Caso Kitchen: la cocina sigue oliendo mal
Fiscalía y acusaciones presionan para reabrir la investigación... hasta Fernández Díaz y el chófer de Bárcenas critican el cierre de García-Castellón.
La cocina sigue oliendo mal. La Fiscalía y las acusaciones están escandalizadas y presionan para intentar reabrir la investigación sobre la operación Kitchen, un caso instruido por el juez Manuel García-Castellón sobre la actuación del Ministerio de Interior durante la época de Mariano Rajoy para destruir información en manos de Luis Bárcenas y obstruir la labor de la Justicia en Gürtel.
La sensación que se expande en ámbitos jurídicos durante estos días es que el juez cerró demasiado pronto la investigación, por la que están imputados Jorge Fernández Díaz y Franciso Martínez (la cúpula del Ministerio entonces), pero que dejó fuera de la responsabilidad a María Dolores de Cospedal y a Mariano Rajoy.
Era el pasado 29 de julio cuando el juez García Castellón daba por finalizada la instrucción de Kitchen proponiendo juzgar a Fernández Díaz y a su cúpula por hechos constitutivos de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación. Pero, pasado el verano, desde varios flancos se intenta reactivar esta investigación.
En ese auto, el magistrado archivaba la causa por falta de indicios para la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y su jefe de Gabinete, José Luis Ortiz. En las 81 páginas, descartaba la existencia de una trama política ajena al Ministerio del Interior “delimitando los hechos objeto de enjuiciamiento sobre la base exclusivamente de los indicios existentes”.
Además, el magistrado subrayaba que no había pruebas para creer al comisario Villarejo, que había afirmado que enviaba mensajes a Mariano Rajoy para informarle sobre cómo iba la operación para robar los documentos a la familia Bárcenas. Según el juez, no hay nada que permita sostener que el ex policía tuviera “comunicación directa con ningún presidente o primer ministro”. La Cadena Ser revelaba este jueves, en cambio, que el juez decidió cerrar la investigación cuando faltaban diligencias por investigar sobre ese supuesto móvil del expresidente (los agentes de la Unidad de Asuntos Internos le habían remitido apenas tres días antes un informe en el que le comunicaban que estaban pendientes de recibir distinta información sobre ese número).
En la Fiscalía Anticorrupción hay cosas que no cuadran sobre el cierre y por eso lo han recurrido, pidiendo al juez que vuelva a investigar. Y va más allá: creen que la responsabilidad no puede frenarse en Fernández Díaz y han dejado constancia en su escrito ante la Audiencia Nacional que hay “elementos” que podrían derivar en una “posible responsabilidad” del expresidente Rajoy.
En su duro texto contra el juez, los fiscales han grabado negro sobre blanco su reproche a García Castellón de intentar delimitar “artificialmente” la culpa en el Ministerio del Interior. Con un dardo muy directo: el magistrado estableció un “cordón o inaceptable línea roja”. La Fiscalía no se cree la versión dada por Cospedal sobre sus encuentros con Villarejo y tiene la tesis de que la exministra de Defensa fue quien acudió al excomisario para “recibir información de los riesgos que para el PP pudieran representar manifestaciones y documentos comprometedores” de Luis Bárcenas. “Parece que ese paso no se quiere dar”, concluye Anticorrupción sobre la investigación hacia más arriba.
En la misma línea que la Fiscalía se han posicionado estos días las acusaciones populares, ejercidas por el PSOE y Podemos, que han impugnado el cierre y han pedido que se investigue más a María Dolores de Cospedal y se esclarezcan las supuestas conversaciones entre Villarejo y Rajoy.
Hasta el propio Fernández Díaz, el político con más rango imputado en el caso, ve “precipitada” la decisión del juez, según ha expresado su defensa. El exministro ha apuntado directamente a sus compañeros del partido: “Es obvio que Bárcenas era el tesorero del PP, no de Interior y no dependía ni estaba vinculado a dicho Ministerio”. Considera que ha sido “un cierre en falso” y que el magistrado no se ha adentrado en “la vía de investigación hacia el origen del problema”.
La operación Kitchen, como relató el propio juez en su auto, consistió en captar a un colaborador, cercano a la familia Bárcenas, capaz de facilitar la información y el acceso a la documentación que se estaba buscando. La persona elegida fue Sergio Javier Ríos Esgueva (también llamado cocinero, Kitchen, o K2, de ahí el nombre de la operación), quien desde principios de febrero de 2013 era el chófer del matrimonio Bárcenas, y persona de máxima confianza del entorno familiar.
Se le ofreció al chófer para participar la entrega de 2.000 euros mensuales, más gastos, procedentes de los fondos reservados, y el posterior ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía. Supuestamente fue el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien autorizó estas dádivas.
Pues el propio chófer, que está procesado, también ha reprochado al juez su “prematuro e improcedente” cierre de la investigación. Su defensa ha pedido que se anule el auto o se revoque para practicar más diligencias para esclarecer los hechos. Él sigue insistiendo en que actuó creyendo que era bajo el “mandato judicial y de policías”.
El recurso de la Fiscalía ya lo tiene sobre su mesa la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Se trata de uno de los casos más graves de la democracia española, con el poder Ejecutivo utilizando a la Policía para obstruir a la Justicia. Con muchas críticas al juez García Castellón, siempre envuelto en polémicas y con sospechas de la izquierda de alinearse con la derecha. ¿Se volverá a abrir la investigación?
