De dónde sale lo de que el Gobierno va a cerrar los centros de educación especial

El Gobierno no va a cerrar los centros de educación especial, y a la ministra Isabel Celaá le duele la boca de repetirlo. La nueva propuesta de Ley de Educación, conocida popularmente como ‘Ley Celaá’ por la titular del Ministerio que lo impulsa, no menciona en ningún momento el cierre de centros de educación especializada, pero la bola ha crecido tanto que ahora lo habitual es escuchar lo contrario, ya sea por la calle, en una comida familiar o en un grupo de WhatsApp.

Desde hace más de un año existe esta polémica, y al menos en cuatro ocasiones, la ministra de Educación ha salido al paso para desmentir la información públicamente.

En un comunicado firmado el 7 de marzo de 2019, el Ministerio de Educación y Formación Profesional aseguraba que “no cerrará los centros de educación especial”, y que la ministra Celaá ya había remitido una carta a la organización Plena Inclusión, al Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (CERMI) y a la plataforma ’Educación Inclusiva sí, Especial también’ para desmentirlo. “El Ministerio apoya a los centros de educación especial para que puedan desempeñar su labor y para que sigan avanzando en el asesoramiento de los centros ordinarios en esta tarea”, apuntaban entonces. 

Cinco días después, en una entrevista con Las mañanas de TVE, Celaá volvía sobre el tema:  “Este Gobierno no va a cerrar los centros de educación especial o especializada. De ninguna de las maneras. Sin embargo, sí que también va a seguir esa senda importante que ya se está llevando a cabo […] y que es buena y que es la que nos pide precisamente la Organización de Naciones Unidas en relación a la escolarización de las personas con discapacidad o con diversidad funcional o con capacidades diferentes, que es que vayamos a incorporarlas progresivamente en la medida en que se pueda a centros ordinarios con los recursos suficientes”.  Lo puedes ver a partir del minuto 3:20.

Apenas una semana después, el 20 de marzo de 2019, Isabel Celaá volvía a ser preguntada por el tema en una entrevista con Las Mañanas de RNE, y respondía alegando que el presunto cierre de centros especiales no era más que “una inexactitud, por no decir un bulo”. “No vamos a cerrar ningún centro de atención especial o especializada, que tienen toda su razón de ser”, reiteraba Celaá. 

¿De dónde viene entonces la polémica? Plataformas como ’Educación Inclusiva sí, Especial también’ “sospechan” que el Ministerio, apelando a la plena inclusión de los niños con discapacidades en centros ‘normativos’, irá haciendo un “trasvase” progresivo de alumnos con necesidades especiales a centros ordinarios y finalmente acabará cerrando los centros especializados.  

“El arranque de todo esto, lo que hace levantar nuestras sospechas, viene de antes de que se redactara la Ley, de una propuesta del CERMI en la que se hablaba específicamente del cierre de la educación especial en un plazo de cinco años”, explica Esther Morillas, de la plataforma ‘Inclusiva sí, especial también’, una de las que más se ha movilizado estos días en contra de la Ley Celaá.

Morillas se refiere a la enmienda 502, que fue aprobada por el Consejo Escolar y plantea que “todas las estructuras y dispositivos del sistema educativo español sean plenamente inclusivos para el alumnado con discapacidad” y se fija como objetivo que “los centros y unidades de educación especial se reorienten para ser convertidos en recursos de apoyo a la inclusión, irradiando a todo el sistema educativo”.

Esa enmienda no se incluye finalmente en la ley, pero, según la plataforma, la propuesta aparece encubierta en la disposición adicional cuarta de la ley. “No habla de cierre, pero sí de transferir de alguna forma a los niños que están en educación especial a educación ordinaria”, sostiene Morillas. “Ni muchísimo menos esto nos deja tranquilos”. 

