Cómo acabaron los boicoteadores del PP a Madrid Central encargándose del transporte de la ciudad

“La oposición a Carmena son Montoro y Cifuentes”. Esta frase la pronunció Rita Maestre, entonces portavoz del Ayuntamiento de Madrid, en un acto del periódico Ctxt  en el Teatro del Barrio, en Lavapiés a finales de 2017, pero era muy habitual escuchar expresiones similares entre los miembros de la anterior corporación municipal.

Ante la marcha de Esperanza Aguirre y la invisibilidad de José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís —desconocidos en aquel momento por el gran público—, el Ministerio de Hacienda y la Comunidad de Madrid se convirtieron en los verdaderos arietes del PP contra la alcaldesa Manuela Carmena. Algunos de los boicoteadores en la sombra —como Borja Carabante y Alfonso Sánchez Vicente— han sido premiados y, paradojas de la vida, están al frente del transporte público.

Los palos en las ruedas, las batallas judiciales y los enfrentamientos fueron constantes durante los cuatro años que estuvo Carmena en el Palacio de Cibeles. Las viejas peleas entre Aguirre y Gallardón parecían escaramuzas de un patio de colegio, comparado con la auténtica guerra vivida entre 2015 y 2019. Los conservadores lograron sonoras victorias, como el cese de Carlos Sánchez Mato como delegado de Economía, pero también duros reveses, como cuando la justicia dictaminó que no hubo delito en la compra de Bicimad.

Objetivo: frenar a Sabanés

La política de medio ambiente y movilidad fue uno de las principales campos de batalla entre la derecha y la izquierda. Carmena puso a la ecologista Inés Sabanés al frente de esta área de Gobierno. Ella fue la principal responsable de poner en marcha Madrid Central —la zona de bajas emisiones del centro de la capital—, considerada como la medida estrella de Ahora Madrid, pero también de la aplicación del protocolo anticontaminación, la renaturalización del río Manzanares, la municipalización del servicio público de bicicletas —con notable éxito— y los aparcamientos o la implantación del contenedor marrón de residuos orgánicos.

El PP emprendió todas las batallas judiciales posibles para frenar la labor de Sabanés, aunque algunos en privado reconocían que movilidad era el área que mejor funcionaba. Daba igual que fuera Bicimad, la ordenanza de movilidad, Madrid Central o los semáforos de la A-5, todo se llevaba a juicio con el objetivo final de que el Ayuntamiento fracasara. Los madrileños sufrían las consecuencias: la ampliación de 42 estaciones de bicicletas públicas se anunció en 2017, pero se retrasó hasta bien entrado 2019 por la denuncia de los conservadores.

La conflictividad institucional por parte del Ejecutivo regional —al frente del cual se han sucedido tres presidentes durante cuatro años Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Pedro Rollán— fue máxima en momentos especialmente preocupantes. Cuando el Ayuntamiento puso en marcha Madrid Central en noviembre de 2018, la Comunidad redujo el número de trenes que circulaban por la red de metro. El periódico El Mundo desveló que en pleno Black Friday circularon un 23% menos de los conyoves programados. La vida al revés.

A pesar del éxito de Madrid Central para reducir la contaminación y de la masiva movilización ciudadana a su favor, el PP de Madrid no solo no se ha arrepentido de esta estrategia de boicot, sino que ha premiado a sus principales responsables con importantes cargos institucionales.

Carabante, un ‘pata negra’ para acabar con Madrid Central

Uno de los principales artífices de la batalla contra la política municipal de movilidad de Ahora Madrid fue Borja Carabante, consejero delegado de Metro de Madrid entre noviembre de 2016 y junio de 2019, que ha sido nombrado delegado del área de Gobierno de medio ambiente y movilidad.

Carabante (Madrid, 1975) está considerado como un “pata negra” del PP de Madrid, donde ejerce desde hace dos años de presidente de la agrupación de los conservadores en Fuencarral - El Pardo, el distrito madrileño que más papeletas aporta a los partidos de derechas.

Su vida lleva ligada a la política desde hace muchos años. Tras estudiar economía en la Universidad Complutense de Madrid y trabajar en Caja Madrid, Carabante fue elegido diputado en la Asamblea de Madrid en 2003 con solo 28 años, un cargo en el que seguiría durante cuatro legislaturas hasta 2015, para después dar el salto al Ayuntamiento de Madrid durante un año como concejal de la mano de Esperanza Aguirre.

Un año antes de su elección como cargo público, Carabante contrajo matrimonio con Mónica Álvarez del Manzano, hija del entonces alcalde José María Álvarez del Manzano. La boda se celebró en abril de 2002 en la basílica madrileña de San Miguel y contó con la asistencia de la plana mayor del PP como Ana Botella, Esperanza Aguirre, Luisa Fernanda Rudi, Federico Trillo y Jaime Mayor Oreja, contaba la revista Hola. Casualidades de la vida, yerno y suegro compartieron lista electoral 17 años después: ambos iban en la papeleta encabezada por José Luis Martínez-Almeida en las elecciones de 2019.

