Trump ha ocultado las pruebas de sus delitos durante años, pero Biden podría exponerlas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonará el cargo el 20 de enero bajo los mayores nubarrones de corrupción y escándalos que se recuerdan desde 1974, cuando Richard Nixon alzó las dos manos con gesto de victoria al dimitir.

Si el presidente electo Joe Biden estuviera dispuesto a abrir una investigación contra Donald Trump, la única duda sería por dónde empezar. El Departamento de Justicia de Trump no se ha atrevido a acusarle por sus presuntos delitos de soborno a sus amantes extramatrimoniales y por su presunta obstrucción a la justicia durante la investigación por la trama rusa. Se enfrenta a múltiples investigaciones penales a nivel estatal por sus negocios personales y a demandas civiles por sus presuntas agresiones sexuales y por su inauguración de 2017, que utilizó para enriquecer aún más a su familia.

Pero Biden, al parecer, no se quiere precipitar, y ha dejado claro que no será él quien les diga a las autoridades judiciales cómo deben hacer su trabajo. “No voy a hacer lo que hace Trump y utilizar el Departamento de Justicia como una herramienta para intentar demostrar que ha sucedido algo”, aseguró Biden el 24 de noviembre en la cadena NBC News.

Pero una cosa es que Biden no plenee tomarse la revancha por los cánticos antidemocráticos de “encerradlos a todos” y otra cosa que no vaya a dar rienda suelta a los fiscales independientes para que tomen sus propias decisiones una vez abiertos los archivos de la Administración Trump.

Para ello, será necesario adoptar una política asertiva y transparente que permita revelar información cuando la solicite el Congreso, los organismos supervisores, los periodistas y la ciudadanía, algo a lo que la Administración Trump se ha opuesto casi por norma. En otros aspectos, requerirá la implementación de políticas que permitan la desclasificación de documentos ocultos por la Administración Trump. Muchas de esas pruebas todavía no son de dominio público y el simple hecho de ponerlas al descubierto podría hacer que Trump se enfrentara a penas de prisión por sus delitos.

Aunque algunos de los posibles delitos de Trump ya los han mencionado ciertos fiscales —como sucedió en el informe Mueller o en la acusación que llevó a su exabogado personal, Michael Cohen, a prisión por comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels— no todos sus delitos y conductas indebidas han quedado registrados. En muchos casos son solo sospechas basadas en testimonios individuales y acusaciones por parte de antiguos funcionarios.

“Hay un montón de información sobre la Administración Trump que saldrá a la luz muy fácilmente con que la Administración Biden se limite a restaurar el normal funcionamiento del Gobierno”, sostiene Jordan Libowitz, portavoz del grupo liberal de vigilancia Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW).

CREW ha publicado un informe sobre cómo la Administración Biden podría crear un Gobierno menos hermético y, al mismo tiempo, dejar al descubierto las irregularidades de su predecesor. Un informe similar ha publicado una coalición de grupos de vigilancia para la transparencia conocida como Accountability 2021. Estos informes contienen un listado de recomendaciones que Joe Biden podría adoptar inmediatamente al tomar posesión del cargo.

Su administración podría, por ejemplo, emitir una orden ejecutiva para restablecer la presunción de transparencia conforme a la Ley por la Libertad de la Información (que garantiza el derecho de los ciudadanos al acceso de la información federal pertinente) y para acabar con las trabas que la Administración Trump ponía a los peticionarios. Ninguna administración ha sido especialmente brillante en este aspecto, pero la Administración Trump ha sido mucho peor que las anteriores, como demuestran sus cifras récord de documentos clasificados como secretos de Estado y su manga ancha para clasificar cualquier asunto como secreto.

