Cómo evitar que el negacionismo cale en la sociedad con la llegada de la vacuna de la covid-19
Más de la mitad de los españoles desconfía del tratamiento, lo que podría generar una situación "inimaginable" de salud pública. Hay varias maneras de evitarlo.
Si todo sale según lo previsto, el 100% de la población española estará vacunada contra el coronavirus a finales de 2021. Así lo avanzaba la pasada semana el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero para que los planes del Gobierno se cumplan han de alinearse varios factores: por un lado, que las dosis lleguen efectivamente en los plazos estipulados; por otro, que el plan de vacunación esté listo para entonces; y por último, que los ciudadanos accedan voluntariamente a ponerse la inyección.
Pese a la logística que conlleva el envío, el transporte y la llegada y conservación del nuevo tratamiento, la respuesta de la sociedad —cuando toque someterse a él— inquieta.
Los movimientos negacionistas del virus se expanden alrededor del mundo al ritmo de la propia pandemia alentados, incluso, por voces conocidas. En España unos cuantos miles de ciudadanos piensan como Miguel Bosé: hacen ruido, lanzan mensajes sin evidencia científica y siembran la duda con su difusión. Pero más allá de lo que a día de hoy implica usar como altavoz las redes sociales o marchar sin mascarilla ni distancia de seguridad al son de “lo que mata no es el virus, es el 5G”, o “detrás está Bill Gates” —no es cosa menor—, su calado no preocupa en exceso.
Sí lo hace la negativa a vacunarse contra la covid-19 —por miedo o desconocimiento— de aquellos que se enmarcan fuera de estas corrientes negacionistas y antivacunas.
España, en el ‘TOP’ de países favorables a la vacunación
España ha sido tradicionalmente uno de los países de toda la Unión Europea más predispuestos a la vacunación, como avalan las investigaciones llevadas a cabo tanto por la Comisión Europea como por distintos Hospitales Universitarios.
Más del 90% de los ciudadanos del país considera que las vacunas son seguras (el 91,6%) y efectivas (un 94%). El porcentaje es todavía mayor cuando involucra a los niños: el 96,1% de los padres, según los datos de la CE de 2018, y algo menos, el 94%, según la última encuesta Vaccinoscopie Europe de 2019, creen importante y necesario vacunar a sus hijos. Incluso la inyectable contra la gripe estacional cuenta con una aceptación del 77,5%.
La del coronavirus, sin embargo, se desmarca de la tendencia. Según el barómetro especial de octubre 2020 publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 43,8% de la población admitía que no se vacunaría de inmediato pese a que el 62,4% consideraba entonces que habrían de tomarse medidas más exigentes para controlar la pandemia. A día de hoy, según los datos de noviembre, un 55,5% preferiría esperar a conocer los efectos antes de ponérsela frente a un 32,5% que lo haría de inmediato y al 8,4% que no se sometería a ella en ningún caso.
“Esta reticencia vacunal es diferente a la que se produce con otras inyecciones”, reconoce Pedro Gullón, médico especialista en Medicina Preventiva y doctor en Epidemiología y Salud Pública. “Podríamos decir que es más racional. Si hablas y discutes con quienes sostienen estos argumentos entiendes más sus puntos de vista”, asegura. “Tiene que ver más bien con una desconfianza hacia los procesos que se han llevado a cabo”.
“Cautela y reticencia”
“La gente todavía es cauta porque aún no se sabe qué vacuna habrá, y es lógico”, coincide Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). “En paralelo están la estrategia de las empresas al margen de la medicina y el proceso normal de generación de un nuevo producto sanitario”, explica. “Una vez se superen todos los filtros y la vacuna se ponga a disposición de las poblaciones, creo que bajará mucho la cautela y la gente empezará a ponérsela en cuanto esté disponible en las sucesivas fases”, añade.
Para ambos expertos que la reticencia se traduzca en un rechazo generalizado a la vacunación va a depender de muchos aspectos, pero fundamentalmente de los comunicativos.
