Armas químicas en Ucrania: sobre líneas rojas y lo que nadie se atrevió a hacer en Siria

Dice Ucrania que Rusia ha empleado ya armas químicas en Mariupol, en su intento de hacerse con el puerto más importante del este del país y abrir así un valiosísimo corredor entre Crimea y el Donbás. Varias diputadas locales y portavoces del batallón Azov sostienen que hay afectados -sin concretar cuántos ni en qué grado-, de una sustancia desconocida que provoca fallos respiratorios y neurológicos, una especie de nuble blanca localizada en la zona de Azovstal. Según los combatientes, las víctimas presentan hiperemia facial, hipertensión arterial, sequedad e inflamación de la boca y de las mucosas de los ojos, síntomas que muestran en un vídeo difundido vía Telegram. No se han presentado pruebas de ello, “debido a un bloqueo completo (de la ciudad), es imposible realizar un análisis toxicológico”, dicen. Tanto la Inteligencia de Washington como la de Londres están investigando lo ocurrido.

La guerra por las armas químicas no es nueva. Las dos partes llevan semanas anunciando que la contraria las va a usar o las está preparando, sin que se haya verificado independientemente el empleo de estos compuestos. Tanto Estados Unidos como Reino Unido y el resto de la OTAN han avisado de que habrá una “respuesta” si Vladimir Putin da el paso. “Las armas químicas, biológicas o atómicas supondrían una violación de todas las normas”, en palabras de Jens Stoltenberg, al mando de la Alianza Atlántica. “Sólo podemos decir: ¡No lo hagan!”, enfatizaba el canciller alemán, Olaf Scholz.

Nadie usa esta vez la etiqueta de “línea roja”, salvo el británico Boris Johnson, que dice que se cruzó hace tiempo por la “barbarie” del plan de Putin. Fue demasiado manoseada en la guerra de Siria, quedando en una malograda advertencia: el 20 de abril de 2012, el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, avisó a Bachar el Asad de que usar estas armas suponía un gesto sin retorno que tendría un castigo. Llegaron los informes de la ONU, ONG locales, organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y prensa mundial confirmando su uso, pero pasaron los días y no hubo nada en lo militar. Ni EEUU ni nadie intervino en un conflicto en el que Rusia se sumó como aliado infalible de Damasco.

Moscú bloqueó -a veces, con China- todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para sancionar a Siria por el uso de estas armas prohibidas, porque decía que eran “inapropiadas” o “no ayudaban a la negociación”. Justo esa es la clave en el caso ucraniano: desde Naciones Unidas poco puede llegar cuando Rusia es uno de los miembros permanentes del Consejo. En su Carta deja la puerta abierta a “aplicar medidas coercitivas” a través de organismos como la OTAN en caso de agresión a un país, pero se deja fuera de esa opción a los llamados “Estados enemigos”; Rusia fue signataria y fundadora de la ONU, por lo que en ningún caso será considerado como “Estado enemigo”, dice el mismo texto. Nunca votará en su contra, nunca recibirá castigo por esa vía. Ya ni hablamos de atacar a una potencia nuclear.

Qué se hizo, qué no se hizo

¿Pero y de forma individual, vía OTAN -sin Consejo de Seguridad es casi imposible- o a través de algún estado de forma individual? Siria sirve de ejemplo de cómo no se fue más allá, incluso sin que el país estuviese en el Consejo de Seguridad. Ha quedado acreditado, en los 11 años de guerra, el empleo de al menos gas sarín, mostaza, cloro o azufre, que habrían causado unos 2.000 muertos, como recoge el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los primeros casos se documentaron en 2012 y se concentraron sobre todo hasta 2014, aunque hay reportes menos fiables de posibles ataques en 2018, incluso.

Pese a las advertencias de Obama, que resuenan en las que ahora lanza Joe Biden cuando habla de una “respuesta severa”, y a la acumulación de ejemplos (Homs, Alepo, Idlib, Ghouta...) no hubo acción armada contra Asad ni respuesta defensiva internacional coordinada. Sí se logró un proceso unificado para poner contra las cuerdas al régimen sirio y obligarlo a deshacerse del arsenal químico que declaró y que nadie supo nunca si era todo o parte de lo que poseía. En 2013, se le arrancó a Asad el compromiso de reunir y destruir todas esas armas en un periodo de un año, el material se fue llevando a barcos alejados de la costa donde se produjo el proceso, con verificación de las Naciones Unidas.