Pero, ¿qué es lo que plantea realmente el proyecto de ley, recién aprobado en el Congreso? Esto es lo que dice la disposición adicional cuarta del texto, sobre la Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales:

De aquí conviene destacar varios puntos: el “plazo de diez años”, “el artículo 74 de esta ley”, “la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas” y “la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

El “plazo de diez años”

Es esto lo que más problemático resulta para asociaciones como ’Educación Inclusiva sí, Especial también’. Temen que dentro de esos “diez años”, los colegios de educación especial dejen directamente de existir, algo que el Ministerio niega. Se basan en unas declaraciones del presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, que en 2017 pidió en el Congreso de los Diputados que la nueva ley de Educación pusiera “fin a estas estructuras especiales de educación” en un plazo de cinco años, en el que se pudiera “migrar de estructuras no inclusivas a estructuras inclusivas” y que “los centros especiales deberían ser declarados a extinguir”.

No obstante, Jesús Martín Blanco, delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, matiza estas palabras y se declara “dolido” por que se pongan en duda las intenciones del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. “¿En qué cabeza cabe que queramos cerrar centros de educación especial cuando son estructuras del CERMI? Eso no es cierto, es faltar a la verdad y jamás hemos dicho eso”, asegura. “¿Dónde van a ir esos niños y esas niñas si se cierran esos coles? Ahora mismo no hay ningún sitio similar; se produciría un desamparo educativo”, señala.

“Me produce dolor que estemos todavía en estos debates”, confiesa Martín. “Desde el CERMI hemos dicho que hay que transitar a la educación inclusiva, eso sí, y defendemos los postulados de derechos humanos como demócratas que somos, pero jamás vamos a decir que se cierre ningún tipo de estructura que es de valor”, insiste. “Eso no quita que haya que repensar la educación en términos de inclusión, porque un centro ‘normativo’ en la actualidad no tiene la capacidad de acoger a un niño con discapacidad”, zanja.

“Me da igual cómo lo digan, pero el resultado es el mismo”, replica por su parte Morillas, convencida de que en ese plazo de diez años que menciona el proyecto de ley, los centros de educación especial acabarán cerrando y transfiriendo a alumnos, pese a que en ningún momento se habla de dicha transferencia. “La intención es llevarlos a todos a la educación inclusiva”, se queja. 

Actualmente, el 83,4% del alumnado español con necesidades educativas especiales está integrado en centros ordinarios, según datos del Ministerio, aunque los porcentajes varían según las comunidades autónomas. De acuerdo con el CERMI, en países como Portugal, “donde sí está implantado un modelo inclusivo”, sólo el 2% del alumnado está en centros especiales. 

“La función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”

Para Esther Morillos, el último fragmento de la disposición adicional cuarta de la ley es un “eufemismo” con el que en realidad se pretende desmantelar los centros especializados. “Cerrarlos no los van a cerrar, eso lo tenemos claro”, concede; pero, en su opinión, la ley da a entender que estos quedarán “como centros de apoyo y de recursos”, pese a que la norma menciona específicamente que en estos centros se “escolarizará a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada”. “Un colegio sin niños no es un colegio”, dice Morillos.  

Aunque reconoce que desde la plataforma se han “reunido muchas veces con la ministra” y no tienen “por qué dudar de sus buenas intenciones”, les parece que “la ley ha quedado redactada de forma muy ambigua”.  

“El artículo 74 de esta ley”

Es el que establece cómo se determinará a qué tipo de centro debe ir cada menor y en el que se modifican los apartados 2, 3 y 5, que quedan redactados así: 

Según Esther Morillos, la Ley tampoco deja claro en este punto “su defensa de los centros de educación especial para los niños que lo necesitan”.

Para Jesús Martín, en cambio, pese a que la ley aclara que serán “oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado”, esto no garantiza que los propios padres puedan decidir que su hijo vaya a un colegio ‘estándar’ y que “la Administración provea de los recursos suficientes para que ese niño o esa niña esté en ese centro”.

“La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas”

Se trata de un compromiso que España ratificó en 2008 y que, según la propia ONU, se está incumpliendo. Este es uno de los argumentos más sólidos en los que se basa el Ministerio para aprobar esta norma.

