El 'factor indultos': cómo desactivar el victimismo internacional del independentismo

Hace apenas dos años, la Generalitat catalana afirmaba que era “perfectamente comparable” la calidad de la democracia y la justicia en España y en Turquía. “Situaciones paralelas”, remachaban, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo contra los políticos presos por el procés. Una acusación de “autoritarismo”, de “represión”, de “instituciones de funcionamiento anómalo” -las comillas proceden de declaraciones reiteradas de sus consellers- que caló en determinados ambientes internacionales y obligó a España a iniciar una actividad diplomática frenética para amortiguar el daño.

Ahora, los indultos vienen a mostrar una imagen de generosidad que da la puntilla a esa campaña de desprestigio o, al menos, la reduce a círculos más militantes. El objetivo, repite el Gobierno, es reconciliar y tratar de que el independentismo tenga cada vez menos fuerza, y si eso sirve para la calma interna, nacional, lo mismo ocurre de puertas para afuera. Sacar a la calle a los presos, reformar el Código Penal para definir mejor delitos como el de sedición, tener un gesto que están ya aplaudiendo organismos internacionales de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, consolida su imagen exterior, que nunca llegó a hundirse por el independentismo.

Cómo se nos ve fuera

La 9ª Oleada Barómetro Imagen de España, publicado este abril por el Real Instituto Elcano, constata que nuestro país sigue manteniendo el mismo lugar en el ranking de prestigio mundial que tenía entre los países europeos en 2018, un año antes de la sentencia y un año después del 1-O: está por debajo de Alemania y por encima de Italia, Francia y Reino Unido, con un 6,3 de nota. Y justo logra los mejores resultados en factores muy en juego en el debate catalán: la tolerancia, destacada como alta en España por el 84% de los encuestados, sus valores democráticos y solidarios, que destacan un 79% más, y la confianza en el país, que avala otro 83%. En todos estos años, desde la declaración unilateral de independencia de 2017, España siempre ha estado entre los 20 primeros países democráticos del mundo.

Contrasta con la acusación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, quien entiende que los indultos dan una “imagen lamentable al mundo” por perdonar a “delincuentes confesos”. Una postura repetida por su partido. A Ayuso la contradice hasta la Asamblea Nacional Catalana (ANC), cuya presidenta, Elisenda Paluzie, ha afirmado que la medida de gracia los debilita en la escena internacional, porque refuerza la imagen de una España dialogante.

Una escena en la que el independentismo ha llegado a tener momentos de gloria notables. No ya sólo en Bélgica, donde se instaló el expresidente Carles Puigdemont junto a algunos exconsejeros, y donde se encuentran sensibilidades nacionalistas con las que había viejas conexiones, sino en toda Europa. Desde actos de solidaridad en Bruselas a cartas de senadores franceses hablando de represión. Primero fue la declaración de independencia, luego los arrestos y al fin el juicio. Suma de acontecimientos que calaron en formaciones independentistas, grupos de izquierda y organizaciones de defensa de los derechos humanos que apuntaban la denuncia de los defensores del procés. En ese contexto se explican, por ejemplo, las conferencias impartidas por Puigdemont en universidades de Cambridge, Copenhague o Helsinki, o peticiones de amnistía a cargo de intelectuales, políticos y artistas como Gerry Adams, Yoko Ono, Dilma Rousseff.

España Global, la Marca España rebautizada, alentó entonces la puesta en marcha de una red de funcionarios y diplomáticos, más de 200, dispuestos a cortocircuitar este relato desde las embajadas y los consulados. Irene Lozano, la secretaria de Estado responsable de la materia, reconoció antes de dejar el cargo que se había llegado a una “fatiga informativa” respecto al mensaje independentista y que “no había conseguido” desprestigiar a España.

Las instituciones de la Unión Europea y sus Estados miembros han apoyado al Gobierno español en su pulso frente a los independentistas de Cataluña, entre otras cosas, en defensa de sus propios intereses, en un intento de evitar ecos en otros territorios. Lo han hecho por una triple vía: respaldo directo al Ejecutivo, no reconocimiento de la Declaración Unilateral de Independencia y respeto a las decisiones judiciales domésticas. Cataluña es un territorio económicamente importante para la UE al que no va a renunciar, tampoco.

Un estudio elaborado en 2019 también por el Real Instituto Elcano aseveraba que la crisis catalana “ha tenido efecto negativo sobre la imagen de España en el exterior pero en ningún caso se trata de daños estructurales y también se ha demostrado la confianza de las instituciones y los Estados miembros, reiterada en público y en privado, hacia el sistema constitucional”. “Los apoyos políticos, sociales e intelectuales al independentismo son ínfimos”, concluye.

