¡Aleluya, la CRUE reflexiona…!

Los rectores de las cincuenta universidades públicas españolas se han reunido en Toledo el 5 y el 6 de este mes de febrero para reflexionar sobre la situación actual de los campus y sobre la tasa de paro entre sus graduados, la segunda más alta de la UE, además de la circunstancia de que el 37,6 % trabaja en puestos para los que no se necesita su titulación. “Ahora –decía El País– los rectores hacen autocritica y se plantean cambiar el modelo…”. 

Claro que eso de la autocrítica en algunos sectores funcionariales, corporativos y excesivamente sindicalizados, propios de la endogamia sistémica que se concibe como una suma de ‘derechos laborales’ en la universidad pública se suele interpretar sardónicamente como ‘critica de automóviles’. Y claro, no es eso. Y lo de la ‘reputación’, cada día un factor más importante para la conservación y la atracción del alumnado suele verse como una excentricidad. “¿Reputa qué?”,  preguntaba irónicamente un profesor guasón enfatizando lo de ‘puta’, que sin embargo estaba totalmente de acuerdo en seguir en este aspecto también el ejemplo de los centros europeos que tienen departamentos profesionalizados en cuestiones reputacionales. 

Hay más problemas, como la competencia ‘encarnizada’ de la nueva FP a la alemana, que cada día atrae a más estudiantes: sus prácticas en el tajo de la realidad les cualifican adecuadamente para las necesidades de muchas empresas, de tal manera que su tasa de empleabilidad es alta. Asimismo, las universidades privadas –hay muchas mediocres, pero algunas son buenas e incluso muy buenas– demuestran con su potente irrupción que la pública tiene flancos débiles. A nadie, ni a los ricos, les gusta gastarse dinero por lo que pueden conseguir casi gratis.

También los rectores han tratado del modelo de gobernanza, que hoy todos consideran desfasado, pese a que nunca se ha aplicado lealmente el establecido en la LRU y la LOU que, en realidad, se ha trampeado ignorando el papel y las funciones de supervisión y control económico, presupuestario y de  la calidad y eficiencia de los servicios por parte de los consejos sociales. 

En este sentido (y en alguno otro) la universidad pública española ha vivido en la zona de confort y autobombo de los márgenes difusos de la ley. 

Aparte de las amables declaraciones, la oferta de la CRUE sobre nueva gobernanza, la de pensamiento, palabra y obra, difiere en puntos fundamentales y europeístas con la de la Conferencia de Consejos Sociales. La del lobby de rectores ‘parece’ que también quiere un Consejo con capacidad para elegir al rector, pero… siempre que la cuota académica tenga mayoría, para mantener la primacía del ‘poder interno’, solo que con más competencias plenipotenciarias.

Otros temas tratados en Toledo, en este veranillo loco de febrero, han sido los recurrentes de la financiación, que habitualmente ha sido la causa de todos lo males habidos y por haber, sin asomo de autocrítica, y la flexibilidad para poder contratar profesorado. Todo muy moral y muy edificante, si no hubiera un cierto porcentaje de duda: hace muchos años que el discurso es el mismo, mientras con ciertas excepciones la universidad empeora, en términos generales (por ejemplo en eficiencia), a pesar de que un grupo reducido de investigadores y docentes mantiene casi en solitario el prestigio internacional del sistema público universitario español. Eso es una cosa, y otra que las universidades sean competitivas entre sí y con el exterior, y óptimamente eficientes, y no que su grado de ineficiencia, como ha detectado el Tribunal de Cuentas y muchas de sus ‘franquicias’ de control externo regionales sea muy, pero que muy preocupante.

Desde al menos 2004 el TdC viene recomendando la ‘urgente’ introducción de la contabilidad analítica en las UUPP, y no hay forma de conseguirlo. ¿Por incompetencia? Desde luego que no. La propia universidad los diseña para las empresas y las administraciones. ¿Cuál puede ser el motivo? Muchos opinan que no certificar el desbarajuste interno. Tampoco la mayoría de estos centros hace caso a otra recomendación: el control horario de los profesores en relación con las horas de clase y tutorías asignadas.

