Andalucía aprueba la pionera Ley de Memoria Democrática
En diciembre de 2007, tras un largo y complejo proceso en el Congreso, se aprobó la Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Es la que conocemos como Ley de Memoria Histórica. Casi una década después, con una crisis económica brutal de por medio y un cambio a la derecha en el Gobierno central, las asociaciones memorialistas coinciden en señalar que su aplicación no es ya la prioridad de nadie, que la norma fue un instrumento notable, un buen primer paso, pero que no traía bajo el brazo ni la verdad ni la justicia ni la reparación que se anhelaba.
Esta semana, pasado demasiado tiempo, el Parlamento andaluz ha ahondado en aquel espíritu y ha aprobado sin un solo voto en contra una nueva norma, la Ley de Memoria Democrática, una iniciativa presentada por Izquierda Unida ya en 2011 pero se quedó parada por las últimas elecciones regionales, tras la quiebra del acuerdo de Gobierno entre esta formación y los socialistas de la presidenta Susana Díaz. El texto ha contado con el apoyo de PSOE, IU y Podemos -que ha introducido enmiendas esenciales- y con la abstención de PP y Ciudadanos.
No sólo contenta a las asociaciones de víctimas, que por fin tendrán su comisión de la verdad, entre otras cosas; es que incluso los más conservadores la han visto suficientemente buena como para no oponerse a ella, aunque rechacen algún trazo fino. ¿Por qué? Porque ha habido consensos esenciales como el de asumir que todo el mundo tiene derecho a enterrar dignamente a ese familiar que tiene tirado bajo un camino o una cuneta.
Estas son las claves de un texto insólito en España, que abre "un tiempo nuevo" para que la sociedad sepa, aprenda y sane heridas, en palabras de la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, de cuyo departamento penden las competencias de memoria.
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ESTATUS DE VÍCTIMA
Se ampliará la condición de víctima de la Guerra Civil y el franquismo a colectivos como los familiares de represaliados, los niños robados, colectivos sometidos a especial persecución como los homosexuales, las mujeres vejadas -sometidas a purgas con aceite de ricino, rapadas al cero, a las que se les vetaba hasta el luto por sus familiares...- o prisioneros en campos de exterminio nazi en distintos puntos de Europa. Hasta ahora, la norma nacional habla básicamente de fusilados, guerrilleros, condenados o exiliados.
FOSAS Y EXHUMACIONES
Con la nueva ley, la Junta andaluza tendrá la obligación de personarse de oficio en todos los procesos de localización, exhumación e identificación de fosas. Se calcula que en la comunidad hay unos 60.000 desaparecidos -en toda España son 120.000 al menos, lo que hace de nuestro país el segundo con más desaparecidos del mundo, tras Camboya- y más de 600 enterramientos comunes, de los que ya se han exhumado más de un centenar, recuperando restos de 3.800 personas.
Además, se podrá expropiar temporalmente una propiedad privada para la exhumación si el dueño no está dispuesto a ayudar. Con esta decisión, el Gobierno regional se implica siguiendo un protocolo que recomienda hasta Naciones Unidas. No obstante, ahora ya los familiares no podrán actuar sin la supervisión institucional. Una cosa por la otra.
Todo el trabajo relacionado con las fosas se plasmará en sucesivos planes, con cuatro años de vigencia y de los que año a año hay que aportar un informe de gestión y evolución.
Este marco es alentador pero las asociaciones, así como IU y Podemos, insisten en que ahora hay que rellenarlo, es decir, dotarlo económicamente como es debido. La Junta promete intentarlo.
Además, la norma refuerza el régimen de protección legal de los espacios, enclaves, bienes muebles y documentos vinculados con la recuperación de la memoria histórica.
'COMISIÓN DE LA VERDAD'
La principal enmienda añadida a la ley en el trámite parlamentario ha sido la propuesta de Podemos de crear un grupo de trabajo independiente que, aunque no se llame así, se convierta en una especie de comisión de la verdad, a semejanza de las que han fructificado por ejemplo en América Latina (Perú, Colombia, Chile...), que tiene por objetivo contribuir al esclarecimiento global de las graves violaciones que se produjeron en Andalucía en esos años. "Si tiene pico de pájaro, plumas de pájaro y alas de pájaro, es un pájaro", decía gráficamente el parlamentario de la formación morada, Jesús de Manuel, al referirse a esta comisión que no se llama comisión pero es comisión.