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y la central de la ONU crearon una misión conjunta sin precedentes que, en mitad de la guerra, visitó el país y hasta fue tiroteado. En paralelo, EEUU y la Unión Europea impusieron sanciones a personas y entidades supuestamente relacionadas con el lanzamiento de estos ataques. Damasco se unió a la Convención sobre las Armas Químicas -ratificada por Rusia- y finalizó el proceso en en verano de 2014. La OPAQ se llevó el Nobel de la Paz en 2013 por su labor en esta misión. Asad y Putin, que llevaba desde 2015 apoyando militarmente a su Gobierno, negaron sistemáticamente cualquier tipo de ataque de este tipo.

Desde Damasco siempre se habló de ataques de los rebeldes simulando a sus fuerzas armadas o de bombardeos propios, sí, pero que cayeron sobre arsenales opositores que escondían estos agentes y, casualmente, acababan liberados. Es cierto que la ONU también apuntó a posibles ataques muy puntuales con estas armas por parte de una milicia opositora y por el Estado Islámico.

Los inspectores salieron porque fue imposible prorrogar su misión, la guerra entró en punto muerto y ya no llegaban más estampas de niños ahogándose, desesperados. No hubo más hasta que en 2017. Ya con Donald Trump en la Casa Blanca y ante la realidad de nuevos y brutales ataques como el de Khan Shaykhum, donde el sarín dejó casi 90 muertos y más de 300 heridos, Washington ordenó el bombardeo de la base aérea de Shayrat, desde donde se supone que había partido la agresión. Era la primera acción unilateral internacional en esta contienda sobre suelo sirio. Desde entonces y hasta 2018, el Pentágono ha confirmado otros 10 ataques -nueve intencionados y uno accidental- en la zona, llevados a cabo en defensa de las Fuerzas Democráticas de Siria o del Ejército de Comandos Revolucionarios en Al-Tanf.

Lo único reseñable a escala mundial que se hizo, bombardeos de Trump aparte, fue la creación en enero de 2018 de la Alianza Internacional contra la Impunidad del Uso de Armas Químicas, a la que se sumaron 29 países, a instancias de Francia. Se trató de una iniciativa intergubernamental para “complementar los mecanismos internacionales de lucha contra la proliferación de armas químicas” y tratar “exclusivamente sobre el tema de la impunidad de los autores de ataques químicos en todo el mundo”. Los estados participantes se han comprometido a recabar, cotejar y facilitar el intercambio de información para responsabilizar a los autores y ayudar a los Estados que lo necesiten a generar las capacidades para llevar a juicio a los autores, no sólo en Siria. No ha ido muy allá, pese a la buena voluntad.

Por ninguna vía ha habido rendición de cuentas sobre estos crímenes cometidos en Siria, hasta el momento. La guerra sigue abierta.

Cómo se puede actuar en Ucrania

Siria aparte, hay numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad en las que se enfatiza que el uso de armas químicas “es una violación del derecho internacional” y sus miembros condenan su uso “en cualquier momento”, “por cualquier persona”, “bajo cualquier circunstancia”. Eso está firmado por Rusia y el propio Putin dijo en 2017 que iba a acabar con todo su arsenal de esta naturaleza. La OPAQ lo verificó de seguido.

Sin embargo, en marzo de 2018, cuando aún no se había cumplido medio año desde la última inspección de la OPAQ en territorio ruso, Serguéi Skripal, un antiguo agente doble al servicio del espionaje británico, y su hija Yulia fueron envenenados en la ciudad inglesa de Salisbury con algún compuesto de la familia Novichok, un grupo de agentes nerviosos de fabricación soviética y cuya posesión Rusia jamás ha admitido. Skripal y su hija sobrevivieron tras pasar varias semanas inconscientes, pero casi cuatro meses después una mujer y un hombre británicos se contagiaron con la misma sustancia -esta vez, a través de un frasco de perfume- y la señora murió 10 días después. El Kremlin dijo que no tenía nada que ver con este caso, pese a que se arrestó a dos ciudadanos suyos por estos hechos.

Las armas químicas contienen sustancias tóxicas diseñadas para causar la muerte o el daño a sus objetivos. Pueden esparcir elementos, como agentes asfixiantes, vesicantes (que producen irritación y ampollas) y nerviosos, que pueden atacar el cuerpo y causar la muerte a gran escala, de forma indiscriminada y en una amplia zona si se despliegan dentro de una bomba o un proyectil de artillería. Por esa dispersión, afectan gravemente a la población civil y su capacidad de matar es mucho mayor que el armamento convencional. Por eso son armas vetadas, prohibidas, que no se pueden usar.

