Galapagar, la frontera entre el escrache y el acoso a Pablo Iglesias e Irene Montero

La Navata es una zona residencial de Galapagar, un municipio al noroeste de la Comunidad de Madrid en el que vive, en un chalé de 268 metros cuadrados sobre una parcela de cerca de 2.350, la familia de Pablo Iglesias e Irene Montero. Es un enclave tranquilo, rodeado de espacios naturales protegidos y bañado por el río Guadarrama.

Desde mayo, la tranquilidad se ha transformado en gritos, caceroladas e insultos. La zona está plagada de policía, de Guardia Civil y de manifestantes de extrema derecha que van de excursión a hostigar al vicepresidente segundo del Gobierno, a la ministra de Igualdad y a sus tres hijos menores de edad.

Los dirigentes de Podemos no pueden más, porque llevan casi dos meses soportando casi cada día concentraciones en la puerta de su casa. Los participantes dicen que no van a parar “hasta que se marchen de España”.

Pablo Iglesias ha denunciado este lunes ante comisaría la incursión de cuatro personas en los aledaños de su casa “profiriendo insultos y comentarios soeces” contra él en la madrugada del pasado sábado. Además, según el vicepresidente, arrojaron objetos al interior de la vivienda. Los agentes no pudieron detener a los alborotadores.

Algunos vecinos muestran abiertamente su hartazgo por una situación que también perturba sus vidas. Uno de ellos, que prefiere no dar su nombre, cuenta que su familia llevaba bien la estancia de Iglesias “hasta las cacerolas y el ruido”. “Pero ahora es insufrible. Nadie se merece que le hagan eso. Ni él, ni Soraya Sáenz de Santamaría. Yo vivo un poco más arriba de su casa. No me afecta directamente, pero no puedo pasar por donde quiero por la seguridad de la zona, y eso trastoca mis movimientos”, zanja mientras pone rumbo a un camino rural con su mujer y su hija.

Por las calles de la zona residencial, repleta de casas unifamiliares con amplios jardines, pasea una patrulla de la Guardia Civil que, subida a un jeep, pasa cada pocos minutos por la puerta de la vivienda de Iglesias y Montero, donde hay una garita con dos agentes de la policía nacional que escudriñan todo lo que pasa cerca de la vivienda.

También hay un coche con agentes de paisano vigilando por la zona y algunas vallas dispuestas para poder cortar la calle en caso de que los ultras ataquen de nuevo. Estos agentes son parte del grupo de protección de personalidades que se encarga de los servicios estáticos en los domicilios, según explican fuentes policiales.

“Estoy harto de esta situación, estoy hasta los huevos, porque no me permite dar un paseo por donde yo quiero, por ejemplo. O sea que la libertad es la del resto de la gente. Además, no hay razón para semejante obsesión. Ellos escupieron en su día para arriba, está claro. Pero esto es una persecución y una obsesión. Y eso creo que trasciende el objeto inicial de decirles a ellos: ‘No estamos de acuerdo con vosotros’. Y, oiga, no les vote. Pero no vengan aquí a dar la paliza al resto de personas”, cuentra otro vecino que sale a tirar la basura.

Las incursiones de manifestantes, que han llegado a ser hasta 60 según las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, están orquestadas por grupos de extrema derecha y jaleadas, según denuncia Podemos, por el militante de extrema derecha Miguel Frontera. Iglesias se querelló a finales de julio contra este simpatizante ultra por ser el “organizador” de las concentraciones diarias. Frontera fue detenido el 12 de junio por un supuesto delito contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.

Los mismos agentes de policía tienen identificados a los participantes de las concentraciones. “Los de siempre: la mujer jubilada pariente de un ministro franquista; Melisa [Domínguez]; la neonazi del Hogar Social, militantes de Vox y gente de ultraderecha en general… Decenas, con cacerolas”, según el relato que hace uno de los agentes que custodia a la vivienda a El País. En las concentraciones ha llegado a estar la concejal de Vox en Galapagar Cristina Gómez Carvajal. Incluso ha habido enfrentamientos con simpatizantes de Podemos en los que tuvieron que intervenir los antidisturbios de la Guardia Civil.

Melisa Domínguez, la dirigente de la organización neonazi Hogar Social, explica a El HuffPost: “Entiendo que son iniciativas individuales sin planificación previa. De la misma forma que se hicieron caceroladas en sitios reivindicativos frente a emplazamientos que ostentan el poder político (Ferraz, por ejemplo), algunas personas ven el domicilio de Pablo Iglesias e Irene Montero como un lugar legítimo para protestar contra el gobierno, como también fue el domicilio particular de Ábalos”.

La líder de Hogar Social abre el debate de la legitimidad de la protesta ciudadana a los políticos. ¿Cuál es la línea que separa un escrache del acoso, un delito recogido en el código penal? Los escraches son manifestaciones populares de protesta contra una persona, generalmente del ámbito de la política o de la Administración, que se realizan frente a su domicilio o en algún lugar público al que deba concurrir.

El vocablo está importado de Argentina, donde surgió de la mano de las víctimas de la dictadura de los noventa, quienes la emplearon para denunciar la impunidad que blindaba a los militares que reprimieron a los ciudadanos.

La frontera entre acoso y escrache

La justicia prefiere analizar caso por caso para dictaminar si detrás de un escrache hay delito o no, porque entiende que los señalamientos “por sí mismos” no constituyen una infracción. La frontera del acoso, penado con hasta dos años, se cruza si se establecen cuatro supuestos: la vigilancia o persecución de la víctima, el intento de contacto, el uso indebido de datos personales o atentar contra su libertad o su patrimonio. Si no hay indicios de esos comportamientos, prevalece la libertad de manifestación.

“Es cierto que hay formas de escrache o formas continuadas de intimidación a cualquier político, más que político persona, que puede ser medio pública y que pueden constituir un delito contra su integridad y su sensación de seguridad. Si se está dando de forma continuada puede ser constitutivo de delito. Está dentro de lo posible. Hay formas de protesta al amparo de la libertad de expresión que rozan lo coactivo. Alguien puede expresarse en contra del comportamiento del otro siempre que no sea el diseño de un plan para hacerle cambiar su vida y sus hábitos”, explica a El HuffPost una fuente experta en derecho penal que ha ocupado un alto cargo en la delegación del Gobierno en Madrid.

El vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad han intentado llevar su caso a los tribunales en dos ocasiones. Pero las denuncias terminaron siendo archivadas. Y hace una semana se ha visto a manifestantes brindando ante el chalé de la pareja por ello. Es más, algunos, se han querellado con el propio Iglesias y con la Guardia Civil por “coacciones y denuncias falsas” tras pasear con banderas de España y hacer sonar el himno en los alrededores. La portavoz de la plataforma Vecinos Sancionados por Pablo Iglesias, Claudina Gutiérrez, dijo que las denuncias se presentaron después de que más de una veintena de personas fueran sancionadas en una de las concentraciones.

Las demandas de Iglesias y Montero fueron por acoso, castigado en el código penal desde el 2015 (art. 172 ter). La reforma de la norma dio cobertura legal a cualquier acción de hostigamiento más allá del laboral, sexual, o escolar. Y, como en los otros tres supuestos, también debe ser continuado. Eso ocurre en el caso de la pareja de Unidas Podemos que tiene a la policía como invitada perenne.