El Banco de España llama a proteger a los "más vulnerables" frente a la incertidumbre
Así lo ha expresado el gobernador de la entidad, Pablo Hernández de Cos, en su comparecencia en el Congreso de los diputados sobre los Presupuestos Generales del Estado.
Si se puede vaticinar algo, es que los vaticinios pueden variar de un momento a otro. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha comparecido ante la comisión de Presupuestos Generales del Congreso de los Diputados este lunes. Para la institución, las medidas de estímulo presupuestario deben de orientarse a los “más vulnerables”.
Entre las conclusiones de la comparecencia, Hernández de Cos ha señalado que la economía española se enfrenta a “una gran incertidumbre”, agravada por la “alta inflación” provocada por la guerra de Ucrania, que ha reducido de manera notable las previsiones de crecimiento para 2023.
Impuestos van, impuestos vienen
Hernández de Cos no ha pasado por alto otro de los temas que desde septiembre trae de cabeza al Gobierno y toda la clase política: los impuestos.
El gobernador ha señalado la necesidad de diseñar una “estrategia de consolidación fiscal” que permita dar oxígeno a las cuentas públicas, además de una “revisión del gasto público” y del sistema impositivo que mejore su “eficiencia” y contribuya al crecimiento económico.
En otras palabras, el Banco de España sugiere que no es el momento de bajar impuestos, y ha determinado en su comparecencia que las recomendaciones y observaciones en materia económica son dos:
- Acompañar y seguir de cerca la política de subida de tipos del Banco Central Europeo, que prevé corregir la senda inflacionaria hasta devolverla a valores estables del 2%, algo que el gobernador ha señalado que podría ocurrir en 2024, tras el 8,7% que se prevé finalmente para 2022 y el 5,6% del año que viene.
- Se debe avanzar en la consecución de un pacto de rentas que alivie las cuentas de las familias, políticas de oferta decididas y una apuesta por consolidar la acción común con los socios de la Unión Europea.
En la línea tributaria, el Gobernador ha dado por “factible” el aumento de la recaudación del 7,6% que se prevé en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, si bien este punto no debería ser tomado como algo “permanente”.
Por su parte, De Cos ha expresado que el denominado pacto de rentas es la posición más ventajosa y “deseable” para evitar que los salarios no se actualicen automáticamente con la inflación, pudiendo de esa manera alimentar la espiral inflacionista.
Es ese uno de los campos de batalla de los que vive pendiente la ciudadanía. Este lunes los roces entre la patronal y el ministerio de Trabajo con respecto a la subida de los salarios, tanto el mínimo, como todos los demás, se han vuelto a repetir. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado este lunes al líder de la CEOE, Antonio Garamendi, de “bloquear” las negociaciones salariales.
Pensiones + Funcionarios = 21.300 millones
El Banco de España calcula que la revalorización de las pensiones y la subida de los salarios públicos prevista para 2023 elevará el gasto público en unos 21.300 millones de euros, de los que 15.000 millones serán para las pensiones y otros 6.300 millones para la remuneración de los asalariados públicos.
De Cos ha detallado que cada punto porcentual de revalorización de las pensiones con el índice de precios de consumo (IPC) supondrá un gasto adicional de unos 1.800 millones, con lo que la subida del 8,5% aproximado que ha estimado el Gobierno en los presupuestos de 2023 costaría 15.000 millones.
Respecto a los sueldos públicos, el Banco de España estima que cada punto porcentual de subida de la remuneración elevará los gastos de personal en 1.400 millones, de forma que la subida de hasta el 3,5 % prevista para 2023 (2,5 % fijo más un 1 % variable) costaría 6.300 millones aproximadamente.
Pensiones y sueldos públicos son las dos principales partidas presupuestarias afectadas por el aumento de la inflación, que el Banco de España calcula que llegará al 8,7% de media este año, para moderarse al 5,6% en 2023 y al 1,9% en 2024.
El gasto en intereses de la deuda pública también sería sensible al aumento de la inflación, dado que a finales de 2021 los bonos indiciados a la inflación representaban aproximadamente un 5 % del saldo vivo de valores de deuda emitidos por las Administraciones Púbicas, lo que supondría un incremento de los gastos por intereses a lo largo de 2022 de unos 4.000 millones.
Fondos europeos y alta incertidumbre
Hernández de Cos también ha remarcado la necesidad de “maximizar” el impacto de los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia, cuya aportación al crecimiento económico es uno de los puntos en los que difieren las previsiones del Gobierno con respecto a los del Banco de España.
A propósito de esos fondos, durante este fin de semana estalló la polémica. Algunos medios españoles hicieron seguidismo a una información que afirmaba que la UE se los había congelado a España debido a una supuesta mala gestión. La noticia tuvo su altavoz principal entre los partidos de la derecha, encabezados por el PP.
Bruselas no tardó en salir a desmentirlo. “España ha cumplido satisfactoriamente todos los hitos y objetivos vinculados a todas las solicitudes de pago presentadas hasta la fecha, y la financiación vinculada a las mismas ha sido desembolsada, previa aprobación de los Estados miembros”, destacó la responsable de economía comunitaria, Nuyts Veerle.
