El ahorro y la banalidad del mal

Hitler no hubiera podido llevar a cabo la 'solución final' si no hubiese contado con colaboradores. Sin embargo, los ejecutores necesarios, que intervinieron en estos crímenes, alegaron, en juicios y declaraciones posteriores de tan infausto periodo, que solo eran funcionarios que cumplían órdenes; luego deducían que carecían de responsabilidad personal.

Cumplir las órdenes o sugerencias del superior para agradar y ascender. Sin compromiso ético, ni profesional. Sin valorar consecuencias porque, simplemente, no importan. En esto consiste la teoría de la banalidad del mal, que explicó Hannah Arendt al profundizar en el engranaje nazi para concluir y universalizar que cualquier situación burocratizada permite que personas, aparentemente normales y que incluso parecerían buena gente, en aras a progresar en su trabajo o funciones firman o hacen lo que les digan, sea lo que sea y sin hacerse preguntas. ¿Que hay consecuencias terribles que se deberían haber valorado? Qué quiere que le diga, yo hice lo que me mandaron. Y fin de la responsabilidad personal. Siguen su existencia sin traumas, felices. A pesar de que su tolerancia o inacción haya producido una catástrofe ferroviaria que ha costado la vida de ochenta personas, más de 120 heridas y cientos de víctimas: familiares y amistades a quienes les han cercenado la vida, les han arrebato la esperanza de volver a confiar, de afrontar la vida sin más. Es inmoral. Es intolerable.

Hace cinco años que por la gracia de gente como esta, el descarrilamiento del Alvia en Angrois me arrebató a mi hija. No pasa un día en el que no me acuerde de ella con nostalgia y cariño, ni que me llene de rabia y desesperación ante el engreimiento de individuos como los que están desfilando por este proceso bien en calidad de testigos o imputados, hasta ahora solo en masculino singular.

Un proceso que tiene mucho que ver con ese "firma lo que sea para medrar". Ya el primer juez instructor, Aláez, sospechó cuando decidió seguir las pistas del supuesto ahorro, palabra con la que tanto se encontró en sus primeros pasos. Puede que recordara el consejo de GargantaProfunda del Watergate: sigue la pista del dinero.

Había que ahorrar tiempo (dinero) en las negociaciones de expropiaciones dificultosas para entrar la alta velocidad en Santiago para aprovechar los fondos europeos en esta partida. Había que ahorrar dinero en el trazado y suprimir frenos automáticos que causaban retrasos en los trenes, y eso suponía devolver dinero a afectados; en tiempos de crisis, había que ahorrar en personal y suprimir al auxiliar de cabina aunque se le daba un plus al maquinista. Pero los billetes se vendían a precio de AVE. Y, uno a uno, directivos, ingenieros, funcionarios y sindicatos fueron firmando las medidas correspondientes. Cierto es que algunos conductores y el propio sindicato de maquinistas, cuando la vía se puso en marcha, empezaron a alertar del peligro. Pero ni el ministerio, ni Adif, ni Renfe hicieron caso a estos mails que constan en el sumario.

Pero nada más producirse la catástrofe, las grandes compañías involucradas y responsables directas por sus malas prácticas, como Adif, Renfe y CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios) se olvidan del ahorro y de la crisis. Sus representantes, investigados e imputados empiezan a desfilar por el juzgado de Santiago representados por ilustres abogados de prestigiosos, es decir, caros bufetes de abogados cuyo objetivo, parece, por lo que se está viendo, es alargar y alargar el proceso seguramente esperando que prescriba.

Frente a esto un juzgado que cuenta con medios escasos y el esfuerzo de la Plataforma de Víctimas buscando alianzas, principalmente en Europa, para que se escuche la verdad y conseguir informes veraces que han llevado a condenas expresas de la Agencia Europea del Ferrocarril sobre las normas de seguridad ferroviaria en España.

A pesar de estas pruebas, es llamativo ver con qué arrogancia se presentan en el juzgado estos burócratas; se creen impunes e intocables y esperan que este contratiempo se resuelva, como mucho, con dinero pues, por sus contratos, ellos no pagarán las indemnizaciones, que se producirán sin duda, sino que lo harán las corporaciones, que por supuesto tienen su parte. Y en caso de que hubiera algún condenado insolvente -como el maquinista, por ejemplo- el Estado será el responsable civil subsidiario, lo que significa que matar a ochenta personas les ha salido gratis. Altos cargos que seguramente en su momento recibieron algún bonus económico cuantioso, ahora deberían verlo convertido en un malus proporcionalmente cuantioso al daño producido y con cargo a su patrimonio personal. Sin olvidar, por supuesto, unos cuantos años de privación de libertad por 80 homicidios involuntarios pero anunciados, para que reflexionen; porque la justicia también debe hacer pedagogía y mostrar el camino por el que quiere ir la sociedad.

Por cierto, no deja de ser curioso, que a los ingenieros del ministerio de Fomento que proyectaron, aprobaron, visaron, consintieron, pasaron por alto... la construcción y explotación de la línea y que han sido llamados a declarar vayan representados por un abogado del Estado (!) cuando este debería estar personado en defensa de las víctimas. Inmoral. Repugnante.

Vergüenza que la sociedad española actual ya no está dispuesta a tolerar porque no solo ha aprendido que el mal nunca es banal, sino que sabe que es un ácido muy corrosivo.

Hoy, gente muy querida de la Plataforma de Víctimas Alvia 04155 estarán en Santiago conmemorando y recordando a nuestros seres arrebatados y manifestándose exigiendo justicia ya; y es que una justicia tardía y lenta, no es tal, aunque formalmente lo sea, porque las heridas siguen abiertas y porque estos verdugos necesarios todavía hoy siguen saliéndose con la suya y despreciando a las víctimas que han producido.

Y dormirán a pierna suelta, mientras otra mucha gente apenas lo hacemos a trompicones, con o sin lorazepam.