Ayuso recurre al Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno
La dirigente del PP considera que el Gobierno invade competencias autonómicas en materia fiscal, genera inseguridad jurídica y vulnera la lealtad institucional.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurrirá antes de finalizar enero ante el Tribunal Constitucional (TC) el impuesto temporal de solidaridad del Ejecutivo a las grandes fortunas y solicitará su suspensión cautelar “en defensa de la economía española y madrileña” frente a “imposiciones ideológicas y fiscales”.
En una rueda de prensa tras el primer Consejo de Gobierno de 2023 celebrado de manera extraordinaria en Alcobendas, Ayuso ha anunciado este recurso porque considera que el Gobierno invade competencias autonómicas en materia fiscal, genera inseguridad jurídica y vulnera la lealtad institucional.
Según Ayuso, este impuesto, que tendrá una duración temporal de dos años a las fortunas de más de 3 millones de euros, se ha diseñado contra los contribuyentes madrileños y andaluces, donde se encuentra bonificado el impuesto de patrimonio al 100%.
Madrid argumenta su recurso en que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas reconoce la potestad de las regiones para gestionar los tributos cedidos por el Estado, y el nuevo gravamen introducido por el Gobierno impone una cuota nacional para todas las autonomías de régimen común, invadiendo sus competencias.
Además, la dirigente del PP ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez resucita “el viejo impuesto de patrimonio” cuya aprobación “supone la vulneración de la Constitución”, ya que “viola el principio de igualdad” al perjudicar a unos ciudadanos más que a otros.
Y ha expresado que al aplicarse retroactivamente para 2022, este impuesto “castiga” a los ciudadanos que no contaban con esta carga fiscal para este ejercicio, en un momento en el que “no hay justificación para su creación” porque el Gobierno “está recaudando de manera histórica”.
“Todo se está haciendo para sufragar la campaña electoral más cara”, ha espetado Ayuso, que ha censurado que el Gobierno haya aprobado este impuesto a través de una enmienda “ajena a este asunto” para sortear al Consejo de Estado o la consulta pública.