Este fue el aviso del Constitucional a Torra: riesgo penal por desobediencia

Nuevo órdago de Quim Torra. El presidente de la Generalitat de Cataluña ha avanzado en una comparecencia en el Parlament que tiene la intención de volver a poner las urnas durante esta legislatura para “la autodeterminación”. En otras palabras, otro referéndum antes de diciembre de 2021.

Estas palabras de Torra llegan en un momento muy complicado, después de que se hiciera pública de la sentencia del procés -que condena a la cúpula del anterior Govern con penas de cárcel de entre nueve y trece años-. Y, además, el anuncio se hace en mitad de unos turbulentos días con protestas violentas durante tres noches en Cataluña.

Asimismo, Torra promete poner las urnas un día después de que el Tribunal Constitucional le hiciera un aviso: riesgo penal por desobediencia. Es el primer apercibimiento que le ha hecho el Alto Tribunal, una advertencia que llega si incumple con la resolución del TC que suspende varios artículos del texto aprobado por el Parlament sobre el derecho de autodeterminación.

El TC ha emitido varias providencias admitiendo los incidentes de ejecución presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez contra resoluciones del Parlament. Una de ellas, aprobada en septiembre de este año, apuntaba al ejercicio de la autodeterminación.

En concreto, en la resolución del Parlament se reiteraba “el reconocimiento del derecho inalienable del pueblo de Cataluña a la autodeterminación y la voluntad de ejercerla con plenitud”.

El Constitucional ha trasladado al Ministerio Fiscal y al Parlament la petición de que se declare nula esta resolución y les ha dado un plazo de diez días para formular alegaciones. Y, muy importante, pedía notificar personalmente esta decisión a una serie de líderes, empezando por el propio presidente de la Generalitat.

Tiene que “paralizar” cualquier iniciativa de autodeterminación

A todos “se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.

Además de Torra, se advertía, entre otros, al presidente de Parlament, Roger Torrent, y a los consellers Meritxell Budò, Alfred Bosch, Miquel Buch, Josep Bargalló, Alba Vergés, Damià Calvet, Mariàngela Villalonga, Ester Capella, Chakir El Homrami, Àngels Chacón, Jordi Puigneró y Teresa Jordà.

Lanzaba también el Constitucional esta clara advertencia: tienen la “obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los incisos impugnados de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, así como su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015”.

Por lo tanto, si lleva a cabo su intención estará incumpliendo lo que le ha avisado el Tribunal Constitucional. Un anuncio que se produce en mitad del debate político si se debe aplicar ya el artículo 155 -como ha solicitado Cs-.

Desde el Partido Popular se ha solicitado a Sánchez que envíe ya un requerimiento a Torra, para que cumpla con sus obligaciones constitucionales. Este es el paso previo a pedir el 155.

El Gobierno no descarta ningún escenario, según dijo el propio presidente, Pedro Sánchez. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha advertido a Torra que “hay un límite a partir del cual está el Código Penal” y ha subrayado que votar es la “piedra angular” de la democracia, pero siempre dentro de la legalidad.

“El relato que hace Torra es una fantasía de su cabeza y del independentismo”, ha afirmado Calvo en Antena 3, tras escuchar las primeras palabras del president en el Parlament.

Un anuncio también de Torra en el que no se tiene en cuenta lo que decía la reciente sentencia del Supremo: no existe el derecho a decidir de una comunidad autónoma.