El Gobierno aprueba el nuevo impuesto de plusvalía con dos vías de cálculo
El Real Decreto-Ley permitirá al contribuyente elegir si paga por la ganancia real o por la resultante de aplicar el sistema objetivo.
El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el Real Decreto-Ley que adapta el impuesto sobre la plusvalía municipal a la sentencia del Tribunal Constitucional y que permitirá a los contribuyentes elegir entre dos métodos de cálculo el que más les beneficie.
Con el nuevo impuesto quedará “vamos a conseguir que los Ayuntamientos no tengan que recortar sus servicios y que los ciudadanos no tengan que pagar impuestos cuando no les corresponde”, ha defendido la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
La reforma del impuesto de la plusvalía municipal permitirá al contribuyente elegir si paga por la ganancia real o por la resultante de aplicar el sistema objetivo, en tanto que estará exento de pago cuando la venta de un terreno o inmueble no reporte ganancia alguna.
El nuevo sistema de cálculo objetivo
Se sustituyen los porcentajes anuales aplicables sobre el valor catastral del terreno por unos coeficientes máximos, en función del número de años transcurridos desde la operación.
Los ayuntamientos tendrán competencia para rebajar esos coeficientes, en tanto que también podrán rebajar hasta un 15% los valores catastrales para garantizar que el tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio.
Por este método la base imponible del impuesto será el resultado de multiplicar el valor catastral en el momento del devengo por los coeficientes que aprueben los Ayuntamientos.
Los coeficientes máximos establecidos en la norma estatal van desde el 0,13 cuando haya transcurrido un año desde la compra hasta 0,45 cuando hayan pasado 20 años o más. Estos coeficientes se actualizarán anualmente en los presupuestos generales del Estado en función de la evolución del mercado inmobiliario.
Operaciones inferiores al período anual
Como novedad, serán gravadas las plusvalías generadas en menos de un año, es decir, las que se producen cuando entre la fecha de adquisición y de transmisión ha transcurrido menos de un año y que, por tanto, pueden tener un carácter más especulativo.
Esta opción ya se está aplicando en algunas ciudades. De hecho, los Ayuntamientos que tengan establecido el impuesto tendrán un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto-ley para adecuar sus normativas al nuevo marco legal.
Ejemplos prácticos
La respuesta de los ayuntamientos
El presidente de la Federación Española de municipios y provincias (FEMP), Abel Caballero, ha aplaudido el nuevo decreto ley que ha calificado de “justo en términos ciudadanos” y “que le agrada especialmente”.
El presidente y alcalde de Vigo ha recordado que en septiembre de 2015 ya pidió la reforma del impuesto por considerarlo “injusto e infinidad de veces, excesivo”.
Además, Caballero ha anunciado la petición de una reunión con la ministra de Hacienda para tratar la reforma de la financiación local y empezar a negociar un nuevo modelo. Según ha explicado, los ayuntamientos son en términos fiscales corresponsables porque buena parte de sus ingresos proceden de los impuestos, mientras que las comunidades “prácticamente no recaudan, eliminan impuestos y piden recursos al Estado”.
Los antecedentes de la aprobación
El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, un tributo local conocido como plusvalía municipal, grava la revalorización de los inmuebles con base en una metodología que el TC ha considerado inconstitucional.
En su sentencia del 26 de octubre, el TC anuló varios aspectos del tributo –que se paga cuando alguien vende, dona o hereda una vivienda–, en virtud de los cuales siempre había que pagarlo, con independencia de si se había producido un verdadero incremento de valor y la cuota pudiera resultar excesiva.
El anuncio de Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó esta semana que llevaría al Consejo de Ministros “un texto legal para corregir elementos que se hubieran declarado inconstitucionales”. El objetivo, según la ministra, es dar “tranquilidad y seguridad” a los contribuyentes y garantizar la financiación de las entidades locales, que son las que reciben los recursos de este impuesto.
Este sábado, además, la ministra aseguró: “El lunes arreglo lo de la plusvalía, hombre, claro, lo llevo al Consejo de Ministros, dicho y hecho”. Así se pronunció sobre el real decreto-ley en su intervención en el XIV Congreso Regional del PSOE-A, que se celebra en Torremolinos, Málaga, donde ha reivindicado “la fuerza” de los alcaldes y concejales.
