Cataluña podrá cerrar sus centrales nucleares en 2027
La comunidad cuenta con tres de los siete reactores nucleares que funcionan en España.
Sorpresa judicial. El Tribunal Constitucional se ha posicionado a favor de la Generalitat y en contra del Gobierno central en un asunto espinoso como es la transición energética. Gracias a un auto decidido en el pleno del pasado 21 de marzo, Cataluña podrá cerrar sus centrales nucleares en 2027 e implementar un impuesto verde a los coches según su emisión de dióxido de carbono, entre otras medidas.
El Constitucional ha levantado la suspensión cautelar de la ley de cambio climático que el Parlament de Cataluña aprobó el verano pasado con un amplio consenso: todos los partidos votaron a favor, con la excepción del PP, que se abstuvo. Esta norma determinaba como objetivo que el 50% de la energía producida en Cataluña en 2030 procediera de fuentes renovables.
El Gobierno recurrió en noviembre la ley ante el Constitucional al considerar que invadía competencias estatales, y quedó suspendida de manera automática. Ahora, todos los artículos impugnados vuelven a estar vigentes. Solo uno queda suspendido: el relativo a los permisos de exploración de gas o petróleo mediante fractura hidráulica (fracking).
La ley obliga a la Generalitat a diseñar "un plan de transición para el cierre, no más allá de 2027, de las centrales nucleares". En la actualidad, Cataluña tiene tres reactores nucleares de los siete que hay en funcionamiento en España, tras el cierre de Garoña. Estos tres están situados en la provincia de Tarragona. Se trata de Ascó I, Ascó II y Vandellós II. Todos ellos tienen a Endesa como accionista principal.
Las licencias de funcionamiento de estas centrales expiran en 2023 (Ascó I), 2025 (Ascó II) y 2027 (Vandellós). Ninguna de las fechas previstas sobrepasa el año marcado en rojo en el calendario: 2027.
Mediante esta ley, la Generalitat quería asegurarse que se cumplía la moratoria nuclear del Gobierno de Felipe González, es decir, que no se construyera ninguna nueva central y que los reactores se apagaran a los 40 años de vida. Sin embargo, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha manifestado en diversas ocasiones a favor de alargar la vida útil de las centrales a los 50 o 60 años de vida.
Cataluña no quiere que el Gobierno de Mariano Rajoy alargue la vida de los reactores nucleares que hay en su territorio. Sin embargo, la puesta en marcha de esta ley no será posible hasta que Cataluña no recupere el autogobierno, puesto que desde la aplicación del artículo 155 es el Ejecutivo de Rajoy quien manda en la comunidad.
Además, aunque se pueda poner en marcha esta legislación tras levantarse la suspensión, el Constitucional tendrá que pronunciarse mediante una sentencia definitiva posteriormente. Es decir, podría decidir que el cierre de las centrales nucleares es una competencia estatal y dejar esta ley en papel mojado.
