De la guerra de Putin a la burbuja de Ayuso

El golpe de realidad que ha supuesto la invasión de Ucrania nos ha hecho salir del trance en el que se encontraba el proyecto de integración europea.

Por la vía de los hechos, hemos comprobado que hay sectores estratégicos donde la interdependencia geopolítica es en realidad una dependencia muy peligrosa a corto y largo plazo. El ejemplo más evidente lo encontramos en los recursos energéticos. Cada día, la Unión Europea paga a Rusia 800 millones de euros en concepto de energía. Con ese dinero, Putin sigue financiando su guerra.

En España, este escenario se traduce en un alza de los precios de los combustibles y la electricidad. Las consecuencias no se están haciendo esperar: Más inflación, crisis en el transporte, que se está extendiendo a otros sectores como la agricultura o la producción industrial y, sobre todo, un coste inasumible para las economías familiares.

Los datos que Cáritas hacía públicos esta semana sobre pobreza en la Comunidad de Madrid deberían hacer saltar todas las alarmas. Pero la respuesta del gobierno de Ayuso ha sido una frívola pregunta retórica: “¿Dónde están los pobres? Que no los veo”. Como si las colas del hambre no existieran. O como si no hubiera cada vez más niños que llegan al colegio sin haber desayunado. Un paseo por cualquier barrio de Madrid, una conversación en un mercado, una visita a un colegio público, bastaría para que Ayuso y sus consejeros volvieran a la realidad. Pero lo triste es que a día de hoy estamos gobernados por unos insensibles que viven en burbujas de cristal.

En este contexto de guerra económica, necesitamos que todos los políticos con responsabilidades institucionales arrimen el hombro y colaboren, porque la única manera de conseguir que los costes de la crisis no vuelvan a caer sobre las familias es actuar, cada uno desde su institución y con sus competencias, pero unidos.

Todo lo contrario a lo que está haciendo Ayuso, que en vez de preguntarse qué se puede hacer desde la Comunidad de Madrid, sigue perdiendo el tiempo en su guerra particular contra el Gobierno de coalición. Ahora, a su guerra se ha sumado Feijóo —presidente de la Junta de Galicia y próxima víctima de Ayuso— inventándose que el gobierno de España se está forrando con los impuestos a los carburantes, algo que es mentira porque el 58% de los ingresos provenientes del impuesto de hidrocarburos va directamente a las comunidades autónomas. Pero en todo caso, quienes se están forrando son las eléctricas, que siguen con su dominio sobre un mercado cuyas leyes están hechas a medida.

Si queremos construir una patria digna y una Unión Europea democrática y funcional necesitamos, en primer lugar, alcanzar la soberanía energética. Eso pasa por aprobar inmediatamente un impuesto extraordinario a las eléctricas y desplegar un escudo social ambicioso. Después —y también con urgencia— habrá que cambiar las reglas en el mercado energético para no pagar toda la energía, entre ellas las renovables, a precio de gas ruso. Además, debemos mejorar la conectividad energética de la Península Ibérica con el resto de Europa.

Garantizar nuestra independencia energética es la mejor manera de asegurarnos la libertad. Mucho mejor que ese aumento en gasto militar que plantea Pedro Sánchez para contentar a Estados Unidos. Mirar a otros mercados e invertir de verdad en renovables va a permitirnos escapar de la tiranía de unos precios que oscilan en función de los conflictos en los que se quiera meter el dictador de turno.

Y mientras el Gobierno de coalición está trabajando para lograr un pacto de Estado social con los grupos de la oposición, en la Comunidad de Madrid la señora Ayuso sigue por el camino de la bronca y del insulto fácil a la oposición.

Pretende que nos desviemos de lo importante, pero desde la Comunidad de Madrid se pueden hacer muchas cosas para contener esta escalada de precios. Por ejemplo, incentivar el transporte público convirtiéndolo en gratuito para todos los residentes. O aumentar la frecuencia de los trenes y autobuses interurbanos y mejorar la conexión entre los barrios y pueblos de Madrid.

Otras medidas con las que reducir el consumo energético y poder bajar la factura de los hogares pasan por implementar un Plan Verde de Rehabilitación de Edificios, con el que aislar las viviendas y que la gente no gaste tanto en calefacción y aire acondicionado. Además, crearía alrededor de 300.000 empleos. Y, por supuesto, aprobar un bono social para las familias que no pueden pagar la luz porque no llegan a fin de mes.

Nos dirán que estamos locos, que no se puede. Que no hay dinero. Pues bien, en nuestra región se nos han ido casi 5 mil millones de euros en corrupción con el PP. Sí, han leído bien, un cinco y nueve ceros. 5.000.000.000€. Hay dinero. Sí se puede, pero la señora Ayuso no quiere. Prefiere seguir regando a su entorno, familiares, amigos, constructoras, que dedicarlo a lo que de verdad importa: que podamos vivir todos un poco mejor.