AP9: gratuita, pública y gallega

Mañana debatiremos en el Congreso el Proyecto de Ley de transferencia de la AP9 a Galicia, una autopista que vertebra el país de norte a sur. Cruzarla desde Ferrol hasta Tui cuesta, para un turismo de clase B, la insostenible cifra de 22,30 euros. Un precio que es el resultado de entregar infraestructuras públicas a la gestión privada y sobre todo, de prorrogar dos veces la concesión, ampliada con Felipe González hasta 2023 y con el PP de Aznar hasta el 2048 y aprobar subidas del 1% anual hasta dicha fecha.

Este 2021 será la primera vez en la historia que un gobierno incorpora, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, una partida de 60 millones de euros para bonificar ciertos tramos, un inédito compromiso del Gobierno de Coalición que aliviará las cuentas de muchos usuarios y familias gallegas.

Sin embargo, desde nuestro grupo político creemos que hay que ir más allá: subvencionar a una multinacional como AUDASA con decenas de millones de euros hasta 2048 no es suficiente y no debería ser la solución definitiva al problema de la AP9, sino una solución provisional. Lo hemos dicho repetidamente en las últimas legislaturas, la AP9 debe ser gratuita, pública y gallega.

El tercer elemento, que sea gallega, se conseguirá previsiblemente este martes, cuando (por fin) y tras dos años con el Proyecto de Ley en el cajón debido al bloqueo del Partido Popular, se debata su transferencia a Galicia. Una demanda unánime de la ciudadanía gallega. ¿Qué se aprobará en un par de días? Que pase de depender del Estado a hacerlo de la Xunta de Galicia. Sin duda un primer paso necesario. Pero hay que avanzar hacia lo que debería ser el objetivo a medio plazo: su recuperación para lo público como infraestructura estratégica que la AP9 es para Galicia.

En un momento donde hay unanimidad social al respecto de lo imprescindible que es el refuerzo de lo público y que sectores como el energético, el bancario, el sanitario o el farmacéutico siendo estratégicos para la vida y la economía tienen que pasar por el filtro de lo público, una infraestructura como la AP9 tiene que ser también pública como, al fin y al cabo, la única solución real para que además de gallega, sea gratuita.

Cualquiera entiende, con los datos en la mano, que el coste de la autopista bajo el modelo privatizador que la caracteriza, se multiplica varias veces sobre el coste efectivo que tendría siendo su gestión enteramente pública. Según datos de la propia AUDASA, la construcción, conservación y explotación de la AP-9 ha supuesto una inversión en torno a los 1.434 millones de euros. Pues bien, su cifra de negocios hasta el año 2019 ha sido de 3.096,2, con unos beneficios netos en los últimos ejercicios que superan los 40 millones de euros anuales.

Con estas cifras resulta evidente que para conseguir que los dos primeros ingredientes que dan nombre a este artículo se puedan llevar a cabo es necesario rescatar la infraestructura de las manos privadas de una multinacional que ya ha hecho su agosto desde la primera concesión en 1973. Si queremos (y lo queremos) que sea gratuita, antes debe ser 100% pública.