Crímenes de guerra en Ucrania: las pruebas, las denuncias y las consecuencias para Putin

“Las leyes son silenciosas en tiempos de guerra”, decía Cicerón. Ni siquiera en pleno conflicto vale todo, hay límites y hay reglas, pero otra cosa es que se cumplan. En la invadida Ucrania, las costuras del derecho internacional están reventando: está bien sobre el papel pero, sobre el terreno, se está violando de forma diaria, según denuncian Gobiernos, Inteligencias, organismos internacionales y prensa independiente. Como no hay alto el fuego a la vista, los esfuerzos ahora se concentran en documentar los posibles crímenes ya cometidos y en armar denuncias que lleven al banquillo a quienes los han ordenado, alentado y ejecutado. Todo dificilísimo, todo necesario.

Las “reglas de la guerra” son un conjunto de normas internacionales que establecen lo que se puede y no se puede hacer durante un conflicto abierto. Su objetivo principal es limitar la barbarie, salvar vidas y reducir el sufrimiento. La guerra está ahí, pero no tiene por qué ensañarse con los inocentes. Hay convenios y protocolos que sólo vinculan a quienes los firman, y el régimen ruso no es muy dado a comprometerse con determinados valores, pero hay otros que sí pueden alcanzar a su presidente, Vladimir Putin.

¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de crímenes de guerra? ¿Dónde se denuncian? ¿Y pueden acabar con un político como Putin en prisión? A continuación, intentamos sacarte de dudas.

Los Convenios de Ginebra, la clave

El derecho de la guerra se encuentra esencialmente contenido en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los Estados (Rusia ha ratificado los tres primeros, pero el cuarto sólo lo ha firmado, mientras que Ucrania ha avalado los cuatro). Estos Convenios, surgidos tras la Segunda Guerra Mundial, se completaron con otros dos tratados: los Protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Hay, también, otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes, referidos a menores, cultura, armas bacteriológicas o químicas o minas antipersona. Ese es el marco general.

Como explica el Comité Internacional de la Cruz Roja, estas leyes cubren dos ámbitos básicos: la protección de las personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades y una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas, y de los métodos de dicha guerra, como son ciertas tácticas militares.

El mandamiento de estas normas es sencillo, en realidad: en cualquier tiempo, circunstancia y lugar, no se puede atentar contra la vida de inocentes, no se pueden tomar rehenes, están vetados los tratos humillantes y degradantes, como los procesamientos y condenas sin juicio justo, hay que acoger y asistir a los enfermos, hay que crear y respetar zonas de seguridad para heridos, enfermos, ancianos, embarazadas, niños, discapacitados, hay que permitir sus evacuaciones, nunca usarlos como escudos humanos y nunca atacar hospitales, ambulatorios o ambulancias ni a su personal -que ha de tener libre y seguro paso- ni estructuras civiles como escuelas.

Más allá de los ataques intencionados, se reclama a las partes en litigio que tomen “todas las precauciones posibles para evitar daños a la población civil y a bienes de carácter civil” en sus andanadas, o que se eludan los combates en enclaves civiles, “a donde podrían traer fuego que cause daño”, como recuerda, por ejemplo, Amnistía Internacional.

Las denuncias

Hasta ahora, las denuncias sobre desmanes en la guerra tienen un doble origen: las que dan cuenta de persecución voluntaria y planificada, no fortuita, de objetivos civiles y las que añaden el uso de munición prohibida. En este último caso, sobre todo se está señalando el supuesto empleo de bombas de racimo por parte de Rusia (lo ha hecho hasta Naciones Unidas), pero resulta que Moscú no es parte firmante de la convención de 2008 que vetó su uso. Justamente por eso no está obligada a cumplir lo que no ha avalado. Sin embargo, sí que Putin está forzado a respetar el resto de las leyes internacionales que prohíben los ataques indiscriminados, y es en ese sentido en el que se trabaja con más ahínco para lograr evidencias.

Más allá de lo que hace Rusia, la mayoría del mundo se ha aliado precisamente para que no se usen determinadas armas que destruyen de forma ciega, con el único afán de desgastar. Las de racimo, sin ir más lejos, contienen un dispositivo que libera un gran número de pequeñas bombas al abrirse. Estas submuniciones pueden causar diferentes daños, como perforar vehículos blindados con su carga explosiva, matar o herir a muchas personas de manera indiscriminada con sus fragmentos de metralla o producir incendios. También se ha reportado el uso de las llamadas bombas tontas (dumb bombs), no guiadas, que no tienen por tanto un blanco fijo, por tanto más despiadadas e indiscriminadas, con efecto en amplias superficies.

