Así será el rescate al sector del automóvil
Ayudas para renovar el parque, modernizar las fábricas y una nueva fiscalidad, entre las apuestas de Pedro Sánchez.
Un jarro de agua fría. Así ha sentado el anuncio del cierre de las fábricas de Nissan en Barcelona. La decisión del grupo japonés supone un duro golpe para el sector automovilístico, que supone un 10% del producto interior bruto (PIB). Esta industria genera 300.000 empleos directos y hay unos dos millones de puestos de trabajo en total ligados al sector.
Apenas tres días después de que se confirmara el cierre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este domingo un plan de apoyo al automóvil, que se aprobará en el Consejo de Ministros en las próximas semanas. “Tan pronto como sea posible”, aseguró.
Este plan no servirá para frenar el cierre de las fábricas de Nissan, en las que trabajan 3.500 trabajadores. Era una noticia esperada: la planta solo funcionaba al 20% de su capacidad y no recibía inversiones, ni nuevos modelos, desde hace tiempo. Pero sí pretende reactivar las ventas de coches y acelerar la transición de la industria hacia la fabricación de vehículos eléctricos.
El cierre de Nissan en Barcelona y los recortes de 15.000 empleos en Renault se producen en medio de una crisis económica originada por la pandemia del coronavirus, en el que se ha vuelto a hablar de la relocalización de fábricas.
España, el segundo país productor de vehículos de Europa, solo por detrás de Alemania, tiene las de perder en esa tesitura porque no hay ninguna compañía automovilística española. Las fábricas de coches que hay aquí como la de Seat en Martorell (Barcelona) o la de Opel de Figueruelas (Zaragoza) dependen de las decisiones que se tomen en otros países.
El sector automovilístico ya venía sufriendo antes de la irrupción de la pandemia. Las guerras comerciales, la ralentización de la economía y los cambios en la movilidad habían pasado factura, pero ahora se ha situado además como uno de los sectores más afectados por el coronavirus, junto con el turismo.
La interrupción de las cadenas de suministros provocó que algunas plantas tuvieran que parar su producción. La asociación de fabricantes Anfac calcula que este año se dejarán de fabricar 700.000 coches por el parón que se ha producido. El año pasado se hicieron 2,8 millones de coches en España, de los que el 80% se exportaron.
Ante la vinculación clara con la pandemia, el plan de Sánchez pretende aprovechar parte de los 140.000 millones de euros que le corresponden a España del fondo de reconstrucción de la Unión Europea para este plan de rescate.
La cuarentena a los ciudadanos decretada para detener los contagios desplomó las ventas de coches con caídas nunca vistas: un 96% menos en abril y un 72% menos en mayo respecto a los mismos meses del año pasado, según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).
Así han evolucionado las ventas de coches:
Si no puedes ver el gráfico, sigue este enlace.
Esta situación ha llevado a que el Gobierno de Pedro Sánchez acelere la puesta en marcha de este plan, que tiene seis patas:
Renovación del parque automovilístico
España cuenta con uno de los parques automovilísticos más envejecidos de Europa. Los coches que circulan por las carreteras españolas tienen una edad media de 12 años. Esto supone un problema para la seguridad vial y para el medio ambiente porque son vehículos más antiguos y con unas normativas menos estrictas que las actuales.
Esta elevada edad se debe, por un lado, a que muchos ciudadanos no han podido afrontar la compra de un vehículo nuevo ante las dificultades económicas y, por otro, a que aquellos que sí han cambiado de coches, en muchos casos no han retirado el antiguo, sino que se lo han cedido a un familiar.
Por eso, una de las patas más destacadas del plan de Sánchez es la renovación de vehículos. “Un estímulo para que los españoles compremos vehículos más sostenibles”, ha asegurado el presidente.
El sector automovilístico pide desde hace años que se retomen los planes de ayudas para la compra de coches, conocidos como Plan Renove o Plan PIVE. Inicialmente, el Gobierno tenía previsto aprobar este martes la segunda edición del Plan Moves, un programa destinado a impulsar la movilidad eléctrica, aunque todavía no es seguro que se incluya en la agenda de la reunión del Consejo de Ministros de esta semana.
Este programa pretendía dar una ayuda de entre 4.000 y 5.500 euros a aquellos consumidores que comprasen un coche eléctrico. Este plan contaría con una dotación de 65 millones de euros, un 40% más de lo que se dedicó en 2019.
El problema es que la compra de coches de combustibles alternativos (eléctrico, híbrido, etc) todavía es minoritaria en España debido al alto precio de los vehículos. Tras el escándalo del dieselgate, los compradores apuestan prinicipalmente por coches de gasolina.