El Estatuto de Roma, tratado fundacional del Tribunal Penal Internacional (TPI), mantiene que es un crimen de guerra tanto el empleo de armas químicas como biológicas, por lo que su uso sería susceptible de ser juzgado ante la corte de La Haya. El problema es cómo atrapar a los acusados por estos cargos, “particularmente abominables”, como los califica la Cruz Roja. La Fiscalía de este tribunal ya ha abierto una investigación preliminar para determinar si se están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania, una acusación que ya se han cruzado las autoridades ucranianas y las rusas. Más de 40 países, entre ellos España, han reclamado estas pesquisas.

La Organización para la Prohibición de las Armas Química sigue siendo, como en el caso sirio, la responsable de vigilar el cumplimiento de la Convención sobre las Armas Químicas, un acuerdo firmado en 1993, que entró en vigor en 1997 y que han suscrito 193 países. ¿Qué puede hacer, según sus competencias? Prevenir el empleo de estos arsenales y, también, responder en caso de que algún actor dé un paso teóricamente prohibido, indica Europa Press. Así, puede tanto proporcionar ayuda de emergencia como abrir una investigación formal.

Su papel en Siria, exitoso pero parcial, le permitió tener más margen de actuación, que puede ponerse de manifiesto en nuevos conflictos como el ucraniano: puede confirmar o no la utilización de las armas y señalar culpables (en la corte de La Haya se señalan individuos, no estados). Rusia votó en contra de esta nueva atribución, ya que entendió que suponía una manipulación política del mandato de esta agencia. Por ahora no hay pronunciamientos al respecto sobre posibles actuaciones, sólo el aviso de que está vigilante. El proceso, en cualquier caso, es lento, obliga a pisar el terreno -complicado con la virulencia de los combates actuales- y a hablar con supervivientes, militares, testigos, sanitarios, periodistas, cooperantes... Ya se han comenzado a recopilar pruebas incriminatorias de crímenes de guerra y lesa humanidad para ayudar a garantizar la rendición de cuentas.

Por ahora hay palabras cruzadas y acusaciones de hipotéticas “banderas falsas” para hacer que la guerra pase a una dimensión mayor, más grave. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, alertó incluso antes de la invasión del 24 de febrero ante la posibilidad de que Rusia usara estas armas en respuesta a un ataque autoinfligido, falsamente atribuido al enemigo para justificar una respuesta más dura. “Es un cuento que ellos mismos pueden estar preparándose para luego hacerlo y tratar de culpar al otro”, añadió el asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan. Desde Reino Unido, fuentes de Inteligencia citadas por la prensa local sostienen que no sólo se maneja esta hipótesis, sino que Moscú podría recurrir a armas no convencionales ante la ralentización de su ofensiva y la impaciencia de Putin ante la resistencia ucraniana.

Rusia, mientras, contraataca con el mismo razonamiento de Occidente: el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, dijo el 9 de marzo pasado que Ucrania había desplazado a la localidad de Zolochiv, cercana a Járkov, 80 toneladas de amoníaco con el fin de “organizar una provocación con sustancias tóxicas para luego acusar a Rusia de haber usado armas químicas”. también dice Moscú que tiene pruebas de una “eliminación de emergencia” de rastros relacionados con un supuesto programa biológico-militar conjunto entre Ucrania y EEUU. “Sabes que es mentira. A lo mejor son tus planes”, replicó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

No es la primera acusación contra Moscú: Oksana Markarova, la embajadora de Ucrania en EEUU, acusó ya directamente al Kremlin de usar un arma termobárica, también conocida como “bomba de vacío”, que absorbe oxígeno para generar una explosión de alta temperatura y está vetada por la Convención de Ginebra. A ello se suman los avisos de uso ruso de bombas de racimo o fósforo, que tampoco pueden ser usadas según el derecho internacional.

De nuevo, ninguna de las partes ha puesto sobre la mesa pruebas de lo que dicen, aunque hay organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional que ratifican la alerta.

Un alto responsable de los separatistas prorrusos de la región de Donetsk, identificado como Eduard Basurin, habló recientemente a la agencia rusa RIA Novosti de la posibilidad de usar armamento químico contra Mariupol, que ha resistido bombardeos durante semanas. Basurin aseguró que sus fuerzas podrían “emplear tropas químicas que encontrarán una forma de hacer huir a los topos de sus agujeros”.

La comunidad internacional mira mientras con angustia si se usan o no, cómo se usan. contra quién, por quién, con qué efectos. De entre todas las amenazas y mentiras o verdades de la guerra, la de las armas químicas es de las que más amedrentan, de las que más espantan, de las que más complicado es verificar. Y de castigar, como dejó claro el caso de Siria.