El Gobierno abre la puerta a investigar los crímenes del franquismo por lesa humanidad
PSOE y UP pactan una enmienda a la Ley de Memoria Democrática que permitirá "superar" la Ley de Amnistía sin derogarla, que era lo que reclamaba ERC.
Los socios nacionalistas del Gobierno central propusieron el lunes varios retoques a la Ley de Memoria Democrática como condición para aprobar el texto. Entre ellas, estaba la de derogar la Ley de Amnistía de 1977, para evitar seguir “perpetuando la impunidad sobre los crímenes del franquismo y los crímenes de lesa humanidad”. El PSOE se cerró en banda a esta derogación pero este miércoles se ha sabido que ha pactado con Unidas Podemos una fórmula para “superar” ese articulado, que abre la puerta a investigar los crímenes del franquismo por lesa humanidad.
Según ha avanzado el diario El País, los dos socios de La Moncloa han registrado una enmienda esta mañana que dice:: “Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescindibles y no amnistiables”.
Así, la ley de Memoria Democrática podría contemplar que los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura no caduquen nunca y no puedan ser objeto de perdón alguno, al prevalecer el derecho internacional frente a la ley propia.
En una rueda de prensa en el Congreso, el diputado de UP Enrique Santiago ha celebrado el acuerdo alcanzado para que la ley de amnistía “no pueda ser utilizada como una excusa para no perseguir” este tipo de crímenes.
Intocable
Hasta ahora ha sido imposible intentar hacer pagar por los crímenes con los que se pasó página en la Ley de Amnistía, por culpa de esta ley de paso de página y olvido, tan denunciada por las asociaciones memorialistas. El juez Baltasar Garzón fue quien con más empeño intentó tumbar los efectos de una ley que dejó libres a los presos políticos del franquismo -que era el bien fin con el que fue concebida en la Transición- pero que después también sirvió para frenar los intentos de procesar a responsables franquistas por cuestiones sucedidas antes de 1977.
La única vía por la que se han podido abordar estas violaciones de derechos humanos ha sido la llamada querella argentina, por la que aún no se han conseguido condenas.
Víctimas, títulos y Valle de los Caídos
Además, los dos socios del Gobierno han decidido que se extenderán hasta 1982 las víctimas del franquismo (cuando se entiende que acaba la Transición) y se retirarán hasta 33 títulos nobiliarios de cargos del régimen como Calvo Sotelo o Primo de Rivera.
Además, las formaciones han acordado que el Valle de los Caídos vuelva a la denominación original de Cuelgamuros y que las víctimas de la dictadura tengan derecho al resarcimiento de los bienes incautados, así como de las sanciones económicas impuestas por el régimen de Francisco Franco.
También han pactado añadir en la ley que los descendientes de los brigadistas internacionales podrán solicitar la nacionalidad española y se creará una oficina de víctimas de la dictadura y un Centro de Memoria Democrática con participación de las víctimas y sus organizaciones.
A su vez, reclaman que los retratos u otras representaciones artísticas de personas vinculadas a la represión franquista no podrán mostrarse “ni en lugares representativos ni en áreas de acceso al público”, además de vehicular un procedimiento para la revocación de las distinciones honoríficas en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
En materia educativa, se garantiza el “derecho a la investigación histórica de los crímenes del franquismo” frente a posibles alegaciones sobre el derecho al honor de personas ya fallecidas que hubieran participado en los mismos y se añade una referencia a la necesidad de introducir estos contenidos en los libros de texto y materiales curriculares.
Respecto a la concreción del procedimiento para la declaración de nulidad de las sentencias represivas del franquismo o el desarrollo reglamentario de las medidas que se contemplan, el grupo parlamentario de Unidas Podemos trabajará para llegar a un “amplio acuerdo con todas las fuerzas progresistas que permitan una puesta en práctica ágil y eficaz”.
En total, añadirán una treintena de enmiendas a la norma que impulsó la expresidenta y ministra de Presidencia, Carmen Calvo, y que ha llevado al Congreso su sucesor, Félix Bolaños.
