De la Casa Blanca a juicio: los problemas legales a los que se enfrenta Trump

Hasta la fecha, a Donald Trump la inmunidad que le brindaba el cargo le protegía. Los presidentes en ejercicio no pueden ser procesados según la ley del país. Pero esta garantía no es absoluta.

Al mandatario estadounidense varios frentes judiciales le pueden complicar la vida, y mucho, cuando abandone la Casa Blanca.

El Alto Tribunal concluyó el pasado mes de julio que la justicia tiene derecho a acceder a las declaraciones fiscales del presidente en una sentencia histórica que hizo saltar por los aires los argumentos del magnate para impedir que el fiscal general de Nueva York, Cyrus Vance, tuviese acceso a esa información.

Varias posibles causas

El New York Times publicó el pasado septiembre un reportaje en el que se explican al detalle las declaraciones de la renta de Trump a lo largo de dos décadas y que le sitúa en una situación cuanto menos comprometida.

El artículo no solo reveló la cantidad ínfima de impuestos que este habría pagado en el país que dirige, sino que también puso de manifiesto la necesidad del magnate de permanecer en la Casa Blanca como única alternativa para esquivar el lío judicial que se le puede venir encima.

Trump se ha negado en reiteradas ocasiones a hacer pública esta información, lo que ha sido motivo de debate político desde que decidiera presentar su candidatura en 2015. Sin embargo, sus problemas financieros y legales se remontan a años atrás: durante la última década se ha enfrentado a una auditoría del Servicio de Impuestos Internos por un reintegro tributario de 72,9 millones de dólares que reclamó en 2010.

“Para él, ganar estas elecciones no era una opción, sino una necesidad. Sus registros financieros son la Piedra de Rosetta para comprender la magnitud de su corrupción y sus delitos”, comenta a la edición estadounidense del HuffPost Michael Cohen, exabogado personal del presidente estadounidense que fue condenado a 36 meses de cárcel por, entre otras cosas, mentir al Congreso, evasión fiscal y violar las leyes de financiación de las campañas electorales.

El abogado admitió que realizó falsas afirmaciones sobre un acuerdo inmobiliario de Trump —un rascacielos en Moscú que no se llegó a construir— por lealtad al presidente, y reconoció que durante la campaña de 2016 pagó a dos mujeres —una de ellas, la actriz porno Stormy Daniels— para evitar que hablaran sobre las relaciones sexuales que estas habrían mantenido con el presidente de EEUU.

Lo cierto es que Trump ya fue considerado como “Sujeto 1” en el proceso legal de Cohen, pero con un plazo de prescripción de cinco años para muchos de los delitos federales, a finales del 2021 se agotaría el tiempo en relación a aquellos casos que impliquen pagos por guardar silencio.

Daniel Goldman, el exfiscal federal que actuó como abogado principal en el impeachment contra Trump, declaró que también podría enfrentarse a acusaciones de cohecho por la conmutación de la pena de cárcel del asesor Roger Stone, así como a acusaciones de extorsión por sus intentos de coacción a Ucrania por difamar a su rival político, Joe Biden, a pesar de que los republicanos del Senado le permitieran entonces seguir en el cargo.

Pero la cosa no queda ahí. Las causas se le acumulan si se suma otro posible delito referente a la participación de Trump para frenar la investigación que se produjo entre 2017 y 2019 contra el asesor especial Robert Mueller en relación con la injerencia rusa en la última campaña presidencial.

“Hay muchos delitos”, afirma Nick Ackerman, exfiscal federal y, anteriormente, fiscal en el equipo creado para investigar al presidente Richard Nixon en la irrupción del Watergate en 1972 y los posteriores encubrimientos.

El problema es que, tanto los fraudes federales bancarios como fiscales que Trump pueda haber cometido en los primeros tres años de su primer mandato, probablemente estén fuera del alcance de los fiscales si tienen que esperar a que termine un segundo.

“Somos conscientes de que, como entidad estatal, no podemos investigar a un presidente por ningún acto oficial ni podemos acusar a un presidente mientras esté en el cargo”, declaró en mayo durante el alegato oral Carey Dunne, fiscal general del distrito de Manhattan.

“Cuando deje de estar en el cargo, no sabemos qué ocurrirá”, confiesa Richard Painter, catedrático de Derecho en la Universidad de Minnesota a El HuffPost. “Y él tampoco lo sabe, por eso le interesaba tanto seguir en el cargo para mantener a flote esos negocios. En cuanto deje de ser presidente, le empezarán a reclamar todas las deudas y podría haber muchas investigaciones”.

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