Claves para no perderse en el nuevo 'capítulo' de Juan Carlos I

Hace una semana, la Casa Real remitía a los medios de comunicación la agenda oficial del rey Felipe VI para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre. 

Para el viernes 3 de septiembre, a las 12:30 horas, se fijó la audiencia del monarca con la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para la entrega de la Memoria Anual de la Fiscalía.

Poco imaginaban en Zarzuela que horas antes iba a estallar otro escándalo más relacionado con Juan Carlos I, el rey emérito y padre del actual monarca, haciendo del encuentro con la fiscal un momento ciertamente incómodo.

Un nuevo episodio de las presuntas corruptelas del ex jefe del Estado que te resumimos en cuatro claves:  

¿Qué se ha conocido nuevo hoy?

El diario El Mundo ha publicado el contenido de una comisión rogatoria librada el pasado 24 de febrero a las autoridades de Suiza por parte del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, en la que se asegura que Juan Carlos I cobró “comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”.

Según la solicitud, la Fiscalía del Supremo tiene “elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación tienen procedencia ilícita”. Es más, apunta a cuatro posibles delitos cometidos por el emérito: blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.

Las autoridades suizas mantienen abierta una investigación sobre la fundación Zagatka, fundada en 2003 por Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Juan Carlos I, quien le sufragó gastos de vuelos privados. El emérito aparece como beneficiario de esta fundación.

Según El Mundo, la Fiscalía del Supremo quiere indagar precisamente en esta investigación y por eso pide a la Oficina Federal de Justicia de Suiza que le remita la información de todas las cuentas de la Fundación Zagatka entre los ejercicios 2016 y 2019.

El teniente fiscal del Supremo junto al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, investiga al rey por el supuesto cobro de comisiones (unos 65 millones de euros) por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas.

Pero también por el uso de tarjetas opacas por su parte y por parte de otros familiares del emérito con cargo a cuentas en las que ninguno figura como titular; así como por una cuenta con diez millones a nombre de Juan Carlos I en el paraíso fiscal de Jersey.

A esto se suma que, según ha adelantado El País, Hacienda ha solicitado a la Casa Real los pagos que ha hecho al emérito desde su abdicación y, según fuentes de Zarzuela a Europa Press, la entidad habría facilitado a la Agencia Tributaria toda la información desde junio de 2014 hasta la retirada de su asignación oficial, en marzo de 2020.

La entrega de esta información, que es pública puesto que las asignaciones percibidas por la Casa Real figuran en los Presupuestos Generales del Estado, es un mero procedimiento administrativo lógico cuando lo que los inspectores de Hacienda quieren aclarar es la procedencia del dinero del emérito, han explicado las fuentes.

¿Qué ha respondido el emérito?

A través de su abogado, Javier Sánchez-Junco, el rey emérito ha acusado a la Fiscalía del Supremo de vulnerar su presunción de inocencia con las “graves afirmaciones” realizadas en su comisión rogatoria que, afirma, se realizan “sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación”.

“Tales afirmaciones conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano y se traslada a la opinión pública valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente a S.M. el Rey D. Juan Carlos, que está sometido a una investigación por parte de la Fiscalía desde hace más de un año”, asegura el comunicado del letrado de Juan Carlos I.

Se queja además el monarca, a través de su abogado, de que “dicha solicitud de asistencia judicial no es pública” por lo que, afirma, “salvo las autoridades destinatarias de la misma, únicamente debería estar en conocimiento de la Fiscalía, cuyas actuaciones son reservadas, sin que nos conste hayan sido comunicadas a parte alguna”.

¿Qué dice la Fiscalía General del Estado?

En un comunicado, tras hacerse público el contenido de la comisión rogatoria, la Fiscalía General ha asegurado que “será precisamente el contenido de la respuesta que la autoridad requerida dé a la correspondiente comisión rogatoria lo que en su momento permitirá al fiscal confirmar o descartar esos indicios o incluso abrir otras vías de investigación”. 

Recuerda este organismo que “la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición, respetando así las formalidades requeridas por la normativa en materia de cooperación internacional”.

La Fiscalía hace hincapié en que con la comisión rogatoria hecha pública por El Mundo “no estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación”.

¿Y el Gobierno?

Ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el primer miembro del Ejecutivo central en reaccionar a las informaciones publicadas este viernes.

“Dejemos que la Fiscalía actúe y tome las medidas necesarias y precisas que estime oportunas, se analicen los hechos y se determinen las consecuencias que procedan”, ha dicho el ministro, quien cree que la investigación ha de llegar “hasta el final”.

Marlaska ha calificado de “preocupantes” las nuevas informaciones sobre el emérito pero ha subrayado que España es un Estado “en el que todo tiene que ser conocido y todo debe ser investigado”.

Más rotunda se ha mostrado la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en representación del otro partido de la coalición, Unidas Podemos.

Tras defender que “en el siglo XXI, la transparencia y la igualdad son clave”, Díaz ha pedido una “investigación hasta el final” porque “a una democracia robusta le gustaría que de una vez por todas se esclarezca lo que ha pasado”.

“Creo que en el día de hoy, a nadie le gustaría leer esta noticia en los periódicos de nuestro país”, ha dicho sobre lo que se ha conocido y ha remitido a las palabras de su colega Marlaska: “Como ha dicho el ministro del Interior: investiguemos, dejemos trabajar y desde luego, después concluiremos”.