Dos relatores de la ONU instan al Gobierno a que sus medidas contra el 1-O "no interfieran con los derechos fundamentales"
"Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales", sostienen.
Dos expertos independientes de la ONU han pedido este jueves han instado al Gobierno de España a garantizar que las medidas adoptadas de cara al referéndum "no interfieran con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública".
David Kaye y Alfred de Zaya son dos relatores independientes de la ONU. El primero sobre "la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión" y el segundo en la promoción de "un orden internacional democrático y equitativo". Los relatores especiales trabajan de manera voluntaria, no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor, por lo que son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
En su comunicado, instan "a todas las partes a ejercer la mayor moderación y a evitar actos violentos de cualquier tipo en el contexto de las protestas pacíficas que se den en los próximos días".
Los relatores, que han estado en contacto con el Gobierno español con respecto a la situación en Cataluña, creen que la orden de desplegar efectivos policiales en Cataluña para evitar el 1-O puede aumentar las tensiones y el malestar social".
"Independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas", sostienen.
LA TENSIÓN NO HA DEJADO DE CRECER
Kaye y De Zayas sostienen que, desde el auto del Tribunal Constitucional que suspendió el referéndum el pasado 7 de septiembre, "cientos de miles de catalanes han salido a la calle para protestar".
"Las tensiones han aumentado, con las autoridades registrando imprentas y confiscando materiales electorales. Varios sitios web relativos al referéndum han sido bloqueados y las reuniones políticas al respecto han cesado", indican en referencia al diálogo entre el Gobierno y la Generalitat.
"Diferentes personajes políticos han sido arrestados, al tiempo que los dirigentes de las protestas masivas han sido acusados de sedición, un crimen que conlleva una pena máxima de 15 años de prisión", añaden.
"Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, limitando el flujo de información pública y la posibilidad de un debate abierto en un momento crítico para la democracia española", señalan.