En lo que constituye otra muestra de que ha sido el Gobierno menos transparente de la historia reciente de Estados Unidos, la Administración Trump adoptó un nuevo punto de vista legal para limitar hasta qué punto debía acatar la supervisión del Congreso. Su teoría ha sido simple: el Ejecutivo no tiene por qué escuchar al Congreso en sus solicitudes de documentos o testimonios, ni siquiera durante un juicio político al presidente. Y, con esta vara de medir, Trump no ha aportado los documentos que le ha solicitado el Congreso, sobre todo la oposición demócrata.

Pero cuando Trump se marche el 20 de enero, Biden podría ordenar a todas las agencias del Gobierno que revisen todas las solicitudes recibidas durante el mandato de Trump, ya sea por parte del Congreso u otros organismos supervisores, y concederles luz verde. Pero, además, los investigadores del Congreso podrían volver a emitir sus solicitudes a los nuevos directores de sus correspondientes organismos para acceder a los documentos de la era Trump. Y esto también podría conllevar la revisión del exceso de privilegios que se ha adjudicado el presidente durante su mandato.

“Siempre ha habido controversias sobre el privilegio de los presidentes cuando decidían no presentar un documento. Antes había ciertas categorías o documentos susceptibles de ser clasificados como secretos, pero es que ahora todo son secretos”, comenta Katherine Hawkins, analista legal del grupo de vigilancia sin ánimo de lucro Project on Government Oversight.

Y las investigaciones no se limitarían exclusivamente a los posibles delitos de Trump, sino que también abarcarían actos como el de separar a los niños y a los padres inmigrantes en la frontera con México, mentir en el Congreso, politizar el Departamento de Justicia y otras agencias, así como las violaciones de la Ley Hatch por parte de casi todos sus altos funcionarios.

Otro asunto que podría ser investigado es la actuación de su Gobierno durante la pandemia, que ya les ha costado la vida a más de 300.000 estadounidenses.

Sin embargo, las políticas de Trump no van a desaparecer mágicamente en cuanto él deje el cargo, ya que, por ejemplo, sigue habiendo niños inmigrantes separados de sus padres. Será necesaria una investigación entre los documentos de Trump en materia de inmigración para determinar si se puede responsabilizar a alguien por estas violaciones de los derechos humanos.

El Congreso podría solicitar a Biden documentos relativos a la mala administración de Trump en su misión de aprobar la ley For the People (Para la gente) que busca extender los derechos electorales y limitar las manipulaciones partidistas. De forma similar, los miembros del Congreso podrían buscar documentos que demuestren las relaciones de Trump con determinados países para analizar si el presidente ha corrompido la política internacional de Estados Unidos en su propio interés privado y personal.

Por ejemplo, el senador demócrata Ron Wyden solicitó unos documentos al Departamento de Justicia, al FBI, al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Educación el 2 de diciembre para investigar si había algo de verdad en la presunta interferencia de Trump en dichas agencias en lo relativo a las relaciones entre Estados Unidos y Turquía. Según se sospecha, Trump solicitó que investigaran al predicador turco exiliado en Estados Unidos Fethullah Gülen y presionó a dichas agencias para que favorecieran al Gobierno Turco, incluso durante una investigación criminal a Halkbank, el banco nacional de Turquía.

Trump posee una propiedad comercial en el centro de Estambul que está muy relacionada con las élites turcas, y John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump, ha insinuado que el presidente ha participado en actividades corruptas para proteger sus intereses financieros en Turquía. Sobre este asunto también podría facilitar una investigación la nueva Administración de Biden.

El nuevo fiscal general de Biden podría ordenar la publicación de documentos secretos redactados por el Despacho de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (OLC). Aunque la Administración Trump ha publicado algunos de estos documentos para justificar algunas de sus políticas más controvertidas, es muy significativo que no hayan publicado otros, entre ellos el informe que explica por qué el Departamento de Justicia no procesó a Trump por obstrucción a la justicia, tal y como recomendaba el informe Mueller.

Una desclasificación de documentos de este tipo no sería una decisión sin precedentes. A comienzos de 2009, Barack Obama publicó algunos de los documentos de la Administración Bush que justificaban las torturas como técnicas de interrogatorio. No obstante, Biden podría ir más allá y ordenar que todos los documentos del OLC sean publicados.

