Las claves del plan de respuesta a la crisis del Gobierno

El Gobierno ha aprobado este martes las medidas del plan de choque para paliar las consecuencias derivadas de la crisis de la guerra de Ucrania. Lo ha hecho en una reunión del Consejo de Ministros en la que se han dado luz verde al paquete de ayudas y créditos por valor de 16.000 millones de euros, así como la bonificación en el precio del combustible que ya adelantó el presidente Pedro Sánchez el lunes y que, finalmente, entrará en vigor este viernes.

La tres vicepresidentas del Gobierno -Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera-, han sido las encargadas de detallar la serie de iniciativas que se pondrán en marcha en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Calviño ha destacado que el plan nacional de respuesta cuenta con ocho objetivos y cinco pilares de actuación: ayudas a familias, trabajadores y desplazados; ayudas al tejido empresarial; medidas en materia de transportes;  ciberseguridad y energía. Buena parte de ellos están centrados en contener el alza del precio de la energía, gas y carburantes, evitando una espiral inflacionista, así como proteger a las empresas y trabajadores afectados, especialmente pymes y autónomos.

Díaz ha centrado su intervención en mandar mensajes claros al conjunto de los empresarios y empleadores, pero también a los grandes tenedores de vivienda. Ni es momento de despedir, ni es momento de realizar subidas de los alquileres. “De esta crisis vamos a salir juntos”, ha asegurado la ministra de Trabajo, quien ha aprovechado para anunciar que se incorpora una nueva prohibición al despido, la relativa a las causas del aumento del precio de la energía. También ha desvelado que España ratificará el convenio 189 para la mejora de las condiciones de las trabajadoras domésticas.

Estas son las principales medidas que contiene el plan de choque aprobado por el Gobierno y que deberá ser convalidado en el plazo de un mes en el Congreso donde el Ejecutivo no se encontrará con la oposición de los socios habituales de la legislatura, que sí exigen su tramitación como proyecto de ley para incorporar modificaciones durante su debate.

La bonificación del combustible

Como ya era conocido, uno de los pilares del plan de choque es el de extender la bonificación al carburante que se implementará en el sector del Transporte a toda la ciudadanía. Será de un mínimo de 20 céntimos, de los que el Gobierno sufragará 15 y las petroleras 5. No obstante, hay empresas que ya han anunciado una mayor implicación en la rebaja del carburante. Esta ayuda también tiene como límite el 30 de junio, pero podría ser prorrogada en función de la situación.

Avales del ICO

Buena parte del presupuesto con el que está dotado el plan de respuesta responde a la puesta en marcha de una nueva línea de avales de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 10.000 millones de euros. Estos podrán ser solicitados hasta el 31 de diciembre y tendrán un periodo de carencia de 12 meses. También se flexibiliza el código de buenas prácticas aplicable a todos los avales vivos correspondiente a los créditos covid en materia de plazos. “Ya no es necesario que la cifra de negocio en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a esa ampliación de plazo”, ha explicado Nadia Calviño.

Ayudas sectoriales: transporte, pesca, agricultura e industria

De la misma manera, se han aprobado ayudas directas de 362 millones para el sector de la agricultura y la ganadería; 68 para el pesquero; 500 para la industria gran consumidora de energía y otros 125 para industria con utilización intensiva de gas. Se suman, además, a los 450 destinados al transporte de mercancías y viajeros, que fueron acordados en el pacto entre el Ejecutivo y la mayor parte de las empresas del ramo agrupadas en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). Permitirá a los profesionales a accedes a subvenciones por valor de 1.250 euros por camión, 900 por autobús y 500 por furgoneta.

Limitación de la subida del precio del alquiler

En materia de protección de vivienda, Yolanda Díaz ha desgranado cómo se realizará ese límite a la revisión de los precios de los alquileres hasta un máximo del 2% en los próximos tres meses. Mientras que los grandes tenedores tendrán que atenerse a dicho límite, los propietarios de viviendas físicas podrán renegociar la renta con carácter subordinado. En caso de que no se alcance un acuerdo entre ambas partes, no podrá haber una subida mayor a dicho 2%.

Ingreso Mínimo Vital, bono eléctrico y gas

El plan también contempla el aumento de la cuantía que perciben los usuarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en un 15%. Además, se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a 1,9 millones de hogares; se prórroga hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la luz, es decir, todas aquellas medidas que el Gobierno ya había impulsado para contener el alza energética previas al inicio de la guerra de Ucrania.

No es la única la prórroga de otra medida de relevancia, puesto que también se extiende la prohibición de incrementar la factura del gas en más de un 5% por trimestre para aquellos hogares que tienen contratada la tarifa regulada o Tarifa de Último Recurso (TUR), una medida que está en vigor desde octubre.

Reducción de los beneficios ‘caídos del cielo’ de las eléctricas

Era una de las grandes medidas previstas, pero todavía no concretadas. El Gobierno aplicará una reducción en los beneficios obtenidos por las eléctricas por los altos precios que obtienen en el mercado mayorista por el alto precio del gas en las centrales que no lo usan cuando renueven contratos o firmen nuevos que superen el umbral de entre los 67 y los 70 euros por megavatio hora (MWh).

Ribera ha explicado que esta medida extiende la regla de reducción de los beneficios extraordinarios (los conocidos como “beneficios caídos del cielo” (windfall profits) obtenidos por centrales de generación eléctrica que no consumen gas, pero que sí se benefician de los altos precios que marcan en el mercado mayorista los ciclos combinados que utilizan gas.

La vicepresidenta tercera ha señalado que el mecanismo para minorar sus beneficios se les aplicará cuando, al renovar un contrato de electricidad o firmen uno nuevo, el precio que oferten esté por encima de los umbrales que se fijaron en octubre, alrededor de entre 67 y 70 euros/MWh, y se les reducirán los beneficios obtenidos, al considerar que “están por encima de aquello que es razonable” y sólo pueden ser imputados al desorbitado crecimiento del precio del gas.

Activación de los ERTE

La puesta a disposición de los ERTE para aquellas empresas que se vean afectadas por la crisis está acompañada de dos prohibiciones al despido, una cuestión que ha provocado cierta tensión entre el Gobierno y la CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, aludió a la ministra de Trabajo diciendo que “si a la ministra le parece muy bien que no se puede despedir, que monte una empresa ella y que lo haga”. Yolanda Díaz ha recordado que el objetivo del Gobierno es garantizar una salida a la crisis como se hizo con la pandemia, es decir sin posibilidad de que las empresas que reciban una ayuda pública puedan despedir. Se suma la ya citada decisión de impedir la justificación de encarecimiento del precio de la energía para despedir.

Plan de ciberseguridad

También se ha aprobado el Plan Nacional de Ciberseguridad que, finalmente, estará dotado con una inversión de más de 1.200 millones de euros, frente a los 1.000 millones anunciados inicialmente. Incluye la puesta en marca del centro de operaciones de ciberseguridad de la Administración General del Estado (AGE), que fue adjudicado en febrero a Indra y a Telefónica. De forma paralela, se ha aprobado un real decreto de ciberseguridad 5G, que transpone la ‘caja de herramientas’ en este campo de la Comisión Europea, con el objetivo de acelerar el despliegue seguro de esta tecnología en el país.