Cómo un Estado quiso acabar con una población esterilizando a sus mujeres

Victoria Vigo estaba embarazada de 32 semanas cuando acudió al hospital de Piura, al norte de Perú, aquejada de unas molestias. La situación se complicó, le practicaron una cesárea y el bebé nació vivo, pero sufrió un paro respiratorio y murió a las pocas horas. Victoria estaba tan afectada que uno de los médicos, al verla, trató de tranquilizarla: "Es joven, usted puede tener más bebés", la animó. Otro replicó: "No, a la señora ya la esterilizaron".

Era 1996 y Victoria tenía 30 años. Le acababan de hacer una ligadura de trompas sin su consentimiento. Su caso no es el único.

Han pasado dos décadas y todavía se desconocen las cifras exactas de esta política de barbarie practicada durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú. Se estima que entre los años 1995 y 2000 el ministerio de Salud peruano esterilizó al menos a 272.028 mujeres; en miles de esos casos, sin consentimiento o mediante engaño, coacción o soborno. Todo formaba parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar instaurado por el propio Fujimori, que se encargó de promocionarlo en foros internacionales y de conseguir financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Auspiciada en un primer momento bajo el paraguas del desarrollo, el feminismo y los derechos humanos, esta política pretendía "exterminar" —como precisa la propia Victoria Vigo— a una parte concreta de la población: la campesina, indígena, pobre y no castellanoparlante.

Pese a las evidencias de esta atrocidad por la que también murieron 18 mujeres, las primeras denuncias formales fueron archivadas. Hubo que esperar a 2012 para que el caso se reabriera por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2014, la Fiscalía peruana archivó el expediente, excluyendo de responsabilidad a Fujimori y a sus máximos responsables de Salud.

Engaños, humillación y condiciones infrahumanas

"Las operaciones a veces se hacían en carpas, en ferias de ligaduras de trompas, en casas militares del Ejército o en postas [centros de salud], donde no había ni los equipos ni los recursos suficientes para poder tratar a las mujeres", describe María Ysabel Cedano, abogada y directora de la organización feminista DEMUS, que representa a tres víctimas de esterilizaciones en la investigación fiscal que se está realizando en Perú.

En la gran mayoría de los casos, ni los medios eran los adecuados ni las víctimas eran conscientes. A muchas ni siquiera se les informó, otras accedieron a esterilizarse porque fueron acosadas, amenazadas o incentivadas con comida.

“En esa época éramos mujeres humildes y, como vivíamos en la chacra [campo], no sabíamos nada”, cuenta Lucinda Gómez, víctima de esterilización forzada. A Victoria Vigo la operaron en la ciudad, pero sabe que muchas mujeres campesinas corrieron una suerte incluso peor que la suya: “Las sacaban en carretilla, las tiraban al piso. Fue infrahumano”.

El HuffPost ha podido acceder a varios testimonios de víctimas de los Departamentos de Ayacucho y de Cuzco, situados en plena cordillera de los Andes y con una población mayoritariamente campesina y quechuahablante:

Lucinda Gómez tiene 52 años y es de Vilcashuamán. En 1998 una enfermera fue a su casa y le pidió que la acompañara porque iba a llegar a la ciudad “un carro con papilla” para niños. Su hijo tenía “un añito”, así que accedió. Después de caminar “durante tres horas” acompañada de dos de sus hijos y otra mujer del pueblo, vieron que no había ningún camión con papilla. Los enfermeros tuvieron que cambiar de táctica: ”¿Quieren ponerse una ampolla para el tétano?”, les preguntaron. “Yo dije que no. Pero nos obligaron. Mi esposo no estaba. Me llevaron adentro y cuando desperté ya estaba en la cama al lado de la otra señora”, explica. Lucinda no sólo sufrió engaño y burlas por parte de los sanitarios (“más bien debería agradecerlo”, le dijeron), sino que a día de hoy incluso su familia la humilla por lo que le hicieron. Hace unos años tuvieron que extirparle un ovario y el útero por las malas condiciones en las que la operaron.

Cirila Castro, de Acocro, tenía 24 años cuando nació su segundo y último hijo. Tres días después de dar a luz "hicieron firmar a mi marido el alta", pero en realidad era un permiso para hacerle una ligadura de trompas. Cuando ella se enteró y se quejó, los médicos le espetaron: "¿Es que quieres tener tantos hijos como un cuy [cobaya]?". Desde entonces se siente "enferma". "No podemos trabajar ni coger peso. Mi esposo también se amarga, no quiere saber nada", lamenta. Hace unos años le extrajeron el útero porque desarrolló células cancerígenas.