“No hay nada que pueda detener al nuevo presidente de decirnos: estos documentos ahora son públicos, podéis verlos en nuestra página web”, señala Libowitz. 

Una Casa Blanca bajo la mano de Biden podría ordenar la investigación de todos los gastos de la Administración Trump para determinar si ha habido interferencias políticas indebidas. Esta sospecha se ha sacado a la luz a propósito del muro de Trump, de un contrato de computación en la nube por parte del Pentágono y de la presunta destrucción de documentos por parte de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades durante la pandemia.

Trump también fue acusado de abusar de su presupuesto cuando defendió la ayuda a Ucrania como parte de su relación quid pro quo para fomentar la investigación a Biden.

La nueva administración podría juzgar hasta qué punto es admisible el criterio que siguieron sus predecesores para clasificar como secretos algunos de esos documentos. Por ejemplo, durante el impeachment se reveló que la Casa Blanca hablaba por teléfono con otros mandatarios por una línea secreta por el único motivo de evitarle al presidente la vergüenza que habría pasado si se hubieran transcrito estas conversaciones.

“Es bueno que la Administración Biden revise estas decisiones de la Administración Trump para ver si algún material fue indebidamente clasificado”, afirma Erica Newland, asesora de Protect Democracy, una asociación sin ánimo de lucro fundada como respuesta a la batalla legal de Trump para impugnar las elecciones.

Y, para que nadie considere que Biden pretende tomar estas medidas por mero revanchismo político, hay que dejar claro que esta transparencia también le afectará a él y a los futuros presidentes. Los poderes de Trump para ocultar información al Congreso, a los medios y a la ciudadanía ya existían antes de su llegada. El objetivo es evitar que vuelvan a existir en futuras presidencias.

“Debe producirse un cambio de mentalidad para que la transparencia salga de forma natural”, propone Lauren Harper, directora de políticas públicas del Archivo de Seguridad Nacional. “Debemos cambiar nuestro criterio a la hora de clasificar documentos, pero también a la hora de desclasificar. Ha habido lagunas y existen precedentes. Debemos reconsiderar nuestra forma de desclasificar documentos. Parece que no es un tema interesante si no hay un escándalo”.

La desclasificación de documentos de la era Trump podría provocar la designación de fiscales especiales para realizar las debidas investigaciones y acusaciones. Asimismo, podría desencadenar investigaciones en el Congreso para detallar lo sucedido o incluso dar pie a procedimientos civiles y penales.

De hecho, ya existen ciertas pruebas por las que la fiscalía podría actuar de oficio en el momento en que Trump abandone la Casa Blanca.

El caso más obvio es el de Michael Cohen, el exabogado personal de Trump que nombró a este entre los implicados en diversos delitos de los que se declaró culpable, como el soborno durante la campaña de 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre las presuntas relaciones extramatrimoniales que mantuvieron Trump y ella. Es decir, que el fiscal del distrito sur de Nueva York podría procesar a Trump por su cuenta si lo estimara pertinente.

“Es importante por el bien de la democracia que las personas que se saltan las leyes asuman las responsabilidades de sus actos, aunque hayan pasado cuatro años en la presidencia”, explica Paul S. Ryan, abogado de la asociación sin ánimo de lucro Common Cause.

En la actualidad, la fiscal general de Nueva York, Tish James, y el fiscal del distrito de Manhattan, Cy Vance, ya están realizando investigaciones independientes sobre los negocios de Trump por sus presuntos delitos de financiación y evasión de impuestos.

“Según he leído, hay varias investigaciones en marcha en algunos estados”, ha comentado Biden, “pero no hay nada que yo pueda hacer o dejar de hacer al respecto”.

