Duras críticas de los partidos de la oposición a la decisión de la Abogacía del Estado sobre los líderes del 'procés'

La Fiscalía presenta este viernes su escrito de calificación en las causas que siguen el Supremo y la Audiencia Nacional por el 'procés', al igual que la Abogacía del Estado que no les acusará de un delito de rebelión, sino de sedición y malversación, al no apreciar violencia suficiente.

A la espera de conocer sendos escritos de acusación, las primeras reacciones al anuncio de la Abogacía del Estado no se han hecho esperar. Casi de inmediato respondió el líder popular, Pablo Casado, que consideró "indecente" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "humille" a España forzando a la Abogacía del Estado a no acusar de rebelión a los dirigentes del 'procés'.

Casado ha lanzado esta acusación en su cuenta de Twitter:

En la misma línea se ha manifestado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha calificado de "inmoral"' la actitud del presidente del Gobierno, al que acusa de estar "utilizando el poder ejecutivo" para indultar a los líderes del proceso catalán si les condenan los tribunales.

Rivera lo afirma así en su cuenta de Twitter:

También en el partido naranja, la presidenta de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas, ha lanzado el siguiente mensaje a través de Twitter:

La decisión de la Abogacía, que representa los intereses del Estado y que orgánicamente depende del Ministerio de Justicia, supone que en el juicio, que previsiblemente comience en enero, defenderá que no se produjo un alzamiento violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

Nada hace prever por el contrario que la Fiscalía del Supremo modifique su criterio, por lo que mantendrá la rebelión, si bien las penas variarán en función de la responsabilidad que atribuya a cada uno de los nueve procesados por rebelión, que son todos los que permanecen en prisión provisional.

Las penas para los acusados

El exvicepresidente Oriol Junqueras soportaría la mayor pena por ser uno de los principales cargos del Govern -junto al huido Carles Puigdemont- por lo que la Fiscalía podría pedir hasta 25 años sin llegar al máximo de 30 años por rebelión agravada.

Para los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, la Fiscalía baraja pedir penas que no superarían los 20 años, mientras que para los 'Jordis' y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell-, la petición bajaría a entre 10 y 15 años, aunque en caso de que se les considerase jefes podrían llegar a los 25 años.

A los otros tres exconsellers -Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila- prevé acusarles solo de malversación con una pena que oscilaría entre los seis y los ocho años de cárcel.

Los seis miembros de la Mesa que tramitaron las denominadas 'leyes de desconexión' (aunque hay dudas respecto a Josep Joan Nuet, de Sí que es Pot) y la expresidenta de la CUP en la cámara catalana, Mireia Boya serán acusados de desobediencia, pero este delito no conlleva prisión, solo inhabilitación para ejercer cargo público.

También se conocerá este viernes el escrito de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, el ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig, el exdirector de los Mossos Pere Soler y la intendente Teresa Laplana.

La jueza Carmen Lamela les procesó por delitos de pertenencia a organización criminal y de sedición por haber consentido la celebración del 1-O y no haber frenado el asedio a la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017.

Sin embargo, según fuentes jurídicas, no se descarta que en su escrito de acusación de mañana la Fiscalía acabe calificando los hechos de rebelión.