Cuarenta años después y… ¿libertad de expresión?

En un momento de la película El Crack, de José Luis Garci, Alfredo Landa le dice a Miguel Rellán: “Tienes que ir a Las Gatitas, en Generalísimo…”. Y Rellán le corrige con un “Paseo de la Castellana…”. El diálogo define aquel 1980, cuando había llegado a España una democracia, una constitución, que convivía de forma activa con los rasgos del franquismo. Un año, 1980, en el que otra película era secuestrada por un tribunal militar, por injurias y calumnias a la Guardia Civil. 

Hace cuarenta años, en 1979, por estas fechas, Pilar Miró acabada de rodar El crimen de Cuenca, y se encontraba en pleno montaje del film. Ya en las proyecciones de pruebas, equipo, invitados y asesores se sobresaltaban ante las duras imágenes de unos guardias civiles torturando a dos inocentes, aquellos del llamado Caso Grimaldos, auténtico y real. Unas imágenes crudas, pero fundamentadas, ya que contaban unos hechos ocurridos setenta años antes, probados por sentencia del Tribunal Supremo. 

Amenazaba tormenta, en aquellos días se denunciaban torturas en los centros policiales, al tiempo que los terroristas asesinaban día sí y día también a militares y guardias civiles, todo ello aderezado con ruido de sables en los cuarteles. Los gobernantes de entonces, de UCD, ciertamente con miedo, quisieron ser más papistas que el Papa y promovieron la suspensión del estreno de El crimen de Cuenca, previsto para ese mismo año, así como la intervención de los tribunales, primero civiles y después militares. El resultado: el secuestro militar de la película al año siguiente y el procesamiento de la directora, mujer, progresista, descendiente de militares de los que renegaba. Podían caerle hasta seis años de cárcel por contar un hecho cierto.

Afortunadamente, gracias a la presión de los medios de comunicación y tras llegar el tema al Congreso de los Diputados defendido (quién lo iba a decir después) por Alfonso Guerra, la película se consigue estrenar y contribuye junto a otros procesos judiciales, como el sufrido por Miguel Ángel Aguilar, a que se cambie el código de justicia militar y la forma de dar licencia de exhibición, de facto una censura previa. El resultado, uno de los éxitos más grandes de la historia del cine español, ya que basta ser que nos prohíban algo a los españoles para que vayamos en masa a por ello. Pero también un infierno para su directora, que quedó para siempre tocada por esos dos años de lucha, con el 23-F por medio, tal y como contamos en nuestra película Regresa el Cepa.

Aquella película que denunciaba la tortura en el mundo se convirtió, involuntariamente, en un símbolo de la libertad de expresión. Un momento en el que en nuestro país convivía la Carta Magna con leyes residuales franquistas, en el que los jueces seguían siendo los mismos y los miembros de las fuerzas de seguridad, también. Con un parlamento que tenía voluntad de avanzar, con tiento y mesura, y no pocos miedos, conviviendo en el mismo la extrema derecha con la extrema izquierda, en un equilibrio imposible.

Si algo saco de todo aquello es el mensaje de la gran importancia del cine, de cualquier canal de comunicación masas. Su poder puede cambiar las cosas. El crimen de Cuenca es un ejemplo. Su posibilidad de denuncia. Basta ver la reacción de su proyección en Buenos Aires, tal y como nos contaba a cámara Diego Galán, con las Madres y Abuelas de Mayo en la sala, una de ellas gritando ante la visión de las terribles escenas de tortura, “¡¿pero a mi hijo no le hicieron eso… no?!”. Los derechos humanos son universales, y la forma de denunciarlos, también, sin duda.

¿Por qué recordar esto cuarenta años después? Para mi está claro. Hay quienes pensamos que hay que recordar, mientras otros piensan lo contrario, a veces de forma incompatible, pidiendo dejarlo estar y no abrir heridas, y a la vez, preguntando si arderán parroquias como en el 36… La memoria. A mí, personalmente, me parece absolutamente necesaria la memoria. Como dice Guillermo Montesinos en nuestro documental, “no hay que olvidar los errores del pasado para no volverlos a cometer…”.

Había dos Españas entonces, hace ciento seis años, hace cuarenta, y ahora, no nos engañemos. En el caso real del Caso Grimaldos, las fuerzas vivas determinaban los designios de unos parias, ayudados por la turba, por el pueblo, por razones realmente políticas. Eso se produjo también setenta años después contra Pilar Miró, con movimientos desde las fuerzas más reaccionarias, desde las fuerzas vivas nacionales, esas que siempre quieren salvar la patria, pero primero a ellos mismos.

Cuarenta años después… ¿Libertad de expresión…? Ahora, hay otras formas para limitarla, como entonces, y otras turbas, como las de las redes sociales. Los intereses son parecidos, como el afán de manipulación. Y hay otras censuras, entre las que se encuentra la peor de todas, la autocensura.

Como el entonces abogado de Pilar Miró, Joaquín Ruíz-Giménez, cuenta en nuestro documental, “basta mirar un poco a nuestro alrededor para darnos cuenta de que estamos en un Estado pequeñito de derecho…”. Cuarenta años después.