“Dependerá de cómo las empresas farmaceúticas comuniquen los resultados. Evidentemente también de si estos son buenos o malos, de los efectos secundarios que se produzcan, y de cómo las administraciones manejen la reticencia vacunal”, aclara Gullón. “Sería muy negativo si la administraciones la confrontan ridiculizando a la gente que tiene reticencias”.
“Hay que ser muy sinceros con lo que salga. Si los resultados dan un 90% de efectos secundarios con frecuencia leve en los pacientes hay que decirlo y ser muy transparentes con esto, porque si no, cuando la gente se la empiece a poner y lo observe puede provocar mucho rechazo. Por ejemplo, la quemazón está presente en el 100% de las personas que se someten a ella. Habrá que decirlo para que no se lo encuentren por sorpresa”, advierte.
Transparencia en la comunicación
Que entre los primeros en someterse al nuevo tratamiento estén los sanitarios es un factor que puede contribuir a que poco a poco se diluya el escepticismo, sostienen los especialistas.
“El mismo uso generalizado y la suerte de monitorización que ha acordado la UE como sistema de información conectado en toda Europa para seguir el control post-vacunación, que producirá datos inmensos, darán seguridad”, coincide Hernández. “Aunque habrá cosas que hasta largo plazo no se sabrán”.
“En parte va a depender de los medios”, apunta Gullón. “De si, de pronto, un efecto secundario que aún no está confirmado se magnifica y en términos de comunicación se hace complicado de manejar”, señala.
“Hay que ser transparentes y no mentir. Se ha intentado dar seguridad con respecto a los plazos de la vacuna, por ejemplo, y se han incumplido, porque los procesos de investigación son lentos. Nada hace pensar que haya algo raro con respecto a la evaluación, que la gente tenga seguridad de que no se están acelerando procesos sin tener en cuenta los criterios que sigue cualquier otra vacuna”, recalca.
Pero, ¿y si a pesar de todo el mensaje no convence?: “Es un escenario que me cuesta plantearme”, reconoce Hernández. “La respuesta siempre ha sido muy buena en España. Confío en que los hechos hagan deseable la vacunación. Si se producen las cosas como deseamos, es decir, si la Agencia del Medicamento aprueba la vacuna y se confirma su eficacia, esa fuerza de los hechos hará diluir los mensajes de cautela, y si no los diluye habrá que seguir vacunando y monitorizando a partir de una comunicación convincente”.
Voluntariedad frente a obligatoriedad
Renunciar al consentimiento no es lo deseable para la gran mayoría de expertos, pero el mecanismo legal para imponer su obligatoriedad existe. “Hay normas que permiten al Gobierno establecer ciertas acciones en casos fundamentalmente de crisis sanitarias tales como las epidemias, con la correspondiente autorización judicial. Las autoridades competentes pueden adoptarlas por razones de urgencia y necesidad si existe un riesgo colectivo, lo que supone desplazar el principio de voluntariedad”, corrobora Nuria Garrido, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Dos leyes de 1944 y 1986 ofrecen cobertura a este supuesto amparándose en la adopción de medidas que limiten derechos individuales, siempre que beneficien a la mayoría de la comunidad.
“Yo no soy partidario de utilizar medios coercitvos”, recalca Hernández. No hay que descartarlo en situaciones individuales y para eso tenemos una ley de medidas especiales que se puede aplicar en situaciones muy concretas, como el caso de Granada, pero a nivel población... Si hay que vacunar a la gente habrá que convencerla, es la mejor forma”, apunta.
“Cualquier otro método que en España no hemos necesitado usar para lograr que el país tenga unas coberturas envidiables, de las mejores del mundo, no parece tener sentido, ni que sea el terreno ni el contexto para cambiar en este momento de estrategia”, sostiene.
“No solo podría ser contraproducente sino que las situaciones derivadas que que se podrían llegar a producir con demandas y el uso de la vía judicial serían ‘kafkianas’, reconoce.
“Hay juristas que las han apoyado alguna vez, pero creo que están un poco alejados de la práctica de Salud Pública donde los marcos de ética que utilizamos siempre abogan por medidas no coercitivas, si son posibles. Son mucho menos disruptivas y, además, suelen ser más efectivas”.
