El “blanco de todos los odios” en Madrid es un centro de menores desamparados

A la octava llamada, descuelgan el teléfono en el centro de primera acogida Hortaleza, en el barrio del mismo nombre en Madrid. Un joven que prefiere no identificarse —“qué más da quién sea”— se niega a dar información a El HuffPost al oír que somos un periódico, antes incluso de formular una pregunta.

“Llamad a la Comunidad de Madrid” y “la dirección nos prohíbe hablar con la prensa” son las únicas declaraciones que se obtienen. José Manuel Íñiguez, delegado sindical de Comisiones Obreras (CCOO) para este centro, explica de dónde viene la reticencia de los trabajadores a hablar con la prensa: “Están hartos, hay muchísima presión sobre ellos, no pueden más”.

En los tres últimos meses, han vivido la visita de miembros de Vox para señalar a los menores del centro (“las mujeres tienen que ir acompañadas de sus maridos porque tienen miedo”, dijo allí Rocío Monasterio), un ataque de bandas latinas y el lanzamiento de una granada explosiva de origen todavía desconocido. Todo esto, sumado a la sobreocupación que soporta el centro —con 80 menores para las 53 plazas disponibles— pone tanto a menores como a trabajadores en una situación de ansiedad y nervios constantes.

Hace unas semanas las asociaciones de vecinos de Hortaleza organizaron una manifestación en apoyo a los jóvenes tras el lanzamiento de una granada contra el centro y los educadores hicieron otro tanto. “El padecimiento es compartido”, asegura José Manuel Íñiguez: “El centro de Hortaleza se ha convertido en blanco de todos los odios”.

Pero este “no es un centro de menas [menores extranjeros no acompañados]”, aclara Íñiguez, desmintiendo la etiqueta asociada al lugar desde hace tiempo. “Es un centro de acogida urgente para menores de 18 años —migrantes o no— que necesitan amparo cuando nadie puede ocuparse de ellos”. Dicho de otra manera: quienes acuden al centro son “adolescentes con problemáticas muy complejas”, no un conjunto de siglas que forman la palabra mena: “Son adolescentes, no lo olvidemos; jóvenes en proceso de formación”.

La mayoría viene buscando trabajo, papeles y normalización, explica el delegado, pero los casos varían mucho entre sí. “Algunos jóvenes vienen con problemas psicosociales complejos, desde crisis familiares y trastornos emocionales hasta adicciones al consumo de inhalantes”, cuenta José Manuel Íñiguez. Añade a eso el hacinamiento y “todo lo que viene de fuera” y tendrás “la tormenta perfecta”.

En los últimos meses la situación se ha recrudecido, pero el problema viene de lejos. Íñiguez sitúa el origen “hace cuatro años”, cuando la sobreocupación empezó a hacerse insostenible agravada por “el fenómeno migratorio”. La migración del norte de África no es nueva, pero lo que ha ocurrido en los últimos meses “ha desbordado todos los sistemas”, apunta. “En noviembre había 170 chicos cuando el centro tiene 35 plazas”, denuncia.

El HuffPost ha querido acercarse al centro para conocer de primera mano la situación, pero no ha sido posible. En la garita de vigilancia, nos dijeron que no podíamos estar ahí por protección a los menores; cuando esperamos fuera a que nos atendiera alguien, nadie salió. Nos cruzamos a un par de trabajadores que salían para acompañar a un chico con algún trámite, visiblemente cansados de atender a periodistas. “Estamos muy liados”, argumentaron.

— “Adiós, chicos, portaos bien”, se despide al salir una de las profesoras de los jóvenes a las puertas del centro.

— “Adiós, profe”, contestan la decena de chavales magrebíes.

Sinti es uno de ellos. Él lleva “un mes en el centro”, pero dos años en España. “En Parla”, dice. Cuando se le pregunta por la edad, ajusta la cifra: “16 años y medio”. Para ellos, los meses son muy importantes, ya que el día que cumplen la mayoría de edad quedan oficialmente fuera de cualquier centro de menores. Sinti es marroquí, como el resto de jóvenes que pasan el rato junto al centro. Llegó “en patera desde Tánger”, solo. Fue un policía el que le llevó hasta Hortaleza: “Me pidió los papeles y no los tenía”.