Apoyos que se mantienen

Fuentes consultadas por El HuffPost en el partido Nueva Alianza Flamenca (N-VA), que ha mostrado su apoyo a Puigdemont en su estancia en Bélgica, sostienen que la red de apoyo “no tiene por qué cambiar” con los indultos, pues son “parciales, incompletos e insuficientes, apenas un paso”, y que el objetivo final es “alentar la libertad de decisión del pueblo catalán, la libertad de expresión de sus líderes políticos y el retorno a casa” de Puigdemont y los suyos. No obstante, tanto la relación de esta formación con el independentismo catalán como los grandes actos de apoyo en los que prestaban logística o fuentes se habían diluido en los últimos tiempos. “Todos hemos pasado una pandemia”, zanjan en las oficinas de la formación en Amberes.

En la misma línea se expresa un lobista escocés especializado en nacionalismos y radicado en Bruselas, que insiste en que hay “cierta red” de apoyo que seguirá manteniendo vivos los contactos, “porque el objetivo de los catalanes sigue siendo el mismo y es una causa legítima”. Asume que la retirada de la inmunidad a Puigdemont como parlamentario europeo “enfrió” las relaciones con algunos de los grupos cercanos, pero el hecho de que haya recuperado de nuevo esa condición le facilita las cosas para retomar sus reuniones, viajes y agenda, con el coronavirus ya controlado.

“No es un problema central en la Unión Europea”, reconoce, pero también avisa de que el trabajo de “concienciación” viene de lejos y, desde al menos 2011, cuando la Generalitat desarrolló una incesante labor de promoción internacional del procés, lo que incluyó desde contactos de alto nivel de sus principales dirigentes con mandatarios y diplomáticos de países extranjeros hasta la organización de actividades en todo tipo de foros, con objeto de recabar apoyos y reconocimiento para la idea de una cercana independencia de Cataluña. Algunas de aquellas actuaciones han sido objeto de investigación judicial pero lo que ahora interesa es el rédito logrado, el sustrato de alianzas o simpatías que se mantiene.

A la espera de Estrasburgo

La prensa internacional, tras los primeros análisis más políticos, está ya destacando igualmente el oxígeno que los indultos va a dar a Pedro Sánchez en el exterior, porque entienden que su apuesta es una “señal de apertura” (Le Soir) que difícilmente se habría dado en tiempos del PP, porque es un paso “arriesgado” pero que apela a valores como “la armonía y el entendimiento” (AFP), porque lleva a pensar en que “hay señales de reconciliación en Cataluña” (Bloomberg).

Los medios europeos, sobre todo, coinciden en recordar que no se trata de una amnistía, que no hay perdón completo, como reclaman los implicados y sus formaciones. Pero también que, con los presos en la calle, es más complicado hacer peticiones y presionar al Gobierno y estarán menos presentes en instituciones internacionales.

También se espera que se desacelere el proceso en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Amnistía siempre ha denunciado, por ejemplo, que las sentencias son fruto de “la vaguedad de la definición del delito de sedición en el Código Penal español” y de su “indeterminación, excesivamente amplia y peligrosa”. Ahora mismo hay presentados tres recursos contra la sentencia, de Jordi Cuixart, Jordi Turull y Josep Rull, pero una vez que los presos hayan recuperado la libertad, el Alto Tribunal ya no tendrá tanta urgencia para resolver los recursos de los condenados, porque su situación será más garantista.

La corte tarda ya de media entre cuatro y cinco años en resolver los casos y este, de una naturaleza nunca estudiada por sus jueces, requiere de especial cuidado. La condena a España por este juicio es factible, previsible según algunos especialistas, y puede llevar al pago de altas indemnizaciones a los políticos condenados a entre 9 y 13 años de prisión, pero si estalla será una bomba con efecto retardado.

España se ha llevado ya varios varapalos judiciales en los intentos de extradición de Puigdemont, por parte de la justicia belga y alemana.

Justo la alianza PSOE-Unidas Podemos tiene abierta la reforma del delito de sedición, que irá en la línea de otros países europeos: si en España se castiga con entre ocho y diez años de cárcel para los promotores y de 10 a 15 años si son además cargos públicos, en el viejo continente las penas son más reducidas y se requiere el uso de la violencia para ser condenado por este delito. Esta revisión también será un punto a favor de España, como gesto, como intento de mejorar las cosas.

No obstante, Oriol Junqueras, el presidente de ERC, ha insistido en varias entrevistas recientes en que justamente el indulto bien por un “afán” del Gobierno de “blindarse” de cara a un posible varapalo en este tribunal. Que es estrategia.

Por ahora, lo que queda es el proceso político, reabierto por el Ejecutivo central en cuanto se conoció que Pere Aragonès iba a ser el nuevo president. La política adelanta a la justicia.