Antes de ponerse al frente de Metro, Carabante había sido viceconsejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras entre 2011 y 2015 con Pablo Cavero como jefe. Durante esta etapa se amplió la línea 9 en una estación hasta Paco de Lucía y se prometió llevar el metro a Torrejón de Ardoz, un proyecto que nunca vería la luz, a pesar de haber gastado 11,4 millones de euros. Aunque la actuación más recordada de este departamento fue la venta de casi 3.000 viviendas públicas al fondo de inversión Goldman Sachs.

La gestión de Carabante como gerente del suburbano madrileño ha sido muy cuestionada: incumplimiento de las frecuencias, falta de maquinistas y de trenes para hacer frente al aumento de la demanda, compra de 60 trenes que no llegarán hasta 2022, cierre de líneas completas por obras ante la falta de mantenimiento y averías constantes en las escaleras mecánicas. Durante estos años, solo se ha inaugurado una estación, Arroyofresno, que llevaba construida desde 1999. La demora de la remodelación de la estación de Gran Vía —que nadie sabe cuándo reabrirá— o el cierre parcial de la línea 2 tras verse afectado por las obas del complejo Canalejas son dos de sus últimos ‘triunfos’.

Tampoco conviene olvidar la crisis del amianto —con cinco trabajadores con enfermedad laboral reconocida y dos de ellos muertos— un material que no se retirará totalmente de la red hasta 2025. “Ya son 50 trenes los que están paralizados a consecuencia de la aparición del amianto para proceder a su desamiantado. Este hecho ha repercutido muy seriamente en la calidad de circulación de los trenes de Metro de Madrid, ya que esa gran falta de trenes por línea ha llevado al caos y aglomeraciones en las estaciones del suburbano provocando, como consecuencia, graves situaciones de falta de seguridad”, señalaban desde el Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro de Madrid en un duro comunicado haciendo balance  de la gestión.

Tras la vuelta de los conservadores al Palacio de Cibeles, Carabante intentó cumplir la promesa electoral de Almeida de eliminar Madrid Central, pero la justicia paralizó la moratoria de multas que pusieron sobre la mesa. La credibilidad del nuevo equipo de Gobierno en materia de contaminación quedó muy afectada. “Va a ser la prioridad de este gobierno”, ha asegurado el político. Resulta difícil de creer. La Comisión Europea reactivó el procedimiento para sancionar a España por la contaminación en Madrid y Barcelona.

Sánchez Vicente, de restringir a la EMT a dirigirla

Otro de los grandes generales de la guerra era Alfonso Sánchez Vicente, gerente del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) —el organismo creado en 1985 que coordina el transporte público en la Comunidad de Madrid— entre 2016 y 2019, que ahora ha sido nombrado gerente de la Empresa Municipal de Transportes, la empresa pública que gestiona los autobuses, las bicicletas y los aparcamientos.

Sánchez Vicente es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. A diferencia de Carabante, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en la empresa privada, en el sector de la construcción e inmobiliario. Antes de llegar al Consorcio, había sido alto cargo del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. “Al contrario de los demás tiene una trayectoria profesional que va más allá de ser del PP, solo que no vinculada a la movilidad”, apunta Álvaro Fernández Heredia, gerente de la EMT durante la etapa de Carmena, a El HuffPost.

Aunque el declive del Consorcio viene de lejos, este organismo se convirtió durante la etapa de Sánchez Vicente en una herramienta para torpedear la acción de Carmena, gracias a la mayoría que ostenta la Comunidad de Madrid en el consejo. El Ayuntamiento denunció en 2017 que el Ejecutivo regional bloqueaba la creación de nuevas líneas, la prolongación de otras y la recuperación de servicios suprimidos durante la crisis.

Las mejoras para los madrileños llegaban a cuentagotas. “Es evidente cómo ha mejorado el servicio a los ciudadanos. Para llegar más lejos hubiera sido necesario contar con la colaboración y complicidad del Consorcio Regional de Transportes de Madrid”, lamentó el exgerente de la EMT en su carta de despedida a los trabajadores.

La gran actuación del Consorcio durante esta etapa fue la implantación de la tarjeta Multi, que ha resultado un fracaso. Se trata de un carnet de plástico en el que se pueden meter algunos de los títulos del transporte público madrileño, pero que excluye los billetes sencillos de los autobuses de la EMT o los de los trenes de Cercanías.

A diferencia de lo que ocurre en muchas ciudades de España y de la UE, no se aprovechó la ocasión para implementar un sistema integrado de tarifas —que permita hacer transbordo entre diferentes medios de transporte— o monedero —se recarga dinero para gastarlo según se use—, sino que se mantuvo el mismo sistema de siempre.