Funcionarios estadounidenses y occidentales dicen que no saben por qué Rusia no está usando sus armas más sofisticadas, las guiadas y de precisión, si es por debilidad en la campaña militar o simplemente por voluntad de emplear tácticas brutales que conducen a innumerables muertes de civiles.

Sea cual sea el armamento empleado, no se puede atacar una maternidad como la de Mariupol -sólo la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene confirmados al menos 43 bombardeos de infraestructuras médicas en lo que llevamos de guerra-, no se puede bombardear un bloque entero de vecinos en Volnovakha, no se puede ir a por escuelas como las de Jarkov, no se puede asediar Mariupol ni se puede asediar Izium, prendiendo fuego a todo y sin abrir prácticamente corredores humanitarios, no se puede atacar una cola del pan en Chernígov.

Rusia se ha limitado a no contestar a las acusaciones del Gobierno ucraniano sobre estos ataques, pese a la verificación de imágenes de satélite o al relato de periodistas presentes en el momento de los hechos, o a justificar que en estos edificios civiles se estaban ocultando milicianos y soldados. En los casos citados anteriormente, las ONG sostienen que “no había bases ni objetivos de carácter militar” en las proximidades de los barrios civiles bombardeados.

Rusia no ha formalizado denuncia alguna, pero en sus medios, comunicados y comparecencias sus dirigentes acusan también a Kiev de crímenes de guerra cometidos por los “neonazis” de sus mandatarios. Son recurrentes las denuncias de ataques indiscriminados en la zona del Donbás, parte de cuyo territorio está en manos de independentistas prorrusos que, justamente, complican la labor de la prensa y las ONG a la hora de lograr información exacta de lo que está pasando.

Lo habitual es responsabilizar a “nacionalistas ucranianos” de atacar infraestructuras civiles en Donetsk y Lugansk, como viviendas. También sostiene el Kremlin que son guerrillas las que están impidiendo rescates de ciudades como Mariupol o “sembrando el terror” en Kiev, donde las tropas rusas aún no pueden “ayudar” a la población. Describen “horribles atrocidades de milicias enloquecidas por la desesperación” de ver que no tienen ayuda del Ejército de Ucrania. No se han dado pruebas de ello ni localizaciones geográficas verificables.

Las consecuencias: dónde y cómo buscar justicia

No se puede... pero se hace, por más que esos objetivos sean ilegítimos. Sigue pasando, día tras día en esta guerra, y existen precedentes de asedios similares en los que el propio Putin se ha ido de rositas, sin represalias, sin consecuencias. Alepo y Grozni están estos días en la mente de todos.

Es muy complicado lograr justicia ante estos crímenes, pero hay diversas vías para intentarlo y pelearlo. La primera es la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, con sede en La Haya (Países Bajos). Se dedica a investigar denuncias de Estados contra Estados. Por eso es el cauce elegido por Ucrania para denunciar a Rusia, apoyándose en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, un texto firmado tanto por Kiev como por Moscú en 1948.

El pasado 14 de marzo, la CIJ se declaró competente para juzgar los casos expuestos por Ucrania, pues entiende el uso de la fuerza por parte de Rusia en Ucrania “plantea cuestiones muy graves de derecho internacional” que deben estudiarse. La corte ordenó también a Moscú que suspenda de inmediato su “operación militar especial”. Hubo 13 votos a favor y dos en contra. Luego, por unanimidad, los 15 jueces pidieron a las dos partes que se abstengan de cualquier acción que pueda “agravar o ampliar” el conflicto. Y también hay una conclusión común: Putin dijo que iniciaba su ofensiva porque el Gobierno ucraniano estaba cometiendo un genocidio en Donetsk y Lugansk, pero los especialistas no ven prueba de ello. “No está en posesión de pruebas que justifiquen la alegación de la Federación de Rusia de que se ha cometido un genocidio en territorio ucraniano”, dice literalmente.

El abogado colombiano Camilo Hernández, especializado en derecho internacional y coautor de informes de Naciones Unidas entre 2001 y 2014 sobre Palestina o Irak, explica a El HuffPost que “el problema de este procedimiento, que ha sido rápido en comparación con otras guerras, es que necesita años, muchos años. El proceso para dirimir responsabilidades es lento”. Y “se añade otro más: la CIJ no tiene capacidad para hacer cumplir las sentencias que emite, eso depende de la voluntad de los países. Rusia podría recurrir al Consejo de Seguridad y al derecho de veto que tiene, como miembro permanente que es, y bloquear cualquier iniciativa en su contra, además”.

Eso excluye también la creación de un tribunal especial sobre Ucrania, como se ha hecho con otros conflictos, abunda. Cita los de la Antigua Yugoslavia, de 1993, o Ruanda, de 1994, como los grandes hitos de la institución. “Putin, mientras siga en el poder, vetará cualquier intento de crear algo parecido y hace falta una resolución que respalde su creación”, indica.

Los procedimientos sobre crímenes de guerra también se pueden elevar a la Corte Penal Internacional (CPI) que, aunque igualmente tiene su sede en La Haya, es una institución diferente a la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es la diferencia? “Que en este caso, no se resuelven conflictos contra Estados, sino contra personas sospechosas de cometer estos crímenes”, resuelve el letrado. Por eso se puede ir individualmente contra Putin o contra sus dos principales ayudantes en esta ofensiva: el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov. Esta corte fue creada en 1998 por el Estatuto de Roma y está en vigor desde 2002. Rusia firmó dicho Estatuto, pero luego lo rechazó, mientras que Ucrania lo ha firmado, pero no lo ha ratificado.

El 3 de marzo, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, anunció la apertura de una investigación por crímenes de guerra y lesa humanidad. No sólo se llevará a cabo por sus investigadores y sus equipos sino que se ha abierto una cuenta de correo electrónico a la que se pueden hacer llegar documentos, como testimonios, vídeos y fotos, para que las víctimas y sus allegados completen el relato. “Debemos llegar a la verdad”, defiende Khan.

El abogado Hernández explica que esta corte “puede iniciar un procedimiento contra Vladimir Putin, pero eso sólo sería posible cuando ya no esté en el poder, pues como jefe de Estado goza actualmente de inmunidad”. “Es entendible que una conclusión así lleve al desánimo y es un debate eterno en esta materia, la falta de rapidez de determinados procesos pero, aparte de mejorarlo, hay que confiar en el sistema dado: Putin ha modificado las leyes para poder ser presidente de Rusia hasta 2036, pero los analistas dicen que esta guerra puede ser su final. Yo de eso no sé, pero sí de que todo mando tiene un fin”, recuerda.

Eso quiere decir que “puede llegar otro Gobierno, otro presidente, que asuma la necesidad democrática de hacer justicia y abra la puerta al procesamiento de Putin”, defiende. Estamos a 2022. Se podría decir aquello de “cuán largo me lo fiáis”. “Quizá, pero no hay que desfallecer”, casi murmura.

Una vía que da esperanzas

A las dos cortes se suma una tercera salida para buscar justicia ante violaciones de estas características: la justicia universal. Se trata de un principio por el cual los tribunales de un determinado país ejercen su jurisdicción sobre crímenes internacionales de especial gravedad, sobre la base de la naturaleza del delito, sin tomar en consideración ni el lugar donde fue cometido, ni la nacionalidad de su autor.

Si hay un crimen de guerra, de lesa humanidad o de genocidio, tan grandes que ni prescriben, hay que perseguirlos en cualquier tribunal del planeta, es la filosofía que cada día aplican más países. España llegó a ser “un referente”, recuerda el letrado, cuando intentó el procesamiento del dictador chileno Augusto Pinochet. Ya no. La aparcó por espinosa. Otros siguen en la brecha y permiten a sus tribunales declararse competentes para juzgar los mismos crímenes que la CPI, lo que tiene viva en Argentina una causa por los crímenes de los años inmediatamente posteriores a la dictadura franquista.

Hernández resopla, porque después de cada definición vienen los peros. “En este caso, el obstáculo es que para poner en marcha un proceso por justicia universal los sospechosos tienen que poder ser detenidos y llevados ante el tribunal que se haya declarado competente. Eso es poco probable, muy muy difícil que ocurra. Putin y sus hombres ya se cuidarán de poner un pie en los países que estén dispuestos a procesarlos. Con eludirlos tienen suficiente”, concluye.

Pese a la complejidad de todas estas vías, Hernández defiende que los jueces tienen “la necesidad y la obligación” de recabar ahora, en caliente, todas las pruebas posibles para documentar los posibles crímenes. Acaben como acaben los procedimientos, “sin pruebas no hay nada y pasando el tiempo corren el peligro de desaparecer o de ser destruidas”. “Puede que no veamos justicia inmediata, pero documentar es esencial para que la haya en un futuro. Es cierto que no le sirve a las víctimas hoy, pero sí mañana”, incide. Desde la ONU, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos, ha ordenado ya que se recopile toda la información posible.

“No podrán eludir el castigo”, afirma el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken. Eso no está claro, pero la batalla hay que darla.