Verdad, esto es, datos fiables, pero también reparación para las víctimas, es lo que debe salir de este foro. Para ello, se escucharán testimonios orales -es urgente, se van muriendo los testigos de aquel tiempo- y se analizará documentación para elaborar un informe. Sus valoraciones deben ser remitidas al Parlamento y a los defensores del pueblo (andaluz y estatal); el deseo es que, un siglo de estos, se cree una comisión similar en el Congreso a la que se puedan elevar estas conclusiones. "Se dan pasos para impulsar un debate a nivel estatal sobre caminos aún no explorados", como explicaba Antonio Maíllo, coordinador de IU en Andalucía.
La Junta también se compromete a crear el Instituto de la memoria, como un archivo documental, y se declara, en la línea de la reparación a las víctimas, un día de recuerdo y homenaje, fijado el 14 de junio, día de la primera exhumación pública en la comunidad, llevada a cabo en 2003 en Lecrín (Granada).
CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD QUE NUNCA CADUCAN
La norma estima que los delitos del franquismo son "crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad", basándose en las categorías que establece el Tribunal de Nuremberg. No prescriben, por tanto, nunca. Esto choca con la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977, una especie de borrón y cuenta nueva con el que tratar de pasar página, que el entonces Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), defendía al aprobar la norma estatal porque había que respetar el "espíritu de la Transición". Para ser coherentes, la Junta pedirá al gobierno derogar esa norma.
Este punto no gustaba a PP y Ciudadanos y es uno de los motivos, junto con la enseñanza de la memoria en las aulas, que les han llevado a la abstención, a no votar favorablemente la ley.Todos los grupos que han votado sí al articulado han dejado claro su reconocimiento a lo que aquel tiempo y aquel consenso común tuvo de bueno para que el país superase su etapa reciente más oscura.
El gabinete andaluz ahora estará facultado, además, para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, siguiendo el principio de justicia universal, defendido por ejemplo por el exjuez Baltasar Garzón y por el que la justicia argentina está investigando los crímenes de la guerra y la dictadura en España. También instará al Gobierno central a que declare la nulidad de los tribunales del franquismo y, por tanto, de sus fallos.
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FIN A LA SIMBOLOGÍA FASCISTA
Se establece la expresa prohibición de exhibición de símbolos fascistas, algo que ya estipulaba la norma estatal, pero yendo más allá: los ayuntamientos andaluces tendrán 18 meses de plazo -que empiezan a correr en junio- para retirar cualquier recuerdo que ensalce ese tiempo -estatuas, monumentos, dibujos, etcétera-. Quien no lo haga puede quedar fuera de las ayudas públicas.
Se obligará a todas las instituciones a eliminar igualmente cualquier resto fascista que pueda quedar.
La ley elimina las razones artísticas que la norma de Zapatero aún contemplaba y por la que se estaban salvando no pocos monumentos y homenajes a los fascista a lo largo y ancho de España. Sea una obra de arte de un gran autor, sea algo bello, será considerado indeseable y habrá de quitarse.
EDUCACIÓN Y MEMORIA
La memoria democrática ahora se incluirá, por ley, en los currículos educativos andaluces. No habrá una asignatura específica, pero estos contenidos estarán presentes en Primaria, Secundaria, Bachillerato y en la educación permanente de adultos, así como en las titulaciones universitarias en las que sea oportuno. Se impulsará, igualmente, la investigación científica y profesional de temas relacionados con la guerra civil y la dictadura posterior.
Tanto Ciudadanos como Podemos han sido muy críticos con este punto durante el trámite parlamentario, alertando de un hipotético sesgo ideológico a la hora de seleccionar las ideas que se van a trasladar. Junto con la "línea roja" de la Transición y su legado, ha sido un punto clave para su abstención, pese a su "condena enérgica" del franquismo o su "compromiso" con la búsqueda de fosas, por ejemplo, en lo que sus portavoces incidieron en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas.
TIEMPOS
La norma abarca un periodo más amplio que la nacional, que moría a orillas de la Transición. Ahora se investiga desde el inicio de la Segunda República hasta el 11 de enero de 1982. Una horquilla que abarca así las movilizaciones por la autonomía o el caso de una de las figuras más recordadas del andalucismo, el de Manuel José García Caparrós, asesinado durante la manifestación de la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977. Tenía 17 años. Su hermana estaba esta semana en el Parlamento, aplaudiendo la aprobación de la ley.
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Exposición "El ADN de la memoria"
