Fosas, Valle, sentencias, reconocimiento: las claves de la ley contra la desmemoria

Hoy es el día: el Consejo de Ministros aprobará la Ley de Memoria Democrática. Un norma necesaria, que viene a cubrir lagunas y que acerca a España a las democracias más sanas, las que han sabido emprender el camino de la verdad, la justicia y la reparación. No es ni un ajuste de cuentas ni un bisturí para reabrir heridas, como dicen sus detractores.

Tras el reconocimiento de la necesidad de una política de memoria que supuso la primera Ley de Memoria de 2007, ahora se da un paso más, esencial, para dar respuesta y reparación a los represaliados y sus familias, mejorar las investigaciones científicas, crear un contexto divulgativo óptimo en los colegios e institutos y corregir actitudes que no pueden tener cabida en un estado de derecho. Cuidar la memoria, desde el respeto y el reconocimiento, para hacer una sociedad más sólida sobre ese recuerdo.

El articulado pasa por La Moncloa con una semana de retraso. Debió aprobarse la pasada semana, pero la marcha inesperada de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a cargo de las competencias de Memoria, hizo oportuno esperar unos días más. Ahora, su sucesor, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, será quien explique en qué consiste, qué aporta respecto a la norma de José Luis Rodríguez Zapatero. Que no es poco.

A grandes rasgos, obliga a los poderes públicos a recuperar los restos de perseguidos que aún están en fosas y cunetas, persigue la exaltación y el enaltecimiento de la dictadura -lo que en la práctica supone, por ejemplo, ilegalizar la Fundación Francisco Franco-, promueve la conversión del Valle de los Caídos en un lugar de memoria, retira las medallas y títulos nobiliarios a quienes ayudaron en la represión y anula las sentencias franquistas. El articulado de la ley, que tendrá forma de Real Decreto, se desarrolla en torno a cuatro principios clave: Verdad, Justicia, Reparación y Deber de Memoria del Derecho Humanitario Internacional. Justo el marco que ya rige otras memorias, como la chilena, la argentina o la alemana.

La incógnita de última hora

Crisis de Gobierno aparte, la norma se ha visto alterada, respecto a la presentada en septiembre del pasado año por Calvo, por las sugerencias presentadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe no vinculante aprobado el 7 de junio. El CGPJ advertía que perseguir la apología del franquismo “sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas” podía entrar en contradicción con el amparo constitucional a la libertad de expresión, del mismo modo que prohibir manifestaciones o concentraciones de este sesgo ideológico podía chocar con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho de reunión.

Finalmente, el Ejecutivo ha encontrado una vía que permite conjugar su idea de prohibir cualquier pronunciamiento a favor del franquismo bajo el supuesto de que la apología de este régimen supone “vilipendio” hacia las víctimas de la dictadura y no habrá marcha atrás: mantendrá los preceptos legales encaminados a terminar con las expresiones públicas de exaltación del franquismo y disolver entidades que enaltezcan al dictador, como la Fundación Francisco Franco.

Por tanto, la norma tendrá en el punto de mira a quien haga exaltación del régimen, porque no es compatible con el respeto que una democracia debe a las víctimas de la Guerra Civil y de la represión posterior.

Los nuevos aportes

La nueva norma incorpora un amplio catálogo de preceptos que tratan de profundizar y avanzar en los objetivos ya incluidos en la Ley de Memoria Histórica de hace 14 años. Uno de ellos, esencial, es el reconocimiento expreso de las víctimas de la contienda y exiliados, así como su protección, un aspecto en el cual el CGPJ también alertó de que podía suponer una tutela “asimétrica” respecto a la dignidad de otras víctimas de otros hechos sucedidos en el mismo período histórico.

También se coge el toro por los cuernos en cuanto a la condena, primera de un Gobierno, del golpe de estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura y se declaran nulos de pleno derecho los juicios represivos del franquismo; sobre esta nulidad el Consejo también ha sugerido la conveniencia de limitarla “a la existencia de un contenido específico de condena o sanción”. Habrá que ver cómo explica hoy Bolaños la redacción final.

Con los restos de Francisco Franco ya fuera del Valle de los Caídos, se establece el marco legal para transformar este enclave en un cementerio civil donde se rinda homenaje a las cerca de 30.000 víctimas de los dos bancos de la contienda, sin que ninguno de los enterrados pueda ocupar un lugar “preeminente” en el recinto, como sucede con José Antonio Primo de Rivera, fusilado en 1936. Los familiares de aquellos represaliados cuyos restos están inhumados en el Valle podrán recuperarlos, porque ven sus pretensiones reconocidas como derechos. Ya hay un plan inicial de exhumación inmediato, a raíz de las reclamaciones de una sesentena de familias.

El futuro desarrollo normativo de esta ley permitirá extinguir la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, dirigida por benedictinos, y la gestión de la basílica pasará a Patrimonio Nacional, con la idea primordial de abordar su “resignificación” definitiva como “lugar de memoria democrática”. Eso supone que dejará de percibir las subvenciones de Patrimonio por gestionar el recinto, que ascendían hasta los 340.000 euros anuales.

Los nuevos lugares de Memoria Democrática, como el de la basílica de Cuelgamuros, tendrán única y exclusivamente funciones conmemorativas y didácticas. Nada de apología o exaltación: no hay más loas posibles que las democráticas.