Aoristola Melguar, de 58 años, procedente de Vista Alegre, Carmen Alto, se puso de parto el 7 de octubre de 1996, pero no llegó a tiempo al centro médico y dio a luz en plena calle. Aun así la llevaron al hospital y le practicaron una ligadura de trompas sin su consentimiento ni el de su marido. "Me dijeron que me iban a hacer una limpieza", cuenta.

Victoria Sacsara Quispe, de 55 años, procedente de Socos, estaba embarazada de tres meses cuando sufrió un sangrado. La llevaron del centro de salud al hospital de Ayacucho y le practicaron una cesárea. El bebé nació muerto. Ahí le dijeron: "A partir de ahora no vas a tener hijos, te hemos hecho una ligadura". "Desde entonces estoy enferma, no puedo trabajar en la chacra, porque se me hincha la herida. Cuando voy a la posta por infecciones urinarias me dicen que es porque tengo muchas relaciones con mi marido, que no tengo nada y me quejo mucho. Ya no me quieren atender y por vergüenza ya ni voy", relata.

Rute Zúñiga es de Limatambo y preside la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas. El 17 de enero de 1999, cuando nació su última hija, los médicos la amenazaron: si no aceptaba someterse a una ligadura de trompas, no le darían el certificado de nacimiento de su bebé y tendría que pagar una multa. Ella se negó, pero tres semanas después llegó una ambulancia a su casa, la obligaron a subir "a la fuerza" y la llevaron al hospital. "Me quería escapar, pero no me dejaron ni ir al baño", recuerda. "Me adormecieron y empecé a notar la sangre cayendo. Me dolía mucho y me quejaba, así que me amarraron los pies y las manos". "No seas cobarde", le dijo el médico. Cuando todo acabó, sólo pensaba en su bebé y en las voces de otras mujeres que gritaban "¡agua, por favor!". Al salir le dieron "una pastilla para los dolores" y le hicieron firmar un papel. "No lo leí, pero firmé, ni siquiera pensé qué era". Un año después, no podía trabajar "ni alcanzar peso". "Hasta ahorita me molesta, me arde la cintura".

Fragmento del documental 'Su nombre es Fujimori' (2016), de Fernando Vílchez. A partir del minuto 5:20 se ven imágenes de cómo se hacían las esterilizaciones:

Tal y como desveló la investigadora Giulia Tamayo en el informe Nada personal, de 1999, había cupos mensuales de ligaduras de trompas que los profesionales sanitarios debían cubrir. Tras este informe, se hizo evidente que las esterilizaciones forzadas “no eran casos aislados de negligencia”, explica a El HuffPost Alejandra Ballón, investigadora y antropóloga social y discípula directa de Tamayo. “Incluso hubo enfermeras que se esterilizaron a sí mismas para cumplir el cupo”, apunta el cineasta Fernando Vílchez. “Eran los grandes años de la precariedad laboral y el temor a ser despedidas pudo con ellas”.

Una “práctica eugenésica” con las poblaciones indígenas

Si bien el programa de esterilizaciones se aplicó en casi todo el país, se cebó especialmente “con las poblaciones indígenas y rurales”, asegura Alejandra Ballón. “Con ellas la práctica eugenésica se hizo aún más patente”. En muchos casos, especialmente entre los pueblos shipibas de la Amazonía, “eran mujeres que iban por primera vez en su vida a un hospital, y no por gusto, sino porque los profesionales sanitarios iban a sus propias viviendas a acosarlas”, cuenta Ballón.

El factor lingüístico también fue clave: a veces las víctimas ni siquiera hablaban castellano, sino quechua o dialectos amazónicos, cuando cualquier documento informativo —si lo había— estaba escrito en castellano. “A las mujeres de Lima que conocían sus derechos no las esterilizaron, sólo a nosotras, que hablábamos quechua y no sabíamos nuestros derechos. No querían que la gente del campo procreara”, repone Rute Zúñiga.

“Pensaban ‘mientras menos pobreza, más desarrollo’. Y eso es una falacia —sostiene Victoria Vigo—; uno no es nadie para decidir por el cuerpo de otros”.

