El Gobierno aprueba el derecho a paro a empleadas del hogar: "Corregimos una discriminación"

De todas las normas que ha sacado adelante en esta legislatura el Ministerio de Trabajo, la de este martes es “la más importante”, según la propia titular de este departamento, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Así lo ha asegurado en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Ministros en la que se ha dado luz verde a un decreto que equipara los derechos de las empleadas del hogar a los del resto de trabajadores. “Corregimos una discriminación histórica del legislador”, ha explicado la vicepresidenta.

Las trabajadoras comenzarán a cotizar por ese concepto desde octubre, y su importe estará bonificado para los empleadores en un 80%. No obstante, no podrán empezar a cobrar el paro –si son despedidas– hasta dentro de un año, pues para poder acceder a esta prestación deberán haber cotizado por ella durante un año, como el resto de asalariados.

La vicepresidenta Díaz, que en su época como “humilde abogada laboralista” defendió a muchas de estas trabajadoras, ha descrito la nueva norma como “feminista, que cuida, inclusiva, transversal y social”. “Lo hemos visto en pandemia y en nuestras vidas. Si hay un trabajo importante es el de los cuidados”, ha señalado.

Este nuevo decreto no sólo dará derecho a paro a las empleadas domésticas, sino que también tendrán “protección en plena igualdad en caso de despido o de extinción contractual” (desaparece la “anómala” figura de desistimiento, que permitía el despido sin causa), podrán acogerse al Fondo de Garantía Social (Fogasa) en caso de insolvencia por parte del empleador, tendrán una “prevención de riesgos laborales ordinaria” y se creará una Comisión de Estudio para mejorar la protección frente a las enfermedades profesionales de este sector, “con sesgo de género y especial mirada al acoso en el trabajo”, tal y como ha explicado Yolanda Díaz en rueda de prensa.

“Esta norma es para ellas, fueron injustamente privadas”

La vicepresidenta ha incidido en la importancia de este decreto como fundamental para enmendar una “exclusión”, para conceder unos “derechos de los que estas trabajadoras fueron injustamente privadas”. Se trata de un colectivo feminizado con 373.121 personas afiliadas a la Seguridad Social.

La ministra ha recordado que ya el pasado mes de junio, el Congreso de los Diputados ratificó el Convenio 189 de la OIT, con once años de retraso, y después de que el Tribunal de Justicia de la UE condenara a España por vulnerar los derechos de estas trabajadoras, en un 95% mujeres.

“Quedaron excluidas de la protección social y de los derechos ordinarios de las relaciones laborales sencillamente porque la gran mayoría son mujeres”, ha explicado la vicepresidenta. “Han sido las grandes olvidadas, las mujeres trabajadoras más vulnerables”, ha apuntado. Díaz ha citado a las asociaciones de trabajadoras: “La norma es para ellas. Gracias a las mujeres feministas que vienen defendiendo esto desde hace años”.

Qué pasa con los empleadores

Según los datos de la Seguridad Social que recoge la agencia EFE, para los empleadores, la nueva cotización por desempleo fijada en un tipo del 6% (el empleador asume el 5% y el trabajador el 1%) y del 0,2 % para el Fogasa supondrá un incremento de la cuota mensual a la Seguridad Social de 31,38 euros en el caso de cotizar por una base de 1.166,7 euros, o de 4,49 euros en una de 500 euros. En cualquier caso, la Seguridad Social actualizará de forma automática las cuotas que se cargan a los empleadores.

En todo caso, el Gobierno ha anunciado bonificaciones. Los importes de estas cotizaciones por desempleo y Fogasa estarán bonificados en un 80%, mientras que la de cotización por contingencias comunes tendrá una reducción mínima del 20% que se podrá ampliar según tipo de familia, niveles de renta y patrimonio.

“Compensaremos equilibrios”, ha dicho Yolanda Díaz, que trabaja junto con el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, para “formalizar un nuevo reglamento” en los próximos seis meses que tenga un “efecto compensatorio” en las familias empleadoras. 

El Real Decreto-ley también establece que los empleadores asumirán las obligaciones en materia de cotización para los trabajadores que presten sus servicios durante menos de 60 horas/mes, eliminándose la posibilidad de que sean los trabajadores los que soliciten directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de datos.

Aunque los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social registran 373.120 trabajadores en el sistema especial de empleados de hogar, esta cifra no refleja el total del sector, en el que sigue habiendo trabajadoras no dadas de alta. Según la última encuesta de población activa (EPA) que cita EFE, 545.700 personas estaban ocupadas en el sector doméstico, de modo que unas 173.000 seguirán sin protección.