En el año 2017, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU realizó un informe sobre la situación en España después de recibir denuncias de “violaciones graves y sistemáticas del artículo 24 de la Convención” en las que se alegaba “exclusión estructural y segregación de las personas con discapacidad del sistema educativo general por motivos de discapacidad”. 

“El artículo 24 de la Convención consagra que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación y que, correlativamente, los Estados partes tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar la educación inclusiva y de calidad para todas las personas sin distinción. [...] Los Estados partes deben garantizar el derecho a la educación para las personas con discapacidad en un sistema inclusivo a todos los niveles”, recordaban los autores del informe. 

Para realizar su informe, los miembros del Comité de la ONU entrevistaron a más de 165 personas, entre ellas funcionarios del Gobierno central y de las 17 comunidades autónomas, representantes de organizaciones de personas con discapacidad y otras organizaciones de la sociedad civil, investigadores, académicos, magistrados y abogados, y llegaron a la conclusión de que en España se estaban produciendo “violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad”.

La Organización de las Naciones Unidas constataba así la “segregación” educativa en nuestro país, que “continúa afectando a alrededor de un 20% de las personas con discapacidad, con repercusiones adversas para su inclusión en la sociedad”, señalaban.

El Comité concluía que “la legislación perpetúa la exclusión discriminatoria basada en la discapacidad” y que la aplicación práctica de la LOMCE “resulta en la exclusión de los alumnos con discapacidad del sistema de educación general”; y exhortaba, además, al Estado español a “finalizar, sin demora y conforme a un calendario preciso, la adecuación normativa a la Convención” sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. 

Precisamente basándose en esta Convención, Jesús Martín Blanco, delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, sostiene que la nueva ley no es suficiente para garantizar la educación inclusiva. “Nosotros defendemos que se cumplan los compromisos de derechos humanos ratificados por España como leyes que son, y en estas se deja claro que la educación inclusiva es un derecho humano. Sin embargo, la Ley [Celaá] ve la inclusión más como un principio inspirador de política pública que como un derecho”, lamenta. “Es verdad que en este texto se hace mención expresa al artículo 24 de la Convención, pero sigue sin ofrecer garantías”, afirma. 

“Se habla de un plan para transitar a la educación inclusiva, pero creemos que puede quedar en cantos de sirena”, defiende Martín. “Revisando los presupuestos generales de este año vemos que no hay una partida para el plan de inclusión, pese a que sí aparecía como partida en los primeros presupuestos que presentó el primer Gobierno de Pedro Sánchez”, dice. “Si no se invierte más en educación, el plan de inclusión será una quimera”.  

“La educación está concebida para niños estándar: para niños españoles que ven, que caminan, y todo el que se queda fuera de ese canon tiene que buscar la educación fuera”, explica Jesús Martín. “Niños migrantes, refugiados, niños pobres, gitanos. Hay que repensar la educación para que todos los niños y niñas tengan cabida en el sistema educativo y tengan la posibilidad de aprender y participar”, añade. 

Los presupuestos generales del Estado para 2021 aprobados hace sólo unos días incrementan en más de un 70% el gasto en Educación, con una partida de 4.893 millones de euros, y, sin embargo, no hacen referencia clara a la “educación inclusiva”. 

“Lo que ambiciono como madre de una niña con discapacidad es que tanto los colegios ordinarios como los especiales estén perfectamente preparados y con los recursos necesarios para recibir a nuestros niños; a cada uno, el que le vaya mejor”, defiende Esther Morillos. “No se trata de lo que los padres queramos; se trata de los derechos del menor. Hay niños que, dependiendo de las etapas de su vida, les vendrá bien estar en un centro educativo ordinario, o al revés”, señala.

“Que los colegios se preparen, que la logopeda, la terapeuta ocupacional estén totalmente integradas en los colegios ordinarios y, cuando todo eso haya ocurrido, que trasvasen a mi hija, pero no al revés”, dice.

En esto están todos de acuerdo.