El fiscal general que escoja Biden, sin embargo, sí que podría ordenar al Departamento de Justicia que colabore con todas las investigaciones estatales que lo soliciten, algo que no ha hecho William Barr, el fiscal general de Trump, que acaba de anunciar su renuncia después de admitir la derrota del presidente.

Ya que Biden ha prometido no presionar desde la presidencia al Departamento de Justicia, los fiscales podrían optar por actuar de oficio allá donde las pruebas sean más evidentes.

Existe la creencia de que los nuevos presidentes no deberían investigar a sus predecesores. El responsable de esa idea es el presidente Gerald Ford, que indultó a Richard Nixon en 1974 de todos los delitos que pudiera haber cometido durante su presidencia.

Muy en línea con las declaraciones de Biden en la actualidad acerca de buscar la unidad y mirar hacia delante, Ford justificó el indulto para no “polarizar nuestras opiniones” y no “despertar nuestras peores pasiones” con un juicio político que habría durado años.

Pero, así como Ford indultó a Nixon, no hizo lo propio con sus colaboradores más cercanos. Es cierto que ningún presidente hasta la fecha había investigado a sus predecesores, pero las cosas cambiaron a partir de entonces.

En el caso de Nixon, el fiscal general John Mitchell, el jefe de personal de la Casa Blanca H.R. Haldeman y el asesor de política nacional John Ehrlichman, entre muchos otros, fueron procesados y declarados culpables de delitos relativos al escándalo Watergate. Además, el abuso que protagonizó Nixon de las agencias de inteligencia, junto con revelaciones de testigos anónimos, provocó que el Congreso se pasara la década de los 70 celebrando audiencias sobre abusos de las agencias de inteligencia que se remontaban al final de la II Guerra Mundial.

La investigación independiente del escándalo Irán-Contra, en el que algunos miembros del Consejo de Seguridad Nacional de Ronald Reagan realizaron políticas exteriores secretas e ilegales, siguió hasta cuatro años después de dejar Reagan el Despacho Oval. Solo finalizó cuando el presidente George Bush padre indultó a todos los implicados poco después de perder la reelección en 1992 y justo antes de que Casper Weinberger, Secretario de Defensa, fuera llamado a testificar ante los jueces. (Esto, en realidad, fue un autoindulto, ya que Weinberger asegura en su diario que el presidente estaba al corriente de las ilegalidades que estaban cometiendo en política exterior).

Después de que el presidente Bill Clinton indultara en el último momento por evasión de impuestos al magnate Marc Rich, cuya esposa realizaba generosas donaciones al partido demócrata, el nuevo fiscal de George Bush hijo, John Ashcroft, designó a un fiscal especial para investigar si Clinton había vendido el indulto a cambio de suculentas donaciones de campaña. Al final, el fiscal especial James Comey no encontró evidencias de ningún delito.

Cuando Obama tomó posesión, sufrió una enorme presión para investigar el régimen de torturas que había instaurado George Bush hijo como parte de su guerra mundial contra el terrorismo. El fiscal general Eric Holder designó a John Durham como fiscal especial encargado de investigar a la CIA por autorizar y llevar a cabo la política de torturas de Bush. Al final, Durham no formalizó ninguna acusación.

Cuando el FBI empezó a investigar la posible implicación de Trump en el hackeo del Comité Nacional Demócrata, el fiscal general William Barr designó de nuevo a Durham como fiscal especial para investigar si el FBI había participado en cualquier actividad indebida durante el mandato de Obama.

Que casi nadie haya sido declarado culpable en estas investigaciones solo refuerza el temor existente a la impunidad de las élites, que surgió con fuerza tras el indulto a Nixon. Aun así, estas investigaciones demuestran que no es nada fuera de lo común que una nueva administración o un nuevo Congreso echen la vista atrás en busca de conductas indebidas en la administración anterior. El hecho de que los culpables hasta ahora no hayan asumido las consecuencias de sus actos es un motivo más para que Trump sí asuma las suyas y siente un precedente entre los más poderosos.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.