“Su etapa en el Consorcio se puede decir que ha pasado desapercibida. Más allá del abono joven, que no deja de ser una medida política, y de la implantación de la multi, que mucha gente tilda de chapuza, el Consorcio se ha quedado anclado en el pasado. En estos últimos años hemos visto un Consorcio menos técnico y más instrumento político de los intereses del PP”, asegura Fernández Heredia.

Tras su implantación se hizo famoso un tuit del astronauta Pedro Duque, actual ministro de Ciencia, en el que se quejaba porque no era capaz de entenderlo. Las colas de turistas desconcertados en el aeropuerto de Madrid Barajas se han vuelto la tónica habitual.

Gonzalo, la gran perjudicada por su amistad con Cifuentes

La única gran generala de la guerra contra Carmena que no ha sido recompensada todavía se llama Rosalía Gonzalo (Guadalajara, 1969), consejera de Transportes en funciones. Se opuso a la zona de bajas emisiones en todo momento y no facilitó su implantación. “Madrid Central no va a arreglar la contaminación”, sentenció en diciembre de 2018 en el programa Madrid Directo.

Tras las elecciones municipales, Gonzalo celebró que la suma de los partidos de derechas revertirían este proyecto de Carmena. “No puede ser un Madrid Central decidido única y exclusivamente por una Administración”, aseguró entonces.

A pesar de su beligerancia contra Madrid Central, los conservadores no incluyeron a Gonzalo en las listas de las elecciones autonómicas. Pesó más su amistad con Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid. Gonzalo fue su directora de gabinete cuando estaba al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid y fue una de las pocas consejeras que le mostró su afecto en público cuando dimitió.

Tras la caída en desgracia de Cifuentes al descubrirse que había falsificado un máster en la Universidad Rey Juan Carlos y que había robado unas cremas en un supermercado, los cifuentistas empezaron a perder poder. Gonzalo ni siquiera fue elegida compromisaria en el Congreso que eligió a Pablo Casado, a pesar de ser consejera regional y presidenta del PP en el distrito Centro.

La purga a la hora de elaborar las listas del PP para las elecciones autonómicas fue tal que solo sobrevivieron cuatro consejeros de Ángel Garrido. A pesar de que ya se esperaba una caída de apoyos (y de escaños), no era una cuestión de espacio, ya que sí hubo hueco para incorporar a Alicia Sánchez-Camacho, expresidenta del PP catalán, aunque no había vivido en Madrid.

El PP y Ciudadanos empiezan a pelearse

Los reveses judiciales y europeos empiezan a hacer mella en el nuevo equipo de Gobierno que dirige Almeida. Los conservadores han pasado de querer eliminar Madrid Central a presumir de las multas a los ciudadanos que acceden incorrectamente a la zona de baja de emisiones. “Va a ser este gobierno el primero que sancione definitivamente por acceder Madrid Central”, ha afirmado Carabante.

A pesar de haber criticado la división interna en Ahora Madrid, las diferencias entre el PP y Cs ya se han dejado ver cuando apenas han pasado dos meses desde que el nuevo Gobierno echara a andar. Ambas formaciones votaron de manera distinta en el pleno del pasado lunes cuando se debatía una proposición de Más Madrid que instaba a “trasladar al Gobierno de la nación y a la Comisión Europea la voluntad de mantener Madrid Central con sus correspondientes plazos en su desarrollo”. La propuesta salió adelante gracias a la abstención de Ciudadanos, a pesar del voto en contra del PP. “No vi división”, aseguró Almeida.

El malestar entre ambos socios se ha incrementado a lo largo de la semana, cuando se ha conocido que el PP ha realizado nombramientos el área de transportes sin consultar a Ciudadanos, formación a la que le correspondería esta consejería según el pacto firmado entre ambos partidos.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por Pedro Rollán, ha nombrado este miércoles al exalcalde de Majadahonda Narciso de Foxá como consejero delegado de Metro de Madrid y al exalcalde de San Lorenzo de El Escorial José Luis Fernández Quejo como gerente del Consorcio de Transportes. Ambos políticos iban en la lista de Díaz Ayuso en las elecciones de 2019, pero no consiguieron el escaño tras el desplome de votos que sufrió el PP.

La elección de Foxá al frente del suburbano —después de dos meses con el puesto desierto— ha generado un enorme malestar entre los liberales, que pretenden sustituirle en cuanto lleguen a la consejería, según publicaba ABC. Su experiencia en temas de movilidad es nula. Además, se encuentra imputado por un presunto delito medioambiental y urbanístico por permitir que el hospital Puerta de Hierro funcionase sin licencia desde 2008.

¿Llegará el día en que se elija a los responsables por su experiencia y no por su amistad?