En el centro de Hortaleza, cuenta, pueden salir hasta las 22:30 los días de diario, una hora más tarde si es fin de semana. Este viernes, además, Sinti irá con sus compañeros a Torrejón de Ardoz a ver las luces navideñas. Pero también pone alguna pega al centro: “La comida no es buena y hay mucha gente”.

Efectivamente, allí convive mucha gente. Actualmente hay 80 jóvenes cuando las plazas son 53. Es cierto que en los últimos tiempos se han habilitado “238 plazas nuevas” en otros centros, pero “crear plazas no resuelve los problemas”, defiende José Manuel Íñiguez. En el centro de Hortaleza ampliaron las plazas en casi dos decenas simplemente “para que los chicos no durmieran el suelo”. “Es que dormían en colchonetas… ¡Ni siquiera podían dormir en una cama!”, exclama el delegado sindical. 

Íñiguez asegura que en este “amontonamiento” se encuentra el origen de los conflictos que denuncian algunos vecinos y políticos. “El propio roce genera violencia”, explica Íñiguez. Los jóvenes del centro necesitan “atención individual, cercana”. Y, a día de hoy, eso no se les da. “Para empezar, se supone que el periodo en el centro de acogida debería ser temporal, de dos meses como mucho. En cambio, hay chicos que se pasan seis u ocho meses esperando aquí”, explica. “Lo ideal es que todos pudieran ir a un piso con otros adolescentes del centro y que se acostumbraran a una dinámica doméstica, afectiva, de hábitos… Pero no hay pisos para todos”, señala el delegado sindical.

Mientras tanto, la situación no deja de tensarse. “Todos los días hay una historia”, resume. Y quienes lidian con estos conflictos —de dentro y de fuera— es el personal. “Son tremendas las ganas que le ponen. Eso se hace por vocación o no se hace, porque sufren una presión brutal”, afirma el delegado sindical. “Más de un trabajador me ha llamado para decir que renuncia a su contrato”.

Los chicos tampoco son ajenos al interés mediático que generan últimamente, más para mal que para bien. “Están muy pendientes de las redes sociales, como cualquier joven”, cuenta Íñiguez. “No sabemos hasta qué punto les puede afectar esto, pero están atentos a todo con las nuevas tecnologías”.

Íñiguez insiste una vez más: “Son adolescentes con problemas, no podemos seguir criminalizándolos. No se les puede poner la etiqueta de delincuente cuando sólo es una minoría la que crea disrupciones”. “Pero los medios se centran en ese 1%”, lamenta. “Es normal que el barrio esté cansado. Se necesita un plan con objetivos”, defiende.

Miguel, trabajador social que vive en Hortaleza con su familia, reconoce que “el barrio está dividido”. “Posiblemente hay más gente con opiniones en contra de estos chicos y chicas, promovidas por los medios en su mayoría”, sostiene. El joven cuenta que la manifestación que hubo en el barrio para apoyar a los menores fue bastante multitudinaria, pero que, aun así, “hay cierta crispación hacia estos chavales, ya que hay una minoría que sí la lía, y al final meten a todos en el mismo saco”.

Al mismo tiempo, se está creando un movimiento de “ciertas asociaciones de vecinos, como la de Hortaleza o Manoteras, que están haciendo cosas con los chicos, que se los llevan al centro [de Madrid] para que disfruten —explica—; pero la situación no es buena”. Como dato, Miguel apunta que “muchos chavales duermen en el Clara Eugenia, el parque que linda con el centro. O bien son mayores de edad y les han dado la patada o bien son menores que se sienten más seguros ahí que en el centro”, sostiene.

Hace unos semanas trabajadores y representantes sindicales se reunieron con el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, para abordar un plan especial para estos menores. “Pero hay un grupo político [Vox] que no ve esto. Es la primera vez que no hay consenso”, lamenta José Manuel Íñiguez. “Y eso que en las políticas de la infancia siempre había habido consenso, sobre todo cuando se trataba de menores desprotegidos”, señala.  

Más allá de un posible plan en la Comunidad de Madrid, los trabajadores defienden que la estrategia debe superar el plano regional y de los servicios sociales. “Si se quieren favorecer los procesos de integración, también deben implicarse las consejerías de Educación y Empleo”, opina Íñiguez. “Los chicos no han venido aquí para tenerlos recogidos”, sostiene. “Se puede ver desde un punto de vista egoísta: tal y como está la natalidad en España, son ellos los que nos van a pagar las pensiones”.