María Ysabel Cedano coincide: “Las esterilizaciones forzadas fueron un ataque sistemático y generalizado contra un grupo determinado de mujeres peruanas”. “La brecha es evidente; para empezar, hombre-mujer [se estima que se practicaron 25.000 vasectomías a hombres en el mismo período], y luego, un tipo de mujeres, sobre todo analfabetas. Está claro que lo planificaron para regiones con pobreza y pobreza extrema”, señala.

De ahí que Ballón hable de eugenesia —una forma de manipulación para el perfeccionamiento de la especie humana— y que Fernando Vílchez aluda a los tintes nazis de esta política fujimorista. En palabras de Victoria Vigo, las esterilizaciones fueron “la forma más sofisticada de querer exterminar a una población”.

Cedano no descarta estas hipótesis, pero añade otra: la de que el Gobierno ejerciera “el control de territorios a través del control de cuerpos”. “Perú tiene 25 regiones, pero hay un documento oficial que habla en concreto de siete donde se quería garantizar el cumplimiento de resultados de esterilizaciones forzadas y donde se practicaron más. Coincide que en estas regiones se extraen minerales, petróleo y madera y que además son comunidades indígenas, andinas, amazónicas”, argumenta. En cualquier caso, e independientemente de los motivos detrás de este plan, su organización denuncia que “usaron el cuerpo de las mujeres como medio para una política” y que eso es, de por sí, un crimen.

Sólo una víctima indemnizada, con 2.500 dólares

Ante ello, impunidad total. No ha habido “ni justicia ni reparación”, se queja Rute Zúñiga, mientras que hay “compañeras que han muerto y otras que ahora sufren cáncer”.

Sólo una de las miles de víctimas ha sido indemnizada: Victoria Vigo. ¿Su compensación? Unos ridículos 2.500 dólares.

“Luchar no fue fácil, porque era la época de Fujimori”, cuenta Victoria a El HuffPost. Y, aunque finalmente ganó el juicio, el triunfo fue bastante amargo.

El único condenado fue el médico que realizó la ligadura, que "siguió trabajando y sólo tuvo que pagarme de su sueldo 300 soles mensuales [unos 75 euros]". "Jamás se responsabilizó a los superiores que ordenaron y supervisaron esa política de Estado, ni médicos ni políticos", lamenta.

De hecho, Alejandro Aguinaga, ministro de Salud de Alberto Fujimori en la época, fue congresista hasta 2016. En 2011 trató de quitar peso a las esterilizaciones forzadas aludiendo a "fallas en casos esporádicos" y asegurando que "no llegan al centenar".

Una herida de nuevo abierta

Aunque Fujimori nunca fue juzgado por las esterilizaciones forzadas, el 7 de abril de 2009 se le condenó a 25 años de prisión por delitos de asesinato con alevosía, secuestro y lesiones graves. Y todas las víctimas sintieron como suya esa sentencia. "Por fin se hacía justicia contra un violador de los derechos humanos y por fin las víctimas podían cerrar su herida", apunta Fernando Vílchez.

Pero esa cicatriz volvió a abrirse la Nochebuena de 2017, cuando Fujimori fue indultado por el actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski. "He visto envejecer de golpe a las víctimas", afirma Vílchez. "Es una bofetada a la lucha de décadas".

Desde entonces miles de personas han salido a las calles a manifestarse, acusando al presidente Kuczynski de conceder el indulto a cambio de unos votos de congresistas fujimoristas para evitar su destitución.

“El indulto ha sido un trueque”, mantiene Victoria Vigo. “Se llevaba voceando meses atrás”, pero ella no se lo podía creer. “Era Navidad —recuerda— y fue insultante de la manera que se hizo. No concebíamos que llegara a ese punto”.

Victoria se declara “creyente” y defiende la idea del perdón. “Pero si no has reconocido tus culpas, si jamás has aceptado tus delitos, no puede haber perdón”.

Tanto la investigadora Alejandra Ballón como la abogada María Ysabel Cedano coinciden en calificar el indulto de “canje político inexcusable”. Para Cedano, “ha sido una muestra más de violencia y humillación, y de injerencia política y corrupción”. “Nos sentimos indignadas por estas autoridades corruptas”, apostilla Rute Zúñiga. “Parece que no hubieran nacido de una mujer”.

Aun así, las mujeres peruanas no se rinden y prometen seguir con la lucha. Este 8 de marzo volvieron a salir a las calles para pedir el fin de la impunidad por las esterilizaciones y en busca de “justicia por todas”. Y allí, como desde hace tiempo en sus marchas, se las escuchó gritar: ”¡Somos las hijas de las campesinas que no pudieron esterilizar!”.