El Congreso vive uno de sus días más difíciles: "El peor desde el 23-F"

La mayoría salían con una sonrisa en el rostro, quizás porque después de horas de extrema tensión la sangre no había llegado al río.

La amenaza de que el Tribunal Constitucional pudiera paralizar la votación de la reforma de la sedición, que incluía de facto la modificación ‘exprés’ del Código Penal, ha sobrevolado durante toda la jornada la Cámara Baja.

Desde primera hora, los diputados, especialmente los de izquierdas —pero no solo—, expresaban su consternación ante la posibilidad de que el Constitucional pudiera meterle mano al legislativo y detener un debate con su posterior votación.

Los magistrados tenían previsto reunirse desde las 10:00 de la mañana para decidir sobre el recurso del PP a dos enmiendas presentadas por el Gobierno para modificar la elección de los jueces, precisamente, del propio Constitucional. Lo hacía en un pleno urgente inédito, convocado con apenas unas horas de antelación cuando lo habitual es que este organismo ensanche los plazos durante meses. No en esta ocasión. El PP había presentado una medida cautelar y reclamaba la paralización inmediata de la tramitación de la reforma por entender que, en el proceso, se habían vulnerado sus derechos como diputados.

Por eso, PSOE y Unidas Podemos, miembros de la coalición, han tardado poco en actuar presentando sendos escritos para personarse en el procedimiento y pedir que se les escuchase. Los morados han ido más allá reclamando la recusación de dos magistrados, entre ellos el presidente del Constitucional, por su supuesta imparcialidad.

Se buscaba frenar lo que muchos parlamentarios barruntaban nada más acceder al edificio del Congreso: que se podía detener la votación en cualquier momento si el tribunal aceptaba el recurso del PP.

Mientras se esperaba a la decisión del Constitucional, los diputados iban expresando sus pareceres. “Sin precedentes”, “radicalmente antidemocrático”, “algo inusitado”, “nadie recuerda una situación semejante”, “un absoluto escándalo”.

La consternación era total y la sensación de que algo inaudito estaba a punto de suceder crecía por momentos. La hora de la votación se acercaba y la del posible veredicto del Constitucional, también.

La preocupación en el Gobierno era palpable. Varios ministros mostraban su temor a que llegase un dictamen que impidiese el debate y la votación, y ponían en duda los argumentos que pudiera tener el Constitucional. ”¿Cuál será la siguiente línea?”, se preguntaba un integrante del Ejecutivo que no dejaba de insistir en lo inédito de la situación.

“Es una injerencia, es extremadamente grave”, expresaba otra ministra, que aseguraba que el Gobierno estaba estudiando qué pasos dar en caso de llegar malas noticias. En público y en privado, todos reconocían que no eran capaces de medir las consecuencias de una decisión del Tribunal favorable al PP.

Pero poco antes de las tres de la tarde, se daba a conocer que el Constitucional dejaba la decisión para el lunes. El alivio era evidente, pero nadie terminaba de echar las campanas al vuelo, ya que ahora la amenaza persiste sobre la votación que llegará la próxima semana al Senado, donde se deberá ratificar la reforma del Código Penal.

Muchos diputados reconocían que se había evitado una “grave crisis institucional”. Así lo hacía Íñigo Errejón, de Más País. “Ha sido uno de los días más difíciles de esta democracia. No me habría jugado una paella a que el Constitucional no lo hiciera”, agregaba Baldoví, quien cree que “sin lugar a dudas” se trataba del momento más grave desde el 23-F.

Así lo ha expresado también desde la tribuna el diputado del PSOE Felipe Sicilia, durante el debate de la reforma. “Hace 41 años la derecha quiso parar un pleno como este con tricornios, hoy la derecha ha vuelto a querer pararlo con togas, pero no lo han conseguido”, ha dicho en referencia al intento de golpe de 1981.

Palabras que han exaltado al PP y a Gamarra, que ha contestado durísima y ha acusado a los socialistas de no tener memoria democrática, afirmando que era el centro-derecha quien gobernaba cuando Tejero entró al Congreso.

Antes, Vox, PP y Ciudadanos habían intentado, sin éxito, detener el debate pidiéndole a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que lo suspendiera.

La ultraderecha ha decidido entonces abandonar sus escaños y no asistir al debate. “Una bonita querella a Meritxell”, comentaban algunos parlamentarios del partido de extrema derecha entre risas. Después, su líder ha cargado contra la prensa de izquierdas y contra el Gobierno, y ha prometido movilizaciones sociales, amén de querellas, escritos y más recursos.

La tensión tras el debate se hacía patente en el receso antes de la votación, cuando en el pasillo del Congreso algunos diputados del PP se mostraban visiblemente molestos con los del PSOE.

“No vale todo”, se quejaba uno recordando las palabras de Sicilia. “Al hablar de golpistas con toga, el PSOE se sitúa frente al Estado”, afirmaba otra parlamentaria popular. “Es un salto cualitativo, se salta las estructuras institucionales del Estado”, lamentaba.

Terminada la votación, en la que no han participado ni PP ni Ciudadanos y en la que Batet ha tenido que aguantar nuevas quejas de los portavoces de la derecha, la tensión se ha relajado.

“Al final ha salido todo bien”, suspiraba aliviado un destacado parlamentario socialista tras uno de los días más complejos en la historia del parlamentarismo.