministro del Interior, Alfonso Prada, ha confirmado ante los medios que el decreto publicado apenas unas horas antes sobre el alto el fuego “no produce ningún efecto jurídico”.

Prada ha señalado que el ELN planteó “en varias ocasiones” la importancia de decretar un alto el fuego bilateral y que después de anunciar el suyo el pasado 19 de diciembre le pidieron al Gobierno que “actuara en concordancia” y estudiara la posibilidad de responder de la misma manera.

Bajo esas máximas, el Gobierno se sumó al alto el fuego bilateral en su momento. Sin embargo, ha lamentado que “ante la posición asumida públicamente” por el ELN, las autoridades colombianas han decidido dejar sin “efectos jurídicos” dicho decreto con el que se selló esta tregua.

Asimismo, Prada ha informado de que si bien dicha posibilidad de un alto el fuego bilateral será una de las cuestiones que se abordarán en la siguiente ronda de diálogos y ha invitado al ELN, que ha expresado su “voluntad” de paz en varias ocasiones, a que declare una “tregua verificable” como gesto de buena voluntad.

“Por lo pronto los invitamos a que declaren la tregua como un acto de reconocimiento a la solicitud que motivo esta declaratoria, la de las comunidades y organizaciones sociales que desesperadamente han clamado para que haya un cese bilateral al fuego. El Gobierno ha respondido y esperamos que la totalidad de las organizaciones respondan a ello”, ha expresado.

Prada ha negado los rumores de que la redacción de esos decretos no haya sido consultada ni elaborada de forma colectiva y ha recalcado que las Fuerzas Armadas siempre estuvieron al corriente de los planes del Gobierno.

“Reconocemos que estos procesos son de una altísimo grado de complejidad, debemos ir con mucha cautela, pero bajo ninguna circunstancia estamos exentos de que haya una reacción de la contraparte”, ha respondido cuando se le ha preguntado si el Gobierno cometió un error al no llevar esa medida a la mesa de negociación.

Se mantiene la ofensiva

La cancelación de este decreto, ha recalcado Prada, significa que las fuerzas de seguridad del Estado colombiano “conservan la plenitud de las facultadas en la ofensiva frente al ELN” hasta que Petro no levante dicha suspensión.

Acompañado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, Prada ha explicado que las Fuerzas Armadas “conservan la plenitud de las facultades” en la ofensiva contra los guerrilleros, lo que abre la puerta a nuevas medidas hasta que haya algún tipo de pacto.

El Gobierno quiere “dar el tiempo necesario” para acordar en la mesa de diálogo con el ELN los protocolos que deberían regir esa posible tregua. Una vez estas medidas estén “totalmente acordadas”, entrará en vigor el decreto de alto el fuego, ha explicado el ministro.

Conservaciones con el resto de organizaciones

Por otro lado, Prada ha destacado que los cuatro grupos armados con los que el Gobierno alcanzó un acuerdo de alto el fuego bilateral siguen “comprometidos” con ello y ha confirmado, que como estaba previsto, se llevarán a cabo reuniones “en los “próximos días” con los altos mandos de estas organizaciones.

Son los casos de las dos disidencias de las FARC ―Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia― y de los grupos paramilitares del Clan del golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, lo que ha llevado a Prada a destacar que en lo que respecta a estos dos “se iniciarán los espacios de “diálogo sociales y jurídicos previstos en la ley”.

Prada ha puesto en valor que esta decisión de un alto el fuego bilateral tiene el visto bueno de Naciones Unidas, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y gran parte de la comunidad internacional.

Por último, ha subrayado que la suspensión de las operaciones militares y policiales en lo que respecta a estos grupos se hará sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de las autoridades para preservar la integridad del territorio, el orden constitucional y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades.