Contra la corrupción, medidas políticas, no propaganda o fuegos de artificio
Ha costado pero, finalmente, PSOE, Podemos y Ciudadanos han unido sus fuerzas en el Congreso de los Diputados para poner en marcha una Comisión de Investigación sobre la posible caja B del PP y su posible financiación ilegal.
Una Comisión de Investigación tiene por objeto dirimir las responsabilidades políticas de un determinado hecho y, por tanto, es cosa distinta de la vía judicial. Es decir, que las responsabilidades políticas se dirimen en las urnas o en los parlamentos, donde se señala a los responsables políticos de determinadas actuaciones, mientras que la Justicia señala a los responsables judiciales, en el caso de que haya delito. O sea, transitan por caminos diferentes y no son sustitutivos: cuando hay un escándalo, deben localizarse tanto a los responsables judiciales como a los políticos. Y que haya habido una sentencia no tiene por qué cerrar la vía de investigación política ni que no la haya habido impedir que se abra.
En el caso que nos ocupa, se trata de dirimir las responsabilidades políticas de los populares... en la posible existencia de una caja B en el PP. Soy de los que piensan que los responsables políticos de la posible financiación ilegal del PP... son los dirigentes del PP en la etapa correspondiente. No creo que la investigación llegue a conclusiones diferentes. Puede ser que el objetivo de la comisión puesta en marcha por el PSOE, Podemos y Ciudadanos sea la de determinar los nombres concretos de los responsables políticos.... En ese sentido, veo harto complicado que saquemos algo en claro o, mejor dicho, que sepamos algo más de lo que hoy sabemos. En todo caso, apoyo la puesta en marcha de esta iniciativa y seguiré atento a sus conclusiones en cuanto lleguen... si es que realmente llegan.
Dicho esto, hay que separar el grano de la paja y no dejar que el ruido mediático y político nos impida ver lo realmente relevante. Y que las actuaciones partidistas de los diferentes actores políticos (nunca mejor dicho lo de actores) no nos despisten porque, lo cierto es que, a día de hoy, las reformas que España necesita siguen sin ponerse en marcha. Y que, para luchar contra la corrupción política y regenerar la democracia, antes que una comisión de investigación, es mucho más necesario implementar determinadas medidas políticas. Y, en concreto, la principal: puesto que la Justicia sigue estando politizada, es decir, cautiva, o sea, en manos de los partidos políticos, despolitizarla.
Como apuntó en su día José María Fidalgo, "el mayor proceso de privatización habido en nuestro país durante los últimos años ha sido la apropiación por parte de los partidos políticos de la práctica totalidad de las instituciones del Estado". Y, de entre todas las apropiaciones indebidas, la más grave es la de la Justicia. Pocos síntomas más claros que éste de la degradación institucional que sufre nuestro país y del precario estado de salud de nuestra democracia. Y, por tanto, más allá de los fuegos de artificio y de la propaganda, nada mejor para luchar de verdad contra la corrupción política que despolitizar la Justicia.
El problema radica en la injerencia institucionalizada de los poderes políticos, el ejecutivo y el legislativo, en nuestro sistema judicial. O, más concretamente, en todas las instituciones del Estado con un cometido fiscalizador, cuya independencia es condición necesaria de la más elemental higiene democrática y de que dichas instituciones funcionen correctamente.
Hemos asistido atónitos al vergonzoso reparto por parte de los principales partidos políticos del Tribunal Constitucional (TC), asunto orillado de las informaciones por asuntos mediáticamente más llamativos pero mucho menos importantes. Mientras tanto, los vocales del Consejo General del Poder Judicial -órgano de control y gobierno de jueces y magistrados- siguen actuando, más como testaferros de los intereses partidistas que como independientes servidores públicos. Otro tanto puede decirse del Ministerio Fiscal, cuerpo profundamente jerarquizado y con una inquietante dependencia del Poder ejecutivo y, en especial, del ministro de Justicia de turno. Más intranquilizadora resulta la posibilidad de que sea el Ministerio Fiscal quien detente, en sustitución del juez instructor, la investigación de los procedimientos penales, precisamente porque el Ministerio Fiscal no garantiza la exigible independencia respecto del Poder político como para confiar suficientemente en que tal reforma no se convierta, al fin y al cabo, en un nuevo subterfugio para bloquear las causas penales contra la corrupción política.
La Justicia constituye un ejemplo paradigmático de la tremenda degradación de nuestro sistema democrático. Lejos de poner el grito en el cielo y optar por la clásica transferencia de responsabilidades, lo que los principales partidos políticos deberían acometer es un verdadero ejercicio de autocrítica, recordando que este gran cáncer tiene responsables y fácil solución... si hubiera voluntad política y vocación auténtica de servicio público.
Además de la despolitización de la Justicia, otras medidas son hoy día indispensables: entre otras, derogar cualquier tipo de ley de punto y final en procedimientos penales, derogar la doctrina Botín para que cualquier ciudadano o entidad puedan ejercer libremente la acusación plena en procesos penales, estudiar la inclusión en el Código Penal de un nuevo delito de malversación imprudente de caudales públicos para castigar a los empleados y cargos públicos que causen a las Administraciones o ciudadanos un perjuicio económicamente evaluable, impulsar las reformas necesarias para que los imputados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos en procesos electorales, modificar el Código Penal para restringir o suspender los beneficios penitenciarios de las personas con condena firme por delitos de corrupción, hasta que que sea devuelta la totalidad del dinero sustraído a las arcas públicas, prohibir los indultos a condenados por corrupción política, tipificar penalmente la financiación ilegal de partidos que incluya sancionar penalmente la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos tanto de sus estados contables como de su patrimonio social, incorporar a la legislación penal el delito de enriquecimiento ilícito o injusto de los cargos públicos electivos, suprimir los aforamientos, profesionalizar los Tribunales de Cuentas, despolitizar los medios públicos de comunicación o aprobar una ley de transparencia digna de tal nombre.
A esto deberían ponerse los responsables que nos gobiernan y nos representan, aunque muchos no nos veamos representados en el Congreso de los Diputados. Más allá de la propaganda, las estrategias y los fuegos de artificio, estas son las cuestiones importantes para hacer frente a la corrupción política.