Así han evolucionado las ventas de coche por distinto tipo de combustible:
La industria pide que este plan sea más ambicioso, con más dinero en torno a 400 millones, y que incluya a todas las tecnologías, ya que los coches nuevos son menos contaminantes que los antiguos.
“Hacer un plan solamente para vehículos eléctricos va a ser una gota de agua en la inmensidad del desierto. Afectaría a unos 15.000 coches eléctricos, con las cifras de ayuda que maneja el Gobierno de unos 65 millones. Si se aplica un dinero similar a todos los vehículos, aún con unos importes inferiores por vehículo, podríamos llegar a una renovación del parque muchísimo mayor”, asegura Mikel Palomera, director general de Seat España, en una entrevista en Business Insider.
En la misma línea se manifiestan las organizaciones sindicales. “Se tiene que dejar entrar a todas las formas de combustión y prevé el achatarramiento, puesto que mejoraremos muchísimo en el tema de emisiones y contaminación”, asegura Pedro Hojas, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agricultura (FICA) del sindicato UGT.
La industria confía en que el Ministerio de Industria atienda a sus peticiones y el nuevo plan de ayudas a la renovación de vehículos sirva para incrementar las ventas de coches en España, que acumulan una caída del 54% en los cinco primeros meses del año, respecto al mismo periodo del año pasado.
Modernización de las fábricas e inversión en I+D
El futuro del mercado automovilístico es el coche eléctrico. Sin embargo, la mayoría de las fábricas que hay en España se dedican a la fabricación de vehículos con motores de combustión y, con especial importancia del diésel.
Una de las tareas pendientes de la industria automovilística española, que pretende el plan de Sánchez, es la modernización de las fábricas y fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I) para que puedan competir tanto en Europa como en el resto del mundo.
Vecinos europeos como Alemania y Francia están invirtiendo mucho dinero en su industria automovilística. España no se puede quedar atrás y perder el tren hacia el coche eléctrico.
El objetivo es que las fábricas no se vean apartadas de los nuevos modelos, y que acaben cerrando como ha ocurrido con Nissan. El ejemplo más claro es el nuevo coche eléctrico diseñado por Seat, el-Born, que no se fabricará en Martorell, sino que se realizará en una planta de Volkswagen en Zwickau-Mosel (Sajonia, Alemania).
La fabricación de coches eléctricos requiere menos mano de obra propia que la de los coches de combustión, pero necesita de más industrias auxiliares, por ejemplo, la fabricación de baterías.
“Vamos a ayudar a acelerar la transición a vehículos más limpios y sostenibles en el marco de la transición ecológica en el que está comprometido el país”, ha afirmado Sánchez.
Fiscalidad verde
Otro de los anuncios de Sánchez está relacionado con la fiscalidad verde, que es una de las promesas electorales, pero que el Gobierno todavía no ha llevado al Congreso.
El sector automovilístico pide que se cambie el impuesto de matriculación por otro que sirva para gravar las emisiones de CO2. Este se basaría en el principio de “quién contamina, paga” que defendió incluso el PP hace unos años y que pretende acelerar el abandono de las energías contaminantes.
A pesar de que Sánchez no dio más detalles, se sabe que el Ministerio de Industria y el Ministerio para la Transición Ecológica trabajan desde hace meses en un borrador para modificar ese impuesto para adaptarlo a los niveles de emisiones, con el objetivo de penalizar los coches que más contaminan.
Otra de las posibles modificaciones fiscales podría ser el aumento del impuesto sobre hidrocarburos para los coches diésel con el objetivo de equipararlo con el tributo que paga la gasolina. Esta medida se incluyó en el proyecto de presupuestos de 2019, cuyo rechazo por parte del Congreso provocó el adelanto electoral.
Esta equiparación de este impuesto sobre hidrocarburos nunca se ha descartado, a pesar de la gran campaña en contra que tuvo cuando se anunció, y sigue estando sobre la mesa del Gobierno, especialmente en un momento de aumento de gasto público a raíz de la pandemia. El objetivo era recaudar 670 millones.
Si se aprobara tal y como venía en las cuentas de 2019, los 18 millones de conductores de coches diésel tendrán que pagar 3,8 céntimos por litro. El Gobierno calculó entonces que un conductor medio tendrá que pagar 3,3 euros más al mes.
Además del plan de rescate, el sector automovilístico está pendiente también de la aprobación de la Ley de Cambio Climático (que ha salido recientemente del Consejo de Ministros) y la Ley de Movilidad Sostenible, que incluirán medidas que les afectarán.