El año para olvidar del rey emérito: sin asignación, exiliado y en el radar de la Justicia

El 15 de marzo de 2020, un día después de que los españoles quedasen confinados tras la declaración del estado de alarma por la pandemia, Felipe VI hizo público un histórico comunicado en que el rompía con su padre el rey emérito, anunciando que le retiraba la asignación y renunciando a toda herencia que pudiera dejarle cuyo origen estuviera alejado de la legalidad. Para Juan Carlos I daba así comienzo un dramático y escandaloso año en el que incluso tuvo que abandonar España y exiliarse en Emiratos Árabes Unidos.

En realidad, los problemas para don Juan Carlos venían de mucho antes y comenzaron a salir a la luz sobre todo tras su abdicación de junio de 2014 y en especial después de que en junio de 2019 decidiera retirarse de la vida pública. Y lejos de estar relacionados con su labor como jefe del Estado desde 1975, tenían más que ver con su vida privada, en especial por su relación íntima con Corinna Larsen.

Don Felipe dio el paso de retirar la asignación a su padre acosado por las informaciones publicadas en la prensa en torno a éste. La gota que colmó el vaso fue la publicación por el Sunday Telegraph el 14 de marzo desvelando un generoso regalo millonario a don Juan Carlos por parte de Arabia Saudí, país con cuya familia real el rey emérito mantiene una estrecha relación.

Lucum y Zagatka

Sin embargo, en marzo de 2019 se habían recibido ya en Zarzuela dos cartas del bufete británico en el que trabaja el abogado de Corinna informando de que don Felipe y la princesa de Asturias figuraban como segundo y tercer beneficiarios de la Fundación Lucum, creada en 2008 por el entonces monarca para ocultar la donación de 100 millones de dólares que le habría hecho Arabia Saudí. Esos fondos permanecieron en una cuenta en Suiza hasta que en 2012 don Juan Carlos transfirió los 65 millones que quedaban a Corina Larssen.

Ante estos hechos, el rey y la princesa de Asturias procedieron a una declaración ante notario el 12 de abril de 2019 en la que renunciaban a cualquier herencia que pudiera legarles don Juan Carlos, si bien no fue hasta marzo de 2020 cuando se hizo pública esa decisión.

Por otra parte, el 2 de marzo de 2019 Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de don Juan Carlos, negaba en una entrevista en El País ser el “testaferro” del Rey emérito y aseguraba que los fondos de la Fundación Zagatka, creada en 2003 en Ginebra, eran suyos y que su objetivo era poder ayudar a las familias reales que lo necesitaran.

En el comunicado del 15 de marzo de 2020, Zarzuela aclaraba que don Felipe desconocía “por completo” que fuera beneficiario de la Fundación Zagatka e informaba de que ante notario él y la Princesa Leonor se habían desmarcado por completo de cualquier vínculo que pudiera haber con la Fundación Lucum, de los que en todo caso no tenía conocimiento ni había prestado consentimiento.

Además, se incluyó un mensaje de don Juan Carlos, aclarando que en ningún momento “facilitó información” sobre las dos fundaciones a su hijo y remitiendo al abogado Javier Sánchez-Junco en lo sucesivo para cualquier información relativa a su persona.

Investigación y exilio

A partir de ese momento, la situación se iría complicando cada vez más para don Juan Carlos. El 5 de junio, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, encargaba al fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos, las diligencias respecto al supuesto cobro de comisiones por el Rey emérito por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas.

Según explicó la Fiscalía General del Estado, la investigación asumida por Campos se derivaba de las diligencias abiertas en diciembre de 2018 por Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen se habrían repartido entre otros don Juan Carlos por la citada adjudicación en 2011.

Entretanto, entre bambalinas la Casa del Rey y Moncloa comenzaron a trabajar en una salida para el antiguo monarca. Descartada la posibilidad de que se trasladase a vivir fuera de Zarzuela, por la dificultad de encontrar un emplazamiento adecuado y que no dependiera de Patrimonio Nacional, finalmente la idea del exilio fue cobrando fuerza.

El anuncio de que don Juan Carlos abandonaba España llegó el 3 de agosto. Zarzuela publicó la carta que el rey emérito había dirigido a su hijo informándole de su decisión de salir del país “para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad”.

Sin embargo, no sería hasta dos semanas después cuando se conocería su destino: Emiratos Árabes Unidos. Aquí, al amparo del príncipe heredero de este rico país del Golfo, Mohamed bin Zayed, sigue residiendo desde entonces y es donde le han visitado sus hijas, las infantas Elena y Cristina, así como algún que otro amigo.

Suma y sigue

Su situación volvió a torcerse en el mes de noviembre, ya que en el lapso de solo tres días, la Fiscalía del Tribunal Supremo anunciaba dos nuevas investigaciones al rey emérito.

La primera de ellas relativa al uso por parte de don Juan Carlos y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares los años 2016, 2017 y 2018. Según la Fiscalía, dado que los gastos, al superar incrementos de renta no declarados por encima de los 120.000 euros, podrían constituir delito fiscal.

La segunda está relacionada con la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del Rey emérito en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Regularizaciones fiscales

En un intento por resolver su particular viacrucis, don Juan Carlos procedió el 9 de diciembre a una regularización fiscal por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados en su contra.

Y a una segunda regularización el 25 de febrero. En esta ocasión, casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de 8 millones de euros de pagos en especie y que tienen que ver “determinados gastos por viajes y servicios realizados” por el Rey emérito a costa de la Fundación Zagatka.

Según especificó su abogado, la regularización se ha hecho sin requerimiento previo lo que, a priori, entraría dentro de las denominadas excusas absolutorias y le permitiría quedar exento de incurrir en delitos fiscales por este asunto. Para poder subsanar esta cantidad, don Juan Carlos ha recurrido a préstamos de amigos.

Los pagos se habrían realizado hasta 2018, con posterioridad a la abdicación, y el Rey emérito aparecería como beneficiario de Zagatka hasta el pasado mes de junio, cuando la fundación modificó sus estatutos y suprimió a Don Juan Carlos y a sus tres hijos como beneficiarios. En este sentido, Álvaro de Orleans-Borbón ha vuelto a reivindicar que la fundación es suya y que no ejerce de “testaferro”.

La segunda regularización fiscal, que según se ha apuntado sería la definitiva, ha generado un terremoto de reacciones y críticas por la conducta del antiguo monarca y también de especulaciones sobre la posibilidad de que el rey emérito se disponga a regresar a España.

Así, algunos medios han asegurado que su vuelta sería inminente, aunque con carácter temporal, mientras que otros apuntan a que Don Juan Carlos no prevé regresar hasta que no esté más despejado su panorama judicial.

Desde el Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, no ha ocultado su malestar por las “conductas incívicas” del rey emérito pero ha insistido, como se ha venido haciendo todos estos meses desde Moncloa, en que la decisión de regresar es “personal”, como también lo fue la salida. Mientras, en Zarzuela, guardan silencio.