¿Cómo se puede justificar seriamente que hacen falta profesores, cuántos y en qué sitios, como un caso reciente suscitado por una protesta de alumnos porque no se les asignaban directores para los TFG (Trabajos Fin de Grado)  si no se tienen estos datos ciertos ni la diferencia entre los créditos de la carga docente disponible y la docencia efectivamente dada? Y si encima las horas de docencia obligatoria, en forma de créditos, pueden dividirse por dos y hasta por tres, según sea la presión y la temperatura y las ofertas de rebajas electorales.

El ajuste de las titulaciones a la realidad cambiante es otra demanda antigua de algunos círculos académicos. Pero hay una ‘pista’ que indica que es posible que más que un cambio a mejor lo que se intenta es un cambio a lo Gatopardo. Cambiar algo para que nada cambie. ¿Los planes de estudios se hacen para los alumnos o para la estabilidad del profesorado?

Una opinión que coincide con este interrogante es la del expresidente de la CRUE Segundo Piriz en una sesión del Consejo de Universidades en 2016, presidido por el entonces recién nombrado ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo. Es su intervención, y mirando a sus colegas, dijo: “señor ministro, no hagamos trampas jugando el solitario; que las nuevas titulaciones no sean la viejas con el nombre cambiado”.

Esa era, y sigue siendo, la tónica de muchas universidades. Cambiar un decadente grado de Topografía, con cuatro alumnos de nuevo ingreso y una quincena en los cuatro cursos, por ‘Geomática’ es gatopardismo puro. Si la norma dice que los grupos deben de ser de 50 como máximo y 25 como mínimo, todo lo demás es anormal. Frente a la tozudez de los números la respuesta suele ser la de que es una carrera ‘estratégica’. Si bien ese carácter estratégico ya lo cubre la topografía de FP… complementada con Internet y sus apps.

El profesor e ingeniero español Ángel Cabrera, nacido en Madrid en 1967, fue ‘fichado’ por la universidad George Mason de Virginia, con más de 35.000 estudiantes, y entre la mejores 200 del mundo. En una entrevista en El País (14 de marzo de 2016) ofrecía algunas claves de los males de la universidad española. “En España todo está súper regulado, y todos los profesores cobran lo mismo”; “pese a ser públicos no tengo límite salarial para contratar a un docente, el límite es el presupuesto y yo decido cómo lo gasto”; “en España yo no podría ser rector de la Complutense porque se hace a través de una elección interna. Aquí (en la GMU) es el Consejo de la Universidad el que decide. Está integrado por 16 miembros nombrados por el gobernador de Virginia…”, “en España existe el Consejo Social que es similar, pero no tiene prácticamente poder”; “al rector en España lo eligen los colegas, y si este emprende cambios drásticos no los vuelven a elegir…”.

El 14 de junio del año de la entrevista (2016) fue captado como presidente del Instituto Tecnológico de Georgia por la Junta de Regentes. Entre sus méritos figuraban algunos solemnemente desconocidos en España: bajo su rectorado en la George Mason “ha aumentado las matriculaciones, ha mejorado los resultados académicos de sus estudiantes, ha alcanzado el primer nivel de universidades de investigación, ha duplicado las contribuciones filantrópicas….” (España es este mundo… pero al revés).

Por la misma época un candidato a rector en una universidad del norte peninsular prometió en su programa que si era elegido pediría la ratificación del Consejo Social. Naturalmente, no fue elegido. Un profesor dijo que era una “extravagancia”... ¡que iba en contra! de la autonomía universitaria!. Manda carallo.

Y ése es un grave problema, que la autonomía de las universidades suele interpretarse desde dentro, desde el ombligo de la endogamia profesionalizada, más como ‘soberanía’ al modo Puigdemont, Torra, Junqueras & Cia. que como autonomía acotada y subordinada a las leyes.

Ya en 1989 el primer rector de la ULPGC en la inauguración del primer curso académico de esa universidad, nacida de una poderosa demostración de ‘poder social’, advertía sobre ello al recordar el prólogo de la LRU que establecía que la universidad pública no era de la comunidad universitaria sino de la sociedad que la mantiene.  “Autonomía no es soberanía”, se anticipó a los tiempos el profesor Rubio Royo. Pero su gozo, en un pozo, muy profundo.