Aplazar las elecciones del 5-A: una opción remota por un vacío legal

La posibilidad de aplazar las elecciones vascas y gallegas del 5 de abril es muy remota, porque no existe ninguna disposición legal concreta que lo ampare, especialmente en la legislación electoral, por lo que la Junta Electoral Central carece de cualquier capacidad de decisión y sólo puede influir con carácter consultivo.

Lo primero a tener en cuenta cuando se habla de esta opción del aplazamiento del 5-A, debido a la crisis del coronavirus, es que no hay antecedentes, según recuerdan fuentes de la Junta Electoral citadas por la Agencia Efe.

Los atentados del 11 de marzo de 2004, en los que murieron 191 personas y de los que este miércoles se cumplen 16 años, se produjeron unos pocos días antes de las elecciones generales y también entonces se planteó la posibilidad. “Se habló de aplazar los comicios, pero ni siquiera se hizo un documento jurídico sobre su viabilidad”, inciden las fuentes de la Junta.

El árbitro electoral se ha reunido este miércoles en su sede de las dependencias del Congreso de los Diputados y sus 13 vocales son conscientes de la inquietud que existe tanto en Galicia como en el País Vasco por una fecha electoral marcada por la crisis del coronavirus.

El problema es que la Junta Electoral Central no puede tomar ninguna decisión respecto al aplazamiento ya que no existe nada en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que lo permita.

Como el árbitro electoral sólo puede actuar o pronunciarse a instancias de parte, nunca de oficio, la Junta desempañaría de esa manera un papel meramente consultivo.

Todo lo que manifieste la JEC al respecto, no obstante, irá en la línea de celebrar las elecciones del 5 de abril con la máxima seguridad y las mayores garantías, pues ante todo su función consiste en preservar el derecho fundamental del sufragio, explican las fuentes consultadas.

Si la consulta que llegue pide medidas a adoptar para que los comicios vascos y gallegos no se celebren, la Junta entonces analizaría qué contestación y qué explicaciones dar.

Una parte de la responsabilidad sobre cómo se desarrollará la jornada electoral la tienen las propias comunidades autónomas gallega y vasca, que disponen de legislaciones electorales específicas.

Incluso Galicia cuenta en su norma con una disposición que “habilita a la Xunta a dictar normas reglamentarias que garanticen la ejecución del proceso”, puntualizan las fuentes.

Interior no tiene competencias

El Gobierno central podría ejercer alguna clase de potestad, aunque no el Ministerio de Interior, que no es competente en las elecciones gallegas y vascas.

En el artículo 54 sobre de la Ley General de Salud Pública se citan “medidas especiales y cautelares”, y habilita a la administración general del Estado, a las comunidades autónomas a “adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de dicha norma”. Además, precisa que estas medidas se pondrían en marcha “con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia”.

¿Qué medidas? Entre ellas, éstas: el cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias; la suspensión del ejercicio de actividades; o “cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud”.

Que la expansión del coronavirus llegue a tales niveles que ponga en riesgo la participación en la jornada electoral es algo que deberán determinar las autoridades sanitarias. Sin embargo, que eso se traduzca en aplazar las elecciones es improbable.

Las fuentes de la Junta consultadas apuntan un problema más: la tramitación y el cómputo del voto por correo, sobre todo, dada la situación actual, en Álava. La Oficina del Censo Electoral ha informado a la Junta sobre ello.

La JEC, por otro lado, analizará las posibles consultas que reciban sobre las elecciones del 5 de abril con la mayor celeridad posible, seguramente en reuniones telemáticas precisamente por el coronavirus