El futuro fiscal general del Estado planta cara a las "mentiras" e "insultos" de la oposición

Prueba superada para el futuro fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz se ha enfrentado al ‘juicio’ del Congreso en una comparecencia en la Comisión de Justicia que ha estado plagada de críticas de la oposición.

Sin achantarse, el hasta ahora ‘número 2’ de la dimitida Dolores Delgado por “motivos de salud”, ha denunciado ser víctima de los “insultos”, las “mentiras” y otras “expresiones difíciles de aceptar”, especialmente de la bancada de las derechas. PP, Vox y Ciudadanos han estimado que su proximidad a Delgado vicia de origen un nombramiento y lo hace no idóneo para el cargo, mientras que el PSOE y Podemos han avalado la candidatura propuesta por el Gobierno.

Polémica por su participación en un acto “con el logo del PSOE”

El portavoz del PP, Luis Santamaría, ha vaticinado de él que será el “encargado de rebajar la presión del fiscal en los procesos que afectan al independentismo para que la mayoría del Gobierno no se tambalee” y ha esgrimido la foto en la que García Ortiz aparece en un acto en Galicia organizado por la fundación del PSOE.

El futuro fiscal general ha asegurado que entiende que “moleste” al PP una foto “con el logotipo del PSOE”, pero ha afirmado que acudió al acto con autorización de la inspección fiscal, a la que pidió permiso, y ha defendido su derecho a la libertad de expresión. Ha hecho hincapié en que no cometió ninguna irregularidad y ha precisado que no era una acto del PSOE, sino de la Fundación Ideas.

Muchas de las críticas de la oposición se han basado en el voto particular firmado por siete vocales del sector conservador del CGPJ que se desmarcaron del dictamen favorable de ese organismo a su candidatura.

García Ortiz, que ha apuntado que ha dejado la Unión Progresista de Fiscales (UPF) tras ser propuesto para el puesto, ha cargado contra ellos recordando que su mandato está caducado y acusándolos de excederse en sus competencias con “expresiones difíciles de aceptar”. Unas personas que solo conocen su hoja de servicios “se han lanzado a buscar recortes de prensa para decir por qué no es idóneo” y le han sometido a un “tribunal de honor”, prohibido por la Constitución, sin darle audiencia o posibilidad de réplica, ha reprochado.

Ante las acusaciones de “seguidismo” a Delgado, “malvada” para parte de la Cámara, se ha preguntado si esa misma sospecha recae sobre los anteriores fiscales jefes de la Secretaría Técnica “por haber servido con lealtad al fiscal general que legítimamente” ocupaba el puesto.

García Ortiz ha agradecido el tono de los portavoces, pero no sin denunciar “insinuaciones, mentiras y falsedades”. Así, ha dejado claro que va a defenderse de imputaciones “falsas”: a través de la Abogacía del Estado va a ejercer acciones legales contra el diario ABC por decir que se reunió con el exbanquero que inició una investigación contra Mariano Rajoy en Andorra.

Sus retos inmediatos

El futuro fiscal general ha prometido que reforzará la autonomía individual de los fiscales y que luchará también para lograr más autonomía para el Ministerio Público.

Entre sus objetivos, ha afirmado que se mantendrá “firme” contra la “lacra” de la violencia machista y la trata de seres humanos, escuchará “siempre” a las víctimas y a la sociedad civil y fortalecerá el área de menores y la fiscalía antidroga. Especialista en medioambiente, ha apostado también por reforzar la persecución de quienes provocan incendios forestales.

Ante insinuaciones de los grupos independentistas y de Unidas Podemos, ha negado cualquier trato de favor al excomisario José Manuel Villarejo.

Críticas por la investigación del asesinato de Miguel Ángel Blanco

También ha salido al paso de las críticas que deslizaban que desde la Secretaría Técnica, órgano que ha dirigido dos años y medio, se habían dado indicaciones a la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la posible prescripción del crimen del edil del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, hace 25 años, perpetrado por ETA.

Una polémica que nació de las discrepancias entre el antiguo fiscal del caso y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, cuyos correos internos han sido difundidos de forma “interesada”, según García Ortiz.

Tras pedir respeto a las víctimas y negar tajantemente que se hayan dado “directrices de ningún tipo, ni mucho menos de carácter político”, ha anunciado que consultará el asunto con la Junta de Fiscales de Sala y resolverá “cuál es el criterio de la prescripción”.