Las cinco razones por las que los grupos propalestinos piden el boicot a la final de Eurovisión en Israel

Los brillos de la purpurina que cubre un evento tan festivo como Eurovisión no están impidiendo que lo feo, lo peor, también se deje ver en la edición de este año. Israel es el país anfitrión, tras la victoria de Netta en 2018, y ha convertido la cita de Tel Aviv en su mejor escaparate al mundo. La prensa se llena estos días de publireportajes sobre sus playas, su gastronomía o la marcha del orgullo gay, pero en paralelo, en las redes sociales, se ha lanzado la campaña #boycotteurovision2019, que pone el acento en todo lo que los organizadores no quieren mostrar: cómo somete a Palestina desde hace más de 70 años.

Desde el movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) llevan meses pidiendo a los artistas participantes que se planten y no acudan a la convocatoria, por una cuestión ética, de derechos humanos. Ahora, justo con los primeros ensayos, el ruego se ha intensificado porque encadenamos días en los que el Ejército de Israel ha lanzado la ofensiva más mortífera sobre la Franja de Gaza desde 2014, con el resultado de 24 palestinos muertos. Del otro lado, los cohetes disparados por Hamás y la Yihad Islámica han asesinado a cuatro israelíes.

En España, el movimiento local de BDS y la Rescop (Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina) se ha afanado en contactar con el cantante que acudirá como representante, Miki Núñez, para que se sume a su postura y no concurse en Israel. También lo han hecho con Adriá Salas, miembro de La Pegatina y autor de la letra de su canción, La venda. Sin embargo, por ahora su petición no ha surtido efecto. “La venda no cayó”, dicen, jugando con la letra del tema.

Los partidarios del plante defienden que Israel usa lo que se llama artwashing (lavado a través del arte) y pinkwashing (algo así como lavado rosa) para blanquear su imagen; esto es: enarbola la bandera de la diversidad, la modernidad y la libertad, cuando a la vez “aplasta” a los palestinos, a los que “no deja ni la posibilidad de tener ese mismo progreso”, escribe un tuitero.

¿Pero qué razones alegan concretamente los defensores de la causa palestina para llamar al boicot?

La ocupación: Israel ocupa parte de Cisjordania y más de la mitad de Jerusalén, además de los Altos del Golán sirios, desde la Guerra de los Seis Días (1967). La franja de Gaza ya no tiene ni civiles ni militares israelíes en su interior, pero está completamente custodiada por tierra, mar y aire, por lo que es “la mayor cárcel del mundo al aire libre”, en expresión de Oxfam o Médicos Sin Fronteras. Esta situación impide que los palestinos tengan su propio estado (está reconocido sólo como “observador” en la ONU) y su propia capital: no hay soberanía. Los ciudadanos no pueden apenas moverse de donde viven y, cuando lo hacen, necesitan permisos de Israel y pasar por controles militares o checkpoints en los que se dan situaciones degradantes. Un muro de más de 700 kilómetros declarado ilegal por la justicia internacional confina a los palestinos cisjordanos y de parte de Jerusalén.

El “apartheid”: esta política de aislamiento provoca una notable desigualdad entre la población israelí y la palestina, que comparan con el Apartheid sudafricano. Se calcula que hay más de 60 leyes discriminatorias para la segunda, por ejemplo, la que permite la detención administrativa de presos (en prisión sin conocer los cargos que se le imputan), la inexistencia de una ley del menor para los palestinos (hasta los niños son tratados conforme a la normativa antiterrorista) o en cuanto a la libertad de movimientos (la ciudadanía jerosolimitana, por ejemplo, se puede quitar si un ciudadano pasa fuera unos años, aunque sea por cuestiones de trabajo o estudios). La comparación no sólo es odiosa con los israelíes del otro lado, sino que es peor aún con los 600.000 colonos que residen en asentamientos reconocidos como ilegales por Naciones Unidas.

El bloqueo de Gaza: desde que en 2007 Hamás ganó las elecciones en la franja, Israel aplica un bloqueo total de este territorio, en el que 1,8 millones de personas viven con una tasa de densidad de las más altas del mundo. Por tierra están rodeados de vallas y patrullas israelíes, por aire están vigilados por sus drones y con ofensivas regulares y por mar, hasta está limitado el espacio en el que los pescadores pueden faenar. El 80% de la población depende hoy de la ayuda internacional, el 90% del agua no es apta para consumo humano (al único acuífero le queda menos de un año para estar inservible), la inseguridad alimentaria afecta casi al 60% de los hogares, tres de cada 10 vecinos no tiene empleo, cuatro de cada 10 vive por debajo del umbral de la pobreza y se calcula que en dos años, en 2020, la franja será “inhabitable”.

Los refugiados: Naciones Unidas ha dejado claro, en diversas resoluciones, que los palestinos tienen derecho a retornar a sus hogares, ellos y sus descendientes. Según datos del Gobierno palestino avalados por la ONU, 726.000 personas tuvieron que dejar sus hogares en 1948, en la primera guerra tras la creación del estado de Israel. Dos generaciones después, hay más de cinco millones de refugiados, concentrados sobre todo en Jordania, Siria, Líbano y Palestina. Israel ha negado sistemáticamente su derecho a regresar o, al menos, una compensación.

Jerusalén: Los palestinos aspiran a tener en Jerusalén Este la capital de su futuro estado. Actualmente, desde 1967, la parte árabe de la ciudad triplemente santa está ocupada por Israel, que domina por completo cada calle palestina, en las que viven unas 250.000 personas. Inicialmente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que sería ahí donde se celebraría Eurovisión, pero el revuelo generado, con amenazas reales de boicot por parte de algunos países, le hizo dar marcha atrás. Desde los años 80, Israel sostiene que Jerusalén es su capital ”única e indivisible”, aunque la comunidad internacional —Donald Trump aparte— sólo contempla como tal Tel Aviv.