Pero el aspecto que mayor repercusión puede tener en el ámbito de la memoria histórica y la reparación de las víctimas es el impulso a las exhumaciones de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, como la habilitación de un banco de ADN que facilite las identificaciones. Las asociaciones y los investigadores llevan años y años reclamando algo tan sencillo como un lugar en el que poder tener los datos, comparar e identificar a las víctimas, para darles la sepultura elegida por sus allegados. Es el hueso al aire, lo que más duele a los supervivientes y las familias de las víctimas. Se calcula que hay más de 2.000 fosas comunes, en las que maldescansan 130.000 personas.

Y también es muy novedoso el flanco educativo: se incluye la memoria dentro del curriculum escolar de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, algo que ha quedado reconocido ya en la recién estrenada Ley Celaá de Educación. Habrá formación más temprana de los docentes, para que sepan cómo enfocar estos conocimientos. En este momento, la II República, la Guerra Civil o el franquismo se incluyen en la asignatura de Historia y en ocasiones, por coincidir con el final de curso, ni se llega a tocar. Ahora, como decía Calvo, toca, “actualizar contenidos” que incidan sobre unos temas que, de manear más amplia, deberán ser “elemento capital” de los “valores” que se inculquen a niños y adolescentes en los centros escolares. Se incluirá el “conocimiento de la historia y de la memoria democrática y la lucha por los valores y libertades democráticas”.

“Nunca más requiere decir que todos sepamos, estemos informados y podamos ser conscientes y responsables del sostenimiento de la democracia siempre”, enfatizó en otoño la ya exvicepresidenta.

Dentro de esta vía de ampliar el conocimiento de esos años, la ley establece la necesidad de proteger los archivos hasta 1978 , garantizar el acceso a investigadores y también a familiares y también para poder hacer mapas de fosas y conocer historias que deban ser investigadas. “Se protegen los de documentos referidos a la Guerra Civil y la subsiguiente represión política, así como se garantiza el derecho de acceso a dichos fondos documentales”, informó el Gobierno.

Protección judicial y multas

La norma contempla, también, la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas e investiga los crímenes del franquismo planteada en el anteproyecto se retoca a instancias del Consejo Fiscal, y la norma hace ahora referencia al fiscal de Sala encargado de estos asuntos. La idea es investigar violaciones de los derechos humanos desde el golpe de estado, la guerra civil y la dictadura, hasta la aprobación de la Constitución, en 1978, lo que no contenta a las víctimas de años posteriores, ya en democracia pero con la sombra del fascismo muy presente y aún haciendo daño.

Será esta una medida en la que hilar fino, porque ya hay familias que han recurrido a la justicia de otros países, como la argentina, para arrojar luz y justicia sobre los suyos, así que hay que ver si esos procesos ya abiertos se pueden plantear también en España, a través de a nueva fiscalía. Tampoco está claro, hasta que se conozca el detalle de la ley, si puede chocar con ley de amnistía de 1977.

Otra novedad que se incluye en la norma es que por primera vez se establece un régimen sancionador con multas de hasta 150.000 euros para las infracciones más graves, como la destrucción de fosas, el menoscabo de lugares de memoria democrática, acudir a una manifestación con banderas franquistas o proferir proclamas que atenten contra la dignidad de las víctimas. Y podrán ser castigadas conductas como la negativa a retirar símbolos franquistas de los edificios públicos.

El Consejo de Ministros también va a declarar declara la nulidad de todas las sentencias franquistas, las emitidas durante la propia Guerra Civil y las de los 40 años posteriores de dictadura. Aquí se recogen todos los cargos dictaminados por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, así como por orientación sexual. Entran, en esta categoría, los autos de los Consejos de Guerra, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público y la depuración profesional.

Tampoco valdrán ya los títulos nobiliarios otorgados a amigos del régimen ni se pagarán las medallas a personas que causaron evidente daño, a las órdenes de la dictadura. Ni condecoraciones para los torturadores ni nobleza para los fascistas, en resumen.

El camino que resta

Tras el visto bueno del Consejo de Ministros y la coalición PSOE-UP, llegará el trámite más complejo: el del Congreso. Su aprobación no se prevé fácil ni rápida ya que, hasta ahora, el borrador no cuenta con el apoyo completo de las asociaciones memorialistas ni de los grupos que necesita el Gobierno para sacarla adelante en el Congreso, como son ERC y EH Bildu. Podemos, aunque parte sea Gobierno como tal, también la ve “insuficiente” y confía en que se pueda mejorar durante su trámite parlamentario. Hay una oposición total, esperada, por parte de formaciones como el PP y Vox.

Las asociaciones, aunque reconocen los avances, entienden que la norma se queda corta, si se compara con el estándar internacional en materia de derechos humanos. Por ejemplo, entre los elementos que deben incorporarse para mejorarla se encuentra la creación de una oficina que atienda a las familias y no esperar a crearla con una ley, y que allí donde no haya organismos similares se cree en las delegaciones del Gobierno; que haya un notario en las exhumaciones para que levante acta, y hacer un censo también con los verdugos. “Hay víctimas porque alguien decidió que tenían que ser asesinadas”, añade la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.