El fiscal general: "Están engañando a miles de catalanes que están como abducidos"
Maza avisa de que los que participen en las mesas pueden estar delinquiendo
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha advertido de que quienes participen en las mesas del referéndum de independencia de Cataluña convocado para el próximo 1 de octubre pueden delinquir y ha aseverado que "están engañando a miles de catalanes que están como abducidos y a quienes tratan de convencer de que estos hechos tienen cobertura legal cuando son delitos y confío en que el referéndum no se celebre".
Así lo ha dicho Maza en declaraciones a la COPE al ser preguntado a qué se enfrenta quienes reciban una citación para ser vocal o presidente de mesa para este referéndum y decida acudir.
Maza ha comentado que "habría que estudiarlo pero se puede hablar de cooperación esencial para un acto ilegal y se estaría incurriendo en responsabilidad".
Sobre el mitin celebrado este jueves en Tarragona con la participación del presidente y el vicepresidente de Cataluña, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, ha señalado que "tiene diferentes consideraciones jurídicas" que la Fiscalía debe valorar ya que aunque se puede hablar de un derecho de manifestación si se ha pagado con dinero público podría constituir delito de malversación.
"ESTÁN ENGAÑANDO A MILES DE CATALANES"
El fiscal general ha comentado que "están engañando a miles de catalanes que están como abducidos y a quienes tratan de convencer de que estos hechos tienen cobertura legal cuando son delitos y confío en que el referéndum no se celebre".
Por otra parte ha recordado que la Fiscalía ha abierto unas diligencias para determinar si han cometido delito más de setecientos alcaldes que firmaron decretos en los que ofrecen locales para un referéndum ilegal por las que serán citados y si no comparecen conducidos por las Fuerzas de Seguridad "como ocurriría con cualquier otro ciudadano".
José Manuel Maza ha dicho que los alcaldes que colaboren con la consulta pueden incurrir en un delito de malversación de caudales públicos castigado con hasta ocho años de prisión y en otros de desobediencia (en este caso al Tribunal Constitucional) y de prevaricación castigados con penas de inhabilitación, lo que les impediría presentarse a